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Crédito: Agencia Uno
Dicho dictamen fue el primero impulsado por Dorothy Pérez en su calidad de contralora titular y trata sobre cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima”, es decir, la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó detener la aplicación del dictamen impulsado por la Contraloría General de la República -encabezada por Dorothy Pérez- sobre la “confianza legítima”, tras acoger una orden de no innovar pedida en un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana.
Dicho dictamen fue el primero impulsado por Pérez en su calidad de contralora titular y trata sobre cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima”, es decir, la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro. Si bien Contraloría había estimado que ese plazo eran dos años, la Corte Suprema ha dicho en reiterados fallos que en realidad son cinco.
Pérez, a través del dictamen, concluyó que no zanjará más dichas disputas y que deberán ser resueltas por los tribunales de justicia. Sin embargo, la decisión de Pérez generó rechazo en los gremios de los funcionarios públicos, quienes representados por la fundación Fuerza Ciudadana -representantes de dos funcionarios de La Cruz (Valparaíso)- interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, luego de ser desvinculados del municipio.
Según el recurso, el dictamen “afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones”.
“Sin embargo, pese a esta probable ilegalidad, tal como lo ha sostenido el ente contralor previo al dictamen recurrido, ahora sencillamente se excusa de conocer asuntos que por ley ha de conocer”, cuestiona.
Los ministros de la novena sala de la Corte -Antonio Ulloa, Jose P. Rodriguez y Abogado Integrante Jorge Gomez- resolvieron que mientras revisan el fondo del recurso, Contraloría deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, se lee en el fallo.
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