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La arista original de caso Convenios tendrá una jornada clave este viernes cuando el tribunal decida si se continúa con la investigación o no. El exseremi Contreras hizo pública una carta donde apunta a una falta de objetividad por parte de la Fiscalía. Contreras dice que “se han ignorado pruebas”.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta comenzará la audiencia a las 8:30 y en ella se determinará el cierre o continuación de la investigación de la arista Democracia Viva del Caso Convenios.
La indagatoria, conducida por el fiscal Cristián Aguilar, lleva casi un año y cinco meses en curso y mantiene con principales imputados a Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de la región, Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación, y la concejala Paz Fuica, quienes están imputados por traspaso irregular de fondos públicos desde el Gobierno Regional a la disuelta fundación.
En este marco es que la defensa de Andrade, los abogados José Figueroa y Diego Sporman solicitaron una cautela de garantías a su favor: buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público copiarles el informe policial (sobre el cual se decretó el secreto) del vaciado del celular de Andrade, el que fue entregado voluntariamente.
Argumenta la defensa que dicho informe contendría información sobre actuaciones en la que participó voluntariamente el imputado. “El secreto no puede decretarse sobre actuaciones en que el imputado haya intervenido directamente, como es el caso del vaciado de su celular”, acusó su defensa en el texto ingresado.
La negativa a entregarles dicho informe, acusan los abogados, “lesiona gravemente el derecho de defensa de nuestro representado“.
En línea paralela el exseremi de Atacama acusó que “se ha omitido información e ignorado pruebas en lo que parece un blindaje hacia ciertas personas, tanto a nivel regional como a nivel nacional“.
La Tercera publicó una carta escrita por el imputado (actualmente en prisión preventiva), en donde acusó a Fiscalía de no buscar con verdadero brío el informe que señaló haber entregado a Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda, a autoridades de La Moneda, y que no se ha despejado sobre si ella advirtió de irregularidades al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi.
Asimismo, el imputado señaló que no se ha probado el tráfico de influencias en que habrían incurrido, ni tampoco el vínculo irregular con la diputada Catalina Pérez (expareja de Andrade, y hasta la semana pasada militante del Frente Amplio): “el fiscal no ha logrado establecer la supuesta implicancia de Catalina Pérez, y a cambio está sumando fraudes inexistentes”.
“La responsabilidad administrativa respecto de requisitos y condiciones contractuales me la atribuyen a mí con una intención dolosa que sirve para configurar el fraude, haciendo caso omiso a los informes de Contraloría que expresan claramente que acá había criterios nacionales del programa de Asentamientos Precarios y pareciera que hubiese blindaje sobre esos funcionarios”, señala también en la misiva, en la que agrega que las fundaciones hicieron las rendiciones que correspondían mientras se mantuvo en su cargo.
Andrés Bustos, su abogado, confirmó el punto de que no estaba en manos de Contreras la elección de las fundaciones con las que se realizaban los convenios. “A las Seremis de Vivienda les compete la celebración de convenios para materializar las transferencias a las entidades que ya han sido asignadas por el secretario ejecutivo del Programa de Campamentos y los directores de los Serviu regionales”, explicó.
“No es posible para el seremi celebrar estos convenios sin la autorización e intervención de los organismos responsables establecidos para cada etapa, es decir, el director de Serviu regional, el equipo técnico de Serviu regional, la comisión multidisciplinaria del nivel central, y el secretario ejecutivo del Programa Campamentos, quienes conforme a sus potestades autorizan las propuestas iniciales de inversión”.
