Cámara votará proyecto que busca pesquisar fondos con que se paga a abogados del crimen organizado

En las próximas semanas se espera que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pueda revisar el proyecto de ley que el jueves fue aprobado en forma unánime en la comisión de seguridad ciudadana, que tiene por objetivo “regular la actividad de los narcoabogados”, como lo explicó el diputado Jaime Araya (Ind/PPD), quien es autor de la moción.

Al respecto, el parlamentario destacó que colegas suyos de distintos sectores políticos concordaron en el proyecto y explicó que este “en lo sustancial impide el pago de dinero en efectivo de los valores que se cobran por servicios profesionales de defensa letrada a las personas que están imputadas por delitos de la Ley 20.000, es decir, narcotráfico”.

Sin embargo, tal como lo explicó El Mostrador, Araya confirmó que los integrantes de la comisión incorporaron también, a sugerencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a los abogados que defiendan a personas acusadas de asociación criminal y asociación delictiva, en casos de crimen organizado, así como a quienes defiendan a funcionarios públicos acusados de corrupción y a quienes representen a personas acusadas de delitos terroristas, a fin de evitar que dichas defensas no sean financiadas por dineros provenientes de alguna de esas familias de delitos.

“En esto nos parece que hemos generado un marco que establece un tratamiento distinto, esto no es negar el derecho a la defensa de nadie, no limitamos la libertad de defensa, sino que lo que estamos haciendo básicamente es establecer la obligación de pago mediante instrumentos trazables, como cheques, vale vistas, depósitos o transferencias electrónicas”, señaló.

Del mismo modo, el congresista por Antofagasta –quien dirigió el año pasado la comisión especial investigadora sobre crimen organizado en la zona norte– explicó que el nuevo cuerpo legal “también establece la obligación del abogado, una vez terminada la defensa, de acreditar los honorarios que fueron percibidos en el tribunal donde se prestaron los servicios”.

Eso no es lo único: “Además, se establece la obligación de reporte a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de esta actividad”. Así, si el proyecto se convierte en ley, los defensores de narcotraficantes, de organizaciones criminales y de personas acusadas de delitos terroristas quedarán incluidos dentro de la Ley de Lavado de Activos, como parte de las empresas o personas que están obligadas a informar movimientos sospechosos a la UAF, tal como sucede hoy con los bancos, el factoring, las casas de cambio, los casinos, las zonas francas, etc. 

En otras palabras, si un abogado detecta que su cliente tiene dineros que no puede justificar, estará obligado a enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF, entidad que, cabe recordar, fue creada a partir de la revelación de que en 1997 vivió durante varios meses en Chile el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (más conocido como “El Señor de los Cielos”) y que este efectuó millonarias operaciones financieras en el país, sin que nadie lo reportara, entre otras razones, porque no había una legislación que obligara a ello.

Cabe indicar que el proyecto de ley nació, entre otras cosas, por la ostentación de parte de distintos abogados de verdaderas fortunas en redes sociales (como lo evidencia la foto principal, que muestra al abogado Víctor Contreras, especializado en defender a traficantes de drogas), lo que demuestra el alto nivel de ingresos que obtienen de parte de ese tipo de representaciones, con dinero que se estima que, en la mayoría de los casos, proviene de la comisión de los mismos ilícitos que son defendidos en tribunales.

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El trámite

En ese sentido, el diputado Araya dijo que “nos parece que es una buena legislación y nosotros vamos a pedirle al Gobierno que pueda patrocinar este proyecto para que le dé urgencia, para que pueda tener mayor celeridad en la tramitación, porque es una herramienta muy necesaria, es un ladrillo más en esta construcción que estamos haciendo, un muro para impedir que el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo pongan en riesgo la democracia en nuestro país”. 

En función de ello, indicó que, si consiguen el patrocinio, el tema debería estar siendo visto próximamente en Sala, donde dijo que “tenemos una buena expectativa de contar con respaldo, porque todo el mundo entiende que estos son los problemas reales donde hay que hincar el diente. Yo creo que ha sido un tema que durante mucho tiempo habíamos mirado para el techo y creo que llegó el minuto de enfrentar con mucha decisión a quienes son muchas veces, algunos, parte de las estructuras criminales o se prestan para que estas estructuras criminales hagan lo que se les ocurra y hagan el daño que han generado en nuestro país”.

Cabe indicar que la iniciativa establece que, si los defensores no acreditan ante el tribunal respectivo los fondos con que se les paga, la sanción que enfrentarán será una suspensión de entre 6 a 12 meses. Por cierto, quedan exentos de todo lo anterior los abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública.

En todo caso, independientemente del consenso político, nadie duda que el trámite no será sencillo, debido a la oposición de distintas organizaciones gremiales de defensores que acudieron a la invitación de la comisión de seguridad ciudadana, quienes acusaron posibles vicios de constitucionalidad en el proyecto, por lo cual es muy probable que sea impugnado por medio del Tribunal Constitucional.

Además de Araya, participan de la autoría de la iniciativa Helia Molina, Camila Musante, Marta González, Carolina Marzán, Raúl Soto, Cristian Tapia y Héctor Ulloa, todos miembros de la bancada del PPD.