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Foto: AgenciaUNO
Trabajadores de call centers advierten pérdida de 32 mil empleos y piden reevaluar la iniciativa que pasó a segundo trámite. En el Senado no abordarán el proyecto antes de la “permisología”. Desde la Cámara de Diputados dicen que es momento para que empresas “reconviertan” esos puestos de trabajo.
Las quejas provenientes de usuarios molestos por las llamadas publicitarias no consentidas se han multiplicado considerablemente en los últimos años. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) cuenta con una herramienta que recibe reclamos “antispam”, pero esta no ha sido suficiente. Por ello, un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022 busca hacer frente al problema.
Sin embargo, al lento avance de la iniciativa se suma la preocupación de los sindicatos de las compañías de telecomunicaciones por el impacto que la norma podría tener en el mercado laboral.
Según datos del Sernac, de 2020 a 2023, se pasó de más de 84 mil solicitudes en su sistema “No molestar” a más de 1 millón 200 mil. Y el número sigue creciendo, de acuerdo al servicio, con un importante nivel de incumplimiento de las empresas respecto de la norma vigente. Para el diputado Gonzalo Winter (FA), impulsor de la iniciativa “No me llames” en el Congreso, son las empresas las que no deberían llamar, no los usuarios reclamar.
El proyecto del parlamentario frenteamplista, actualmente en segundo trámite, propone multas de más de 66 millones de pesos, de no existir “consentimiento expreso” para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores; además, se incluye regulación ante cobranzas.
La Comisión de Economía de la Cámara Alta, presidida por el senador del Partido Republicano Rojo Edwards, cuya colectividad se opuso al proyecto en la Cámara Baja, será la encargada de analizar el proyecto “pronto”. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para su discusión. Mientras tanto, trabajadores de las telecomunicaciones y call centers hacen un llamado al Ejecutivo a reconsiderar la ley.
La semana pasada, el sindicato de trabajadores de compañías de telecomunicaciones (Sincotel), junto con representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de los call centers, se reunió con un equipo del Ministerio del Trabajo para solicitar que el Gobierno reevalúe la pertinencia del proyecto. Advirtieron que la promulgación de la ley podría afectar a cerca de 32 mil trabajadores del sector de telecomunicaciones. Esto resulta especialmente preocupante, recalcaron los trabajadores, dada la necesidad de diseñar y facilitar incentivos para la generación de empleo.
En ello coincide la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien comentó que, pese a la caída de la tasa de desempleo reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el viernes pasado, “sin duda todavía tenemos mucha gente sin empleo”.
Carmen Miranda, representante de Sincotel, planteó que este proyecto de ley, junto con las recientes acciones del Sernac para limitar la televenta, “además de precarizar la oferta laboral, también puede limitar la libertad de los usuarios para elegir”. A su juicio, la iniciativa parlamentaria “discrimina a aquellos usuarios y adultos mayores que no se informan o adquieren servicios por canales online, y mantiene las cuotas de mercado existentes de las compañías de telecomunicaciones dominantes”.
Jorge Castillo, dirigente del sindicato de Entel PCS, y Keila Hervias, dirigente sindical de la compañía GTD, enfatizaron la necesidad de que el Ministerio de Trabajo pueda informar tanto a Sernac, Subtel y parlamentarios, “respecto del impacto de decisiones que podrían afectar negativamente no solo a los trabajadores, sino también a consumidores”.
Desde el Ministerio del Trabajo acordaron generar una reunión con la ministra Jara y los dirigentes sindicales durante la próxima semana. Se había acordado un encuentro con la secretaria de Estado la semana pasada, pero se suspendió. Desde la cartera señalaron a El Mostrador que primero van a recabar información respecto a la ley para, con más información, volver a hacer otra reunión con mayores antecedentes en la mano.
Al diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, a la que también pertenece el diputado Winter, le parece comprensible la preocupación de los trabajadores de call centers y del sector de telecomunicaciones ante la posible pérdida de empleos debido a la “ley antispam”. Sin embargo, consultado por El Mostrador, señaló que “lo fundamental aquí es que las empresas adapten sus prácticas para respetar la privacidad de las personas”.
El diputado Pino, militante de Partido Demócratas, sostuvo que nadie debería recibir llamadas reiteradas que interfieran con su tranquilidad. Por eso, cree que es el momento para que esas mismas empresas “reconviertan estos puestos de trabajo hacia un modelo en donde las llamadas sean consentidas por los clientes, enfocados en mejorar los servicios de atención telefónicos, en lugar de insistir con ofertas que terminan siendo invasivas”.
“Confío en que esta ley será una oportunidad para modernizar el sector, protegiendo tanto a los trabajadores como a los usuarios”, sentenció el parlamentario.
Cuando la ministra del Trabajo se refirió a las cifras entregadas por el INE respecto al mercado laboral, remarcó que tanto el sector público como el privado tienen que trabajar colaborativamente en la reducción del desempleo. En esa línea, manifestó que “es muy importante, en el marco de los anuncios hechos por el Presidente Gabriel Boric, el impulso a la inversión pública el próximo año, y el avance de los proyectos de permisología”
Este último punto es la prioridad para los senadores de la Comisión de Economía y la razón por la cual tampoco han podido estudiar en profundidad el tema de la ley “antispam”. Fuentes cercanas a la instancia parlamentaria afirman que hay voluntad para tramitarlo, pero eso no va a ocurrir antes de que se vea lo relativo a la permisología –la burocracia que se requiere para desarrollar un proyecto en Chile–.
El proyecto de ley de permisología, que se sigue tramitando en el Senado, también es una prioridad para el ministro de Economía, Nicolás Grau. “Si vamos a llegar a un consenso, lleguemos rápido, porque es un tema urgente. El Presidente nos pidió sacarlo en enero y, como vamos, no será así”, manifestó la semana pasada en Radio Duna.
El diputado Winter no ha respondido a los llamados de El Mostrador, pero ha expresado en varias ocasiones su molestia por la demora en la iniciativa de ley.
Ante las consultas de este medio, senadores respondieron que no se pronunciarán sobre el tema hasta que sea revisado por la comisión.
Se trata de dos mociones (boletines 15610 y 16041) refundidas y aprobadas en la Cámara Baja. La primera la presentó el diputado Winter y la suscriben Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Mercedes Bulnes (IND), Lorena Fries (FA), Javiera Morales (FA), Maite Orsini (FA) y Marcela Riquelme (FA).
La segunda, sobre cobranzas, la impulsó el diputado Héctor Ulloa (IND). La firman Jaime Araya (IND), Carlos Bianchi (IND), Raúl Soto (PPD), Cristián Tapia (IND), Mónica Arce (IND), Marta González (IND), Carolina Marzán (PPD), Helia Molina (PPD) y Camila Musante (IND).
El objetivo es resguardar a los consumidores de las llamadas publicitarias de los proveedores acerca de las cuales no han manifestado su consentimiento en recibirlas. Asimismo, hacer identificable estas comunicaciones, así como las de cobranzas extrajudiciales. Para sus fines, se modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
Durante su discusión en la Cámara de Diputados, la mayoría de las opiniones fue en apoyo al proyecto. Se observó que las llamadas publicitarias traspasaron todo umbral de tolerancia. De hecho, se informó que esta práctica abusiva se constata por las más de mil 300 millones de llamadas spam al año.
Se resaltó que los más cautivos son los adultos mayores, quienes, esperando por ejemplo una llamada del consultorio o desconociendo tecnologías de bloqueo, responden una y otra vez a sus teléfonos, afectando con ello su vida cotidiana y su tranquilidad.
Pero también hubo quienes alertaron que se deberían mantener otros canales de comunicación. Según plantearon, permitiría a las pymes tener estrategias de publicidad que hagan peso a las grandes compañías. Empero, en contraposición, otros señalaron que no son las pymes las que incurren en estas prácticas abusivas. “¿Quién ha recibido llamadas publicitarias de la panadería de la esquina?”, cuestionó un legislador.
A la hora de las votaciones, la idea de legislar se aprobó por 121 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Luego, en tres votaciones separadas se respaldó el articulado, permitiendo su paso al Senado en los mismos términos propuestos por la Comisión de Economía.
