La jefa de la Dirección de Presupuestos será citada al Congreso para esclarecer el “error” al que apuntan gobernadores. La acusan de “retener” recursos y paralizar una serie de iniciativas en todo el país. El ministro de Hacienda afirmó que se han revisado cuentas fiscales “al revés y al derecho”.
El martes 3, en La Moneda, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) sostuvo una extensa reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar dos puntos críticos: su oposición al nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la implementación de un seremi para dicha cartera, pero también para alertar sobre una grave crisis financiera que enfrentan las regiones.
Según los gobernadores, esta situación se debe a la demora en el traspaso de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por la frenteamplista Javiera Martínez. Tal como se dio a conocer tras la reunión, todo se debería a “un error de cálculo” en los ingresos —que luego fue desmentido por Hacienda— por aproximadamente US$ 4.400 millones.
Parlamentarios de oposición afirman que ese “error” también comprometió el financiamiento de hospitales y municipios. No obstante, desde el oficialismo sostienen que esto “es una exageración y una mala lectura de la aprobación del presupuesto”.
Lo que sí es concreto es el reclamo de las regiones. Los gobernadores en ejercicio (período 2021-2024) denunciaron que sus administraciones enfrentan serios problemas de liquidez, endeudamiento con proveedores, y una parálisis en proyectos planificados para 2024.
La prensa regional se ha encargado de poner énfasis en esta situación. Según los gobernadores Rodrigo Díaz (Biobío) y Miguel Vargas (Atacama), la Dipres mantiene “retenidos” fondos desde septiembre, responsabilizando de ello directamente a Javiera Martínez.
Aunque el ministro de Hacienda, de cuya cartera depende la Dipres, niega que haya existido tal error, se gestionó una reunión ese mismo día entre los gobernadores regionales, la subsecretaria Heidi Berner y la propia Javiera Martínez en Teatinos 120, para abordar esta situación, que –según las máximas autoridades regionales– se ha prolongado por meses.
El miércoles, consultado por el tema, durante su llegada al Encuentro Anual de la Industria, el ministro Mario Marcel descartó un error de cálculo con la recaudación fiscal disponible para los gobiernos regionales. Aclaró que no estuvo presente en la mencionada reunión, pero puntualizó que “hemos revisado las cuentas fiscales al revés y al derecho en los últimos meses, así que no me parece que sea una aseveración que tenga alguna base”.
Asimismo, según el jefe de las arcas fiscales, quien tras el estallido del caso Convenios catalogó a Javiera Martínez como “probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido” –comparación en la que se incluyó a él mismo–, el déficit que presentan los gobiernos regionales se debe a controles de la Dirección de Presupuestos y a la baja ejecución presupuestaria de estos organismos.
El gobernador de la Región de Valparaíso y presidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, cuestionó el argumento que se les ha dado desde La Moneda respecto a que los ajustes “son necesarios producto de la operación renta”. Planteó que “las rebajas presupuestarias que ha realizado la Dipres afectan la autonomía financiera de los gobiernos regionales, y, por tanto, hoy día exigimos que se nos reponga la caja, para que los gobiernos regionales puedan responder a las obligaciones contraídas con organizaciones sociales y empresas que desarrollan obras en las regiones, porque decisiones de esta naturaleza afectan el bienestar y afectan la empleabilidad en nuestras respectivas regiones”.
Para el gobernador Mundaca, se trató de una decisión “arbitraria” y –a su juicio– la pregunta que subyace es la siguiente: ¿de quién son los recursos que aprueba la Ley de Presupuestos para el año calendario? Por eso, dijo que “debe establecerse un sistema que promueva realmente la autonomía financiera de los gobiernos regionales, similar al que tienen las municipalidades”.
La situación financiera de las regiones incluso ha motivado acciones legales. Según consigna la prensa regional, en el Biobío, el gobernador Rodrigo Díaz presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, denunciando una deuda de $38 mil millones y la ausencia de traspasos desde noviembre. En Coquimbo, el gobernador Darwin Ibacache calificó la situación como “insostenible”, debido a la falta de recursos para cumplir con obligaciones contractuales. En Los Lagos, la deuda de Dipres supera los $40 mil millones, según el diario El Llanquihue.
En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional del Biobío, sus integrantes, y de manera unánime, aprobaron la redacción de una carta de reclamo a la Dipres, la que será entregada por un grupo de 5 representantes de la corporación que se trasladarán hasta Santiago. Al respecto, el reelecto consejero y primera mayoría de la región, Leónidas Peña, argumentó la medida.
“Acordamos que una comisión se desplace a Santiago, al Ministerio del Interior, a entregar una carta de molestia de los consejeros y consejeras, ya que Dipres, el Gobierno Central, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, nos deben una cantidad de recursos enorme, que son 35 mil millones, y que eso va en desmedro de la calidad de vida de los habitantes de la región”, dijo.
Consultado por el inminente impacto en el empleo, añadió que “efectivamente es así, porque el Gobierno Regional, especialmente el de Biobío, llega donde el Gobierno Central no llega, y por esto tendremos faenas paradas, porque los recursos no están. Tenemos pymes que trabajan en esto y tampoco se les ha podido cancelar, porque los recursos no están”.
En tanto, su par Francisco Reyes, presidente de la Comisión de Presupuestos, comentó que “en esa instancia vemos proyectos que peligran su ejecución y el término de otras iniciativas. Proyectos que tienen que ver con infraestructura, que llegan a las comunas, a los sectores más humildes, a los que necesitan recursos nuestros, como en las islas, la cordillera, sectores rurales y a todas las provincias. Estamos preocupados, obviamente, porque vemos que si nos disminuyen los recursos y no llegan, estos proyectos o no se van a realizar o van a quedar a la mitad. Y eso es un daño a los vecinos y vecinas de la Región del Biobío”, subrayó.
Las reacciones al “error de cálculo” no se hicieron esperar. Desde el Congreso, el diputado Jaime Naranjo (exmilitante PS), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, resaltó que existen “versiones dispares”.
Consultado por El Mostrador, el parlamentario recalcó que “los gobernadores señalan una cosa y la Dipres otra”. Por eso –confirmó–, “hemos invitado a la directora (Javiera Martínez) a la Comisión de Hacienda para que nos clarifique la situación o qué es lo que realmente ha ocurrido”.
El diputado Naranjo señaló que, mientras no tengan la versión oficial, prefiere ser muy cuidadoso para abordar esta situación.
Desde la Comisión de Hacienda del Senado, el legislador José García Ruminot reveló que el lunes se reunirá con la Dirección de Presupuestos para abordar el tema. “Espero hacer claridad sobre lo ocurrido, sus efectos y formas de resolverlo”, comentó. Y, desde la misma instancia parlamentaria, el senador José Miguel Insulza (PS) señaló que “es bueno que se cite a las autoridades para saber lo que pasó”.
Endureciendo el tono de las críticas, los parlamentarios RN Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, también integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestaron su profunda preocupación tras conocerse los “errores de cálculo” de la Dipres.
“La advertencia fue clara desde hace meses: las proyecciones de ingresos del Gobierno eran irreales. El Consejo Fiscal Autónomo ya alertaba que el gasto no podía expandirse más allá del 1,6%, debido a la debilidad de los ingresos. Hoy vemos cómo estas malas decisiones comprometen el financiamiento de hospitales, municipios y gobiernos regionales”, criticó el diputado Sauerbaum.
Y agregó: “El Gobierno hizo caso omiso a nuestras observaciones, nos tildó de agoreros, pero ahora lamentablemente enfrentamos la cruda realidad: no se podrán cumplir los compromisos adquiridos en la Ley de Presupuestos. Es hora de sincerar la situación con los chilenos y evitar nuevas deudas que profundicen esta crisis económica”.
Cabe mencionar que, para el diputado Naranjo, apuntar también a una afectación del financiamiento de hospitales y municipios “es una exageración y una mala lectura de la aprobación del Presupuesto”. El llamado del exmilitante socialista es a “que no pase lo que pasó con las isapres y que ahora nadie sabe lo que aprueba”.
Por su parte, el diputado Mellado (RN) cuestionó duramente al Gobierno: “No hay plata. Esto lo sabían desde que discutimos el Presupuesto 2024. Advertimos que las proyecciones eran excesivamente optimistas, y ahora, con una economía estancada y una recaudación insuficiente, se ven obligados a pedir ayuda externa al FMI para ajustar sus cálculos. El Gobierno no está incentivando la economía, no genera empleo ni desarrollo, y persiste en su intención de subir impuestos, un error probado en el pasado”.
Por lo tanto, finalizó el parlamentario, “llamo al ministro a que no presente esa reforma tributaria que quiere subir impuestos, porque subir impuestos no significa más recaudación, si no, pregúntele a Michelle Bachelet 2014 cómo nos tiene estancados desde 2014 hasta la fecha, subiendo los impuestos innecesariamente y estancando al país”.