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Foto: AgenciaUNO
El debate se retomó a nueve años del ingreso del proyecto, pero la falta de consenso se ha exacerbado por la acción judicial de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes contra una asesora de los senadores que iniciaron el proyecto, vinculada a pagos de la Cámara de Innovación Farmacéutica.
“Parálisis”: ese es el efecto que ha notado el senador Juan Luis Castro (PS) en el Ministerio de Salud (Minsal) ante la rehabilitación –con secuelas– del debate en la Comisión Mixta sobre la Ley de Fármacos II. El proyecto fue ingresado “a pabellón” en la Cámara en 2015 y, hace dos semanas, la instancia que reúne a senadores y diputados para discutir la iniciativa sesionó, fallidamente, por tercera vez en su historia.
A pesar de que esa sesión del pasado miércoles 13 de noviembre terminó siendo una reunión de comité entre senadores, se confirmó que tanto el Ministerio de Salud –que se ausentó de dicha reunión– como el Congreso –aunque los diputados tampoco estuvieron presentes ese día, debido a la tramitación del Presupuesto– coinciden en la necesidad de avanzar en esta materia. No obstante, el proyecto, que busca principalmente reducir el precio de los medicamentos en el país, sigue generando síntomas de desacuerdo. Esto, según el senador Castro, también sería la causa de la inmovilidad del Ejecutivo, debido al proceso de judicialización que atraviesa la iniciativa.
Se trata del caso de la abogada Andrea Martones, quien hasta 2022 asesoró ad honorem a algunos senadores de la legislatura anterior mientras revisaban la Ley de Fármacos II y que actualmente enfrenta una querella –presentada por la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes (AFFI), representada por el exfiscal Carlos Gajardo– por tráfico de influencias y posible cohecho, debido a que en paralelo a la discusión se revelaron pagos de laboratorios farmacéuticos.
El primer síntoma visible apareció el 17 de enero de 2022, cuando comenzó a circular en redes sociales la imagen de una factura por $16 millones emitida en junio de 2020 por Martones SpA, sociedad de Andrea Martones, por un servicio prestado a la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), gremio que reúne a grandes laboratorios nacionales e internacionales con presencia en Chile.
Ambas entidades, la AFFI y la CIF, son precisamente actores clave en los aspectos que la nueva ley busca regular. Por esta razón, era común ver a la abogada Andrea Martones durante las sesiones de la Comisión Mixta de Fármacos II. Su presencia se había vuelto una costumbre en las reuniones, ya que había asistido en calidad de asesora ad honorem en 23 de las 28 sesiones a petición de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC).
Además, la CIF, hoy presidida por Mónica Assef –gerenta general de la farmacéutica japonesa Takeda en Chile y que previamente lideró la operación del grupo farmacéutico europeo Sanofi por siete años, que también ha manifestado críticas al proyecto–, fue el gremio con el mayor número de audiencias solicitadas a través de la plataforma de Ley del Lobby tanto en la Cámara Baja (35) como en el Senado (9). Con los años, el lobby ha disminuido considerablemente, según los registros de ambas Cámaras parlamentarias.
Por su parte, el presidente de la AFFI, Héctor Rojas, también ha sido uno de los críticos desde el inicio del debate sobre la legislación que busca mejorar el acceso a los medicamentos. En los documentos contenidos en la tramitación de la ley, es posible revisar sus observaciones a las indicaciones que el Ejecutivo presentó en 2016.
Por ejemplo, se pronunció en desacuerdo con la entrega de demasiadas atribuciones al ISP. También se ha publicado un listado de acusaciones que él formuló a través de la prensa contra el senador Girardi, y afirmando que las farmacias independientes podrían desaparecer.
Consultado por el estado actual de la querella contra Martones, el exfiscal Carlos Gajardo, abogado de los querellantes (la AFFI), resaltó que la investigación –en curso– ha dado cuenta de importantes pagos de diversos laboratorios a una persona que a la vez fungía como asesora de los senadores de la oposición de la época, con un protagonismo importante en la tramitación del proyecto de Ley de Fármacos II. Ello –sentenció en declaraciones a El Mostrador– “por supuesto es de la máxima gravedad y debe investigarse profundamente para despejar cualquier duda respecto de cómo se tramitó la ley”.
Sobre los próximos pasos de la querella, Gajardo añadió escuetamente que “hay diligencias pendientes”. El último hito ocurrió en junio de este año, cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sobreseer a Andrea Martones, en una decisión unánime.
Consultado por El Mostrador, el exsenador Guido Girardi recordó que, en 2016, fue precisamente el presidente de la AFFI, Héctor Rojas, quien presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía por el delito de cohecho. En dicha ocasión, el fiscal Carlos Gajardo expuso información de contabilidad y pago de honorarios de las filiales en Chile de los laboratorios Merck Sharp & Dohme, Roche y GlaxoSmithKline.
El entonces legislador de la Comisión de Salud, para quien se está utilizando la judicialización para paralizar el proyecto, fue sobreseído en 2018. La Fiscalía revisó los libros contables de las farmacéuticas y no se estableció ningún medio de pago o trasferencia a los imputados o a terceros.
“Según la declaración también de esta agrupación de farmacia, precisamente los proyectos de Ley que habría intervenido el senador Girardi, que son objeto de la denuncia, estos sí fueron en directo perjuicio de la actividad farmacéutica, por ende no se da ninguno de los supuestos para establecer la supuesta existencia de un delito de cohecho, que hubiera recibido algún pago o benéfico económico, y por otra parte tampoco alguna actividad que haya ido en beneficio de parte del senador Giraldi o los denunciados en benéfico de las farmacéuticas, sino como se ha señalado en contra”, comunicó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
En dicha ocasión, la defensa de Girardi sostuvo que “los supuestos beneficiados con esta actividad denunciada, criticaban precisamente las actuaciones y proyecto de ley que iban en directo perjuicio de ellos”.
“En 2016, me acusaron a mí, al subsecretario de la época, Jaime Burrows, y al director del ISP, Álex Figueroa, de que estábamos pagados por los laboratorios. Y se hizo una investigación. Paradójicamente, nosotros éramos los que habíamos luchado con más fuerza contra los abusos. De hecho, yo fui el que en el 2008 presenté la denuncia por la colusión de las farmacias y que llevó a la investigación penal contra muchos de los ejecutivos que se habían coludido”, remarcó Girardi a este medio.
Hoy día, añadió el exsenador, “las mismas personas que nos denunciaron a nosotros para parar la ley en el 2016, ahora lo hacen nuevamente. Son los mismos que responden a los intereses de las cadenas o de algunas de las cadenas. Qué casualidad. Siempre, en el intento de que no haya ley, lo logran, y ahí está la ley”.
Por eso, Girardi llamó a los actuales parlamentarios a considerar el mérito de los artículos (receta por DCI, precio máximo industrial, entre otros) del proyecto, porque –sentenció– “ahí se van a dar cuenta de que nunca ha habido una propuesta de instrumentos tan potentes para lograr que en Chile se termine esta situación absolutamente distorsionada que tenemos”.
Para el exdirector (s) del Instituto de Salud Pública (2020-2023) y exjefe de la Agencia Nacional de Medicamentos (2020-2024), Heriberto García, la demora de la tramitación pasa más por “temas de priorización, de agenda política, ya que estos últimos cuatro años la agenda política ha sido sistema político, nueva Constitución, elecciones todos los años y además una pandemia”.
García, actual director de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, considera que el Gobierno podría anotar un punto a favor sacando adelante esta discusión. Sin embargo, enfatiza que el proyecto tiene demasiados temas complejos que requieren bastante análisis técnico, “no solo escuchar en las sesiones a asociaciones gremiales”.
“Quizás sea bueno que el Congreso encargue estudios independientes, pues un proyecto con tanto asunto no puede verse solo a nivel de fuerzas políticas, debe verse con todas las externalidades que existan, tanto positivas como negativas y eso requiere ser visto con objetividad técnica”, argumentó quien también fuera jefe del Departamento de Políticas Farmacéuticas, Prestadores de la Salud y Medicinas Complementarias del Ministerio de Salud durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
Según un reciente estudio de la UC, junto a la propia CIF, el 62% de los medicamentos se financia desde el bolsillo de los pacientes, a pesar del incremento sostenido del gasto de Chile en salud. De acuerdo con el sondeo, consignado por Diario Financiero, solo un 26% del gasto en medicamentos proviene de financiamiento público (que se desglosa en un 17% de aporte estatal y un 9% que viene de seguridad social pública) y un 9% de seguros privados, lo que se traduce en una mayor carga financiera para los pacientes.
El exsenador Girardi dijo tener confianza en los actuales miembros de la Comisión Mixta para que puedan resolver este problema. “Necesitamos generar consenso”, recalcó. No obstante, ante la posibilidad de que se inicie una Ley de Fármacos III, alertó que “si los mecanismos que no generan consenso son aquellos mismos que propuso la Fiscalía Nacional Económica –en los cuales se basa el proyecto–, entonces estamos en un problema”.
Para Girardi, el Ejecutivo debe ser más proactivo y poner la suma urgencia sobre la mesa, con el fin de evitar una nueva discusión que dure otros nueve años.
Desde el Ministerio de Salud, después que tanto la ministra Ximena Aguilera como sus asesores se ausentaran de la sesión del 13 de noviembre pasado, explicaron a este medio que no van a pronunciarse públicamente sobre el tema, hasta no tener conversaciones con los parlamentarios de la comisión. Al cierre de esta nota, ello no ha ocurrido.
“La ausencia del Minsal en la sesión de la Comisión Mixta de la Ley de Fármacos II es señal de desinterés político por un tema de alta preocupación ciudadana, como es el alto gasto de bolsillo en medicamentos, que constituye un serio problema social por falta de mejor regulación. Además, sin siquiera cumplir el compromiso de haber enviado su indicación sustitutiva durante esta legislatura. Por eso, estamos dispuestos a impulsar desde el Parlamento el Proyecto Fármacos III, ante la inacción del Ejecutivo”, reafirmó el senador Castro.
Quienes presenciaron la última reunión entre los senadores de la mixta, ya que esto no quedó registrado en la transmisión oficial del Senado, señalaron que uno de los asesores del Minsal se presentó después de que terminó la sesión, mientras que el otro se habría inhabilitado de la discusión. Se trataría de Jaime Junyent, quien fue asesor del otrora senador Rabindranath Quinteros (PS), durante la discusión del proyecto en 2022, uno de los legisladores asesorados por la investigada abogada Andrea Martones.
La Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) ha desestimado el conflicto de intereses que denunció la Asociación Gremial de Farmacias Independientes (AFFI). “Descartamos de plano y calificamos como absolutamente falsas las recientes publicaciones que indican la ejecución de un pago irregular desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica a la empresa Martones Spa o que este guarde alguna relación con proyectos de ley actuales o pasados en tramitación”, señalaron en 2022.
Ante la denuncia de pagos recibidos, la CIF respondió que “dicho pago corresponde al trabajo para el cual fue contratada la empresa Martones Spa que guarda única y exclusiva relación con el diseño del proyecto ‘La Ruta del Paciente’. El trabajo realizado por Martones Spa ha sido transparentado públicamente por Andrea Martones en las instancias en las que ha expuesto en el Congreso”, agregaron.
Hoy, ante las consultas de este medio, la vicepresidenta de la CIF, Mariela Formas, reitera que el proyecto de Ley de Fármacos II lleva más de ocho años en tramitación. A su juicio, es una iniciativa amplia y “resulta difícil creer que esté paralizado por una persona”. Mariela Formas, exsecretaria técnica del grupo de políticas públicas de Icare, sostuvo que el proyecto es de alta relevancia y aborda temas clave para la salud, más allá de los medicamentos.
No obstante, la ingeniera comercial lamenta el hecho de que –a su juicio– la iniciativa “no recoge plenamente su propósito original”, como la prohibición de la integración vertical de farmacias. Por tanto, como gremio, se comprometen a colaborar con las autoridades para avanzar, “ya sea en este proyecto u otro”.
La sesión de la Comisión Mixta de hace dos semanas fue una reunión de comité, y el tema, debido a la tramitación del Presupuesto Nacional, quedó para el próximo 4 de diciembre, aún a la espera de la voluntad del Ejecutivo. Para la próxima citación se solicitó una presentación del Colegio Médico, del Colegio de Químicos Farmacéuticos y de la Biblioteca o de la Secretaría del Congreso (para que haga una síntesis de los puntos pendientes). Además, se pidió que los asesores de cada uno de los parlamentarios miembros puedan trabajar en paralelo para revisar el proyecto.
La voluntad de los parlamentarios para retomar la congelada discusión está presente. El problema es que se requiere unanimidad para reabrir cualquier debate y al menos el senador Javier Macaya (UDI) señaló que para algunos de ellos sí está disponible, pero no para todos.
Uno de los ausentes en la mencionada reunión de comité fue el senador de la UDI Sergio Gahona, quien, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se hallaba acompañando a la ministra Maisa Rojas en una reunión bilateral con su par canadiense, Steven Guilbeault, en el marco de la COP29.
Consultado por su expectativa para el próximo miércoles, el senador Gahona remarcó que la Ley de Fármacos II tiene grandes consensos que permitirían a las personas bajar sus gastos en medicamentos, como la prescripción de remedios a través de genéricos. Lamentablemente, dijo, “temas como la fijación de precios jamás van a lograr un consenso transversal, y mientras algunos insistan en empujar esa agenda, será difícil destrabar la discusión”.
Añadió que “tenemos la disposición para reabrir y aprobar todas las normas que vayan en beneficio de la salud de los chilenos, pero eso implica que algunos abandonen ciertas pretensiones”.
Sobre el rol del Ejecutivo, al legislador de la UDI –también miembro de la Comisión de Salud del Senado– le parece que “el Minsal está sobrepasado entre la labor legislativa y de gestión de listas de espera. Se excusaron por la discusión del Presupuesto, pero hay que estar atentos a que lleguen a la sesión del 4 de diciembre”.
Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Andrés Celis (RN) planteó que el próximo miércoles van a definir que “si es que no hay unanimidad, no se abre ninguno de los temas, y se da por finalizado, y con esto me imagino que el Gobierno ahora tendrá la tranquilidad de poder presentar una ley que vaya dirigida a lo que el espíritu del proyecto originalmente tenía”.
A juicio del diputado Celis, denunciante en la querella de la AFFI contra la abogada Martones, el proyecto de Ley de Fármacos II “está totalmente desvirtuado”. Afirmó que “el peor error sería avanzar cuando hay una causa abierta”. El parlamentario aseveró que la iniciativa está “viciada” y no entraría ni siquiera a ver todo el contenido, por lo que sería partidario de un nuevo proyecto.
