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Foto: AgenciaUNO
Todos apuntan a la implementación de la Ley Corta. Ejecutivo y Legislativo se culpan mutuamente por las condiciones aprobadas. En paralelo, diputados del Frente Amplio y de Demócratas anunciaron proyectos por separado para reducir plazos de devolución y fijar montos mínimos.
Lo único concreto es la indignación de los afiliados por los montos —considerados una burla— en la devolución de cobros indebidos regulada por la implementación de la Ley Corta de Isapre, en algunos casos inferiores a $1.000 mensuales y distribuidos en cuotas de hasta 13 años. Mientras tanto, el Gobierno y el Congreso se culpan mutuamente por las condiciones establecidas en la normativa.
Ayer, los senadores de la Comisión de Salud, Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Juan Luis Castro (PS), pidieron al Gobierno asumir responsabilidades por el “chaucheo” y las “migajas” informadas por las Isapres. Citaron para la próxima semana al Superintendente de Salud, Víctor Torres, quien aprobó los planes de pago de las aseguradoras privadas, para que dé explicaciones.
La respuesta del Ejecutivo llegó este martes. La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), recordó que “los senadores, efectivamente de oposición, de Chile Vamos y Demócratas, en la comisión mixta solicitaron ampliar el plazo”.
“Ustedes saben”, añadió la portavoz de La Moneda en un punto de prensa, “la propuesta del Ejecutivo era distinta”. Sin embargo, añadió, “existía la necesidad de llegar a acuerdo y contar con los votos”. La ministra Vallejo reiteró que “incluso hay videos que dan cuenta de que tanto la mutualización, que nosotros no la permitimos porque significaba reducir la deuda, como la extensión de los plazos, son propuestas que fueron impulsadas, sostenidas y puestas como condición incluso de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas”.
Eso sí, sobre los votos a favor del oficialismo para aprobar la Ley Corta, Vallejo reconoció que “para poder sacar un proyecto de ley, necesitamos de los votos también de Chile Vamos. Y en esa discusión rechazamos la mutualización y se tuvo que considerar esa ampliación de plazo porque era condición para aprobar una ley corta que si no se tenía no se cumplía el fallo”.
Para cerrar, la titular de la Segegob declaró que “la verdad, la verdad es que la propuesta de extensión de los plazos fue sostenida, insistida, por los parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, que se manifestó en la comisión Mixta y fue la condición, o una de las condiciones, para que hubiese legislación. Eso implicó que el Ejecutivo, por la extensión del plazo, consideráramos una excepción para los adultos mayores y no afectar a las personas mayores”.
Posteriormente, el senador Sergio Gahona (UDI), también miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta, remarcó que la tramitación de la Ley Corta de Isapres fue llevada tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, pero —en línea con lo manifestado ayer por sus pares— criticó que que hubo una “sobregeneración de expectativas” con la devolución.
En conversación con radio Cooperativa, el senador Gahona resaltó que la citación al superintendente Víctor Torres a la comisión del Salud del Senado se da precisamente para que les explique “cuáles son las razones del Gobierno para autorizar que se pagara de esta manera y ahí veamos, con números sobre la mesa, si esto era viable de otra manera o efectivamente es posible buscar otra fórmula de devolución”.
En paralelo a la discusión entre el Gobierno y la Comisión de Salud del Senado, la bancada de Diputados del Frente Amplio, junto al Partido Comunista y el Partido Socialista, presentaron un proyecto de ley que busca modificar los pagos que las Isapres deben devolver a los usuarios.
La iniciativa busca reducir los tiempos de devolución de 13 a 5 años máximo, mientras que para personas entre los 65 y 79 años, el pago no podrá superar los 3 años de plazo. Además, establece que el pago mínimo de las cuotas deberá ser de 1 UF, cerca de $39.000 pesos.
“Hemos visto cómo las Isapres siguen abusando de los afiliados y también siguen generando un mecanismo que solamente piensa en sus utilidades. Es por eso que dado este amplio plazo que tiene la ley corta y dado también que desde la oposición hemos visto voces que están ahora disponibles a reducir el plazo para el pago, es que estamos presentando un proyecto de ley que va a reducir el plazo actual. No queremos ver más montos mínimos de 300 pesos para la suma total que pueden deber las Isapres, incluso llegar a 29 millones de pesos que le deben a algunos afiliados”, sostuvo la diputada Gael Yeomans (FA).
Adicionalmente al plan frenteamplista, a través de un oficio dirigido al Superintendente de Salud, Víctor Torres, el diputado Andrés Giordano solicitó una respuesta detallada sobre la implementación de la Ley Corta de Isapres. En dicho documento, el parlamentario pide aclarar si las aseguradoras están cumpliendo con el espíritu de la norma, particularmente si es justificable la existencia de planes de pago con un número excesivo de cuotas cuando los montos adeudados son bajos. Asimismo, solicitó un informe detallado sobre los mecanismos elegidos por las instituciones privadas para la devolución de lo cobrado en exceso, especificando cuántos planes de pago están asociados a excedentes, pronto pago o bonos de deuda transables en el mercado financiero.
Quienes también hicieron una propuesta frente a las criticadas devoluciones fueron los diputados del partido Demócratas. También mediante un proyecto de ley que modifica la ley corta de las Isapres, los parlamentarios igual buscan fijar un valor mínimo en las cuotas de devolución, establecido en 0,8 UF, lo que equivale a cerca de $30,000.
“Creemos que la ley corta de Isapres se aprobó de manera apresurada, en una indicación de la comisión mixta, y finalmente los montos de devolución para los cotizantes son irrisorios. Estos excedentes deben ser devueltos en cuotas mucho más altas, por lo que, mediante un proyecto de ley, hemos establecido en 0,8 UF la cuota mínima de devolución”, señaló la diputada y jefa de la bancada Demócrata, Joanna Pérez.
La diputada Pérez añadió: “Este proyecto también permitirá acortar el tiempo de la devolución, pero, por sobre todo, hemos incluido una exigencia en la ley para que no haya retiro de utilidades mientras no se paguen los excedentes. Esto permitirá que las Isapres aceleren la devolución, generando un pago mínimo que, al menos, garantice algo a los cotizantes y no sea una burla”.
Por su parte, el diputado Víctor Pino agregó: “El gobierno del Presidente Gabriel Boric debe asumir su responsabilidad en la situación de las Isapres, donde lamentablemente muchos usuarios están recibiendo, con suerte, 300 pesos como compensación. Esto nos parece realmente denigrante, y por ello, como bancada Demócrata, estamos solicitando al Presidente que, a través de un proyecto de ley, se establezca un piso mínimo de 0,8 UF”.
“Esta medida busca paliar en parte la grave situación que enfrentan los usuarios de las Isapres. Creemos que es necesario que el Ejecutivo se haga cargo de este proyecto para dar respuesta a las necesidades de las personas, y no siga siendo parte del problema en lugar de la solución”, sentenció Pino.
En medio del fuego cruzado, el Ministerio de Salud envió un texto de cuatro páginas a parlamentarios con recomendaciones de carácter comunicacional para enfrentar el malestar de usuarios por la devolución en cuotas de las Isapres. En la minuta, consignada por el medio Ex-Ante, se justifica la decisión del Gobierno de enviar una ley corta para cumplir el fallo de la Corte Suprema y evitar el quiebre del sistema de salud, pero recalca que la iniciativa fue aprobada por el Congreso.
En el documento se sostiene que “es fundamental que la ciudadanía comprenda que la Ley Corta buscó mantener la sostenibilidad del sistema de salud en Chile, lo que es esencial para garantizar el acceso a la salud de las personas afiliadas, ya que si las Isapres quiebran, éste no sólo sería un impacto para las personas afiliadas sino también para las clínicas, centros de salud privados y prestadores individuales donde se atiende además el 47% de personas afiliadas a Fonasa en nuestro país”.
Se agrega que “la quiebra de las Isapres provocaría una migración obligada de usuarios a Fonasa, quienes tendrían que atenderse entre hospitales públicos y prestadores privados, con menores coberturas. Impactando también a los actuales usuarios del Fonasa”.
