Con llegada del Servicio de Reinserción Juvenil al sur empieza cuenta atrás para el fin del Sename

El Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene fecha de caducidad, según lo establecido por ley: el 12 de enero de 2026. Ese día, según explica Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, quedará atrás un modelo de trabajo obsoleto y problemas de carácter estructural que, a su juicio, era más que necesario modificar.

Sin duda, las cicatrices que dejaron los casos que marcaron la antigua institucionalidad son imborrables. Por eso, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de una comisión especial para determinar la verdad de la vulneración de las víctimas del Sename. “Los abusos que sufrieron niños y niñas del Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente”, dijo el Mandatario en su última Cuenta Pública.

Pero la deuda del Estado con niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos, así como con aquellos jóvenes que han infringido la ley, trasciende al actual Gobierno. Dejar atrás el “estigma” asociado al Sename ha sido un reclamo constante hasta hoy.

Por ello, pasando por los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, la encargada del servicio de reinserción resalta que haya habido un apoyo político transversal hacia la división de labores.

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A partir del año 2015, la Política Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes permitió que el país avance hacia un Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sumado esto al surgimiento de la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, era necesario fortalecer y especializar el sistema de protección y de responsabilidad penal juvenil, que se encontraba radicado en el Sename.

Por un lado, el cuidado de jóvenes que no han infringido la ley quedó a cargo del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido también como Mejor Niñez), bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil asumió la responsabilidad de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales, de acuerdo con la Ley Penal Adolescente, aplicable a jóvenes de 14 a 17 años. Asimismo, este servicio se encarga de implementar programas de apoyo para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes.

Esas funciones las siguen desarrollando funcionarios del Sename –quienes se han manifestado de manera critica ante la implementación– hasta que entre en vigencia en todo el país el nuevo servicio, que actualmente está en implementación por macrozonas. La directora de la entidad estatal, frenteamplista y exsubsecretaria de la Niñez del actual Gobierno, reconoce que el Sename se hizo cargo de esta labor en el pasado, pero no había sido creado para eso. De ahí el inicio de una crisis que, pese a inherentes complejidades, está –asegura– por quedar atrás.

El 12 de enero de 2023 el Presidente Gabriel Boric nombró Rocío Faúndez como la primera directora nacional del servicio, tras un concurso público.

El próximo 12 de enero de 2025, el servicio de reinserción juvenil cumple un año en las cinco regiones del norte en donde comenzó, entre Arica y Parinacota y Coquimbo. Intentos de fuga, riñas, ataques a funcionarios y manifestaciones de los trabajadores han marcado la puesta en marcha del organismo. No obstante, reconociendo que no hay una sensación de triunfalismo, Rocío Faúndez sostiene que estos “eventos críticos” estaban de cierta forma contemplados en el proceso de implementación, debido a la lógica de gradualidad bajo la cual se está operando.

Ahora, el Gobierno prepara la llegada al sur del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. A las cinco regiones del norte se agregarán ocho regiones más, desde el Maule hasta Magallanes y la Antártica Chilena. Para el final queda lo más desafiante, es decir, la zona donde está concentrada la mayor cantidad de jóvenes: las regiones Metropolitana, de Valparaíso y O’Higgins. “Recién en ese momento deja de existir el Servicio Nacional de Menores”, puntualiza Faúndez.

En conversación con El Mostrador, la actual directora nacional del servicio reafirma que hasta este momento están coexistiendo los servicios a nivel nacional, porque “a medida que nosotros vamos a ir llegando a una zona, se va retirando el Sename”.

– Claramente, la decisión de comenzar la implementación por el norte no fue arbitraria. La situación de niños migrantes fue prioridad, ¿no?
-La ley sale del Congreso. Cuando es publicada, se toma la definición del orden. Y justamente si uno mira la discusión parlamentaria, lo que estuvo detrás de esa definición tiene que ver con partir por una zona donde estaba solo el 17% de los jóvenes. Por supuesto, no es una zona exenta de complejidades, pero la idea era partir con una parte del país donde se pudiera ir de a poco ejercitando el músculo organizacional para dar a las siguientes zonas, donde está el 25% de los jóvenes, mayor capacidad organizacional. Y que cuando afrontemos el desafío más grande, que es la zona central del país, ya tengamos la mayoría de los procesos instalados.

-Pero, pese a que también es competencia del Servicio de Protección, igualmente les compete esa complejidad…
-Sí, claro. Nosotros, a nivel nacional, cuando estemos en todo el país, tenemos alrededor de un 5% de jóvenes migrantes, pero en el norte el porcentaje es más alto, es alrededor de un 11% y hay algunas regiones donde entre los jóvenes que están privados de libertad llega hasta el 25%, aproximadamente.

Diría que los jóvenes migrantes representan un desafío importante para el servicio. No necesariamente porque los delitos que cometen sean cualitativamente distintos, pero más que nada porque muchas veces están solos en el país. No cuentan con redes familiares, con redes de apoyo, y muchas veces pueden haber ingresado al país cometiendo un delito. Por ejemplo, conduciendo un vehículo robado y toda su familia está en algún lugar de Bolivia, de Perú, o de otro país, y eso para el equipo supone desafíos importantes.

-¿Cómo cuáles?
-Porque para lograr que un joven tome la decisión de dar un cambio en su vida y abrazar las oportunidades que el servicio le entrega, los vínculos son súper importantes. Familiares, emocionales, referentes, pares. Y cuando un joven no tiene referentes en el país, el equipo despliega una serie de herramientas para asegurarse de que esos vínculos igual se mantengan.

Entonces, por ejemplo, que el joven se pueda contactar con su familia a través de Zoom o mecanismos que tenemos hoy día tecnológicos, que uno lo podría ver como un privilegio desde cierto punto de vista, aparte de ser un derecho, es un medio muy importante para lograr que ese joven se reinserte, lo que también nos permite invertir en seguridad.

-¿Por eso se empezó por el norte?
-Hacerlo bien con estos jóvenes, ofrecerles estudios, oportunidades. Por ejemplo, tuvimos una joven que fue una de las primeras de nuestra estrategia de acompañamiento por egreso. Es decir, ella terminó de cumplir su medida, nosotros la seguimos acompañando un tiempo, recibió una capacitación y ahora una minera del norte le ofreció financiarle una carrera de Educación Superior en Prevención de Riesgos. Estas oportunidades, para nosotros, es muy importante que la sociedad entienda que son una inversión en seguridad.

-¿Esto porque reconocen que el Estado les ha fallado?
-Incluso si uno no está de acuerdo con que estos jóvenes, por su trayectoria, merecen una segunda oportunidad, muchas veces la sociedad les ha fallado, el Estado les ha fallado, incluso si uno no piensa eso, pensar entonces que hacerlo bien con estos jóvenes implica tener menos peligro en las calles. De aquí a un par de años más, porque vamos a tener adolescentes que lograron encaminar su su trayectoria, su senda de vida, para nosotros es de la máxima importancia y así lo ha señalado el Presidente también.

El Presidente ha sido enfático en decir que, para tener un país más seguro, necesitamos persecución y toda la parte punitiva y policial. Necesitamos comunidades más cohesionadas para recuperar los espacios públicos para no dejarnos amedrentar y terminar encerrados en nuestras casas. Pero la tercera apuesta muy importante que el Estado tiene que hacer, y que se está haciendo actualmente, es por la reinserción.

Necesitamos creer que las personas que han cometido un delito, y particularmente los jóvenes que pueden estar recién entrando en una en una vida de compromiso con el crimen, necesitamos recuperarlo para la sociedad, no solo para sí mismo sino que para para tener una sociedad más justa.

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-Estamos hablando de jóvenes que han infringido la ley. En el norte, se ha hablado de fugas, riñas, agresiones a funcionarios, ¿cómo avanza el servicio en estas condiciones?
-Yo creo que no fueron fallas o imprevistos. Estaba como contemplado que el proceso de implementación tuviera esta lógica gradual, paulatina, y eso implica que la capacidad de la organización del servicio público iba avanzando al mismo tiempo en que ya estábamos presentes. Entonces, yo creo que una muy buena noticia para nosotros es que para el sur ya tenemos mucha más capacidad organizacional.

-En las manifestaciones de funcionarios se sostiene que no se cumplió con la dotación adecuada para el desarrollo institucional y no se respetaron los grados comprometidos. ¿Eso también se está subsanando?
-De partida, todas las jefaturas por ADP de la Dirección Nacional ya están con sus titulares. Entonces, ya tenemos todas las unidades de la Dirección Nacional en proceso de evaluación de funcionarios que se van a traspasar al servicio. Se está cumpliendo un poco el diseño que el Ministerio de Justicia tenía cuando elaboró la reforma, que era que esto va a ir ocurriendo de manera sostenible, pero sostenible quiere decir también que va avanzando de menos a más, a medida que el servicio se va a instalar.

-¿Eso quiere decir que el 2026 se termina con el llamado “estigma” del Sename?
-En el momento en el que ocurre un proceso de movilización, a partir de la implementación del norte, las cosas que se señalaba que estaban tarde, muchas de ellas, estaba contemplado que para ese momento todavía no estuvieran, que tiene que ver un poco con esta gradualidad que yo estaba comentando anteriormente. Ahora, yo creo que, para los funcionarios que se han traspasado, y también para nosotros, ha sido muy importante establecer que las fallas de Sename –y que son conocidas por toda la sociedad chilena– son fallas estructurales. No tenían que ver con que cada individuo que trabajaba en la institución fuera un individuo deficitario, por así decirlo.

-Sename no dio el ancho, entonces…
-Había cosas de la estructura que era necesario modificar y que nuestro servicio modifica. Entonces, por ejemplo, todos los organismos nacionales e internacionales señalaban que funcionar con subvención, que implica que a quienes ejecutan, los privados, yo les pago por joven atendido, es algo que generaba muchos problemas.

Era muy difícil exigir calidad. Porque lo que más importaba era la cantidad de jóvenes atendidos y, por lo tanto, como el monto de la subvención además no era suficiente para cubrir todo lo que se necesitaba, los organismos tenían súper claro que ellos también tenían que poner primero de su parte. Nosotros ahora les entregamos a los organismos privados que ejecutan nuestros programas dinero suficiente para cumplir con ciertos estándares de calidad y luego les podemos exigir esos estándares de calidad.

-¿Cómo así? Esa es una de las críticas que se ha hecho al Servicio de Protección (Mejor Niñez).
-Porque el pago ya no es por voucher, por joven atendido, que es como sigue funcionando el Servicio de Protección y como ha funcionado Sename históricamente. Yo creo que el estigma al que tú haces referencia es real, creo que había cuestiones fundamentales de carácter estructural en el servicio que era necesario modificar.

La ley estableció que los funcionarios se podían traspasar al nuevo servicio a través de un proceso de evaluación, pero también estableció la posibilidad de indemnizar y hay bastantes personas que optaron por indemnizarse, porque consideraron que ya habían cumplido un ciclo o porque no tenían interés de continuar en el nuevo servicio.

-Entendiendo las complejidades de tratar con jóvenes infractores de ley, ¿cómo se avanza si persisten fugas de niños y agresiones a funcionarios? No está de más recordar el caso de Lissette Villa.
-La evidencia nos indica que, en los sistemas de justicia juvenil en el mundo, ocurren lo que nosotros llamamos eventos críticos, que son eventos como los que tú has señalado, que ocurran riñas, que de pronto ocurran intentos de fuga o fugas consumadas. Lo más importante para nosotros como indicador es ir disminuyendo la cantidad de eventos críticos que ocurren, y lo que estamos viendo en el norte es que, gracias a que son más los funcionarios que hay hoy día y, por lo tanto, en cada casa donde vienen los jóvenes hay dos tutores en todo momento –y aquí ha bajado el ausentismo laboral que era algo que caracterizaba al Servicio Nacional de Menores, aquí hay menos rotación también de los equipos porque tienen un financiamiento más permanente, que era lo que yo mencionaba antes sobre compras públicas–, todo eso ha permitido que la cantidad de eventos críticos vaya a la baja.

-Hasta hace unos meses, manifestaciones de funcionarios indicaban lo contrario…
-Nosotros, ahora, al cerrar el primer año, vamos a generar un informe con datos cuantitativos, porque todo esto que menciono hasta ahora y que nosotros hemos visto como servicio, es que han ido bajando los eventos críticos. Y vamos a poder llevar esto a porcentajes, hacer la comparación de los años anteriores con Sename.

Para nosotros, es muy importante poder mostrar que, justamente, por la complejidad que tiene esta tarea, el indicador que se va a buscar no es que haya menos complejidad en los centros donde trabajamos con los jóvenes, porque los jóvenes que hoy día están privados de libertad son jóvenes de perfiles complicados. No es llegar a cero, es ir reduciendo lo más posible, y por supuesto que es velar por el bienestar y la seguridad de los jóvenes, pero también de los funcionarios que son los que día a día llevan a cabo el trabajo.

-En ese sentido, ¿ha habido una buena coordinación con el nuevo ministro y con tribunales?
-La señal que recibe el ministro Jaime Gajardo, que estaba al tanto de todo en la subsecretaría, y que nos ha transmitido él a nosotros, es que vamos a continuar con el trabajo. No nos vamos a dormir en los laureles. Además, es súper importante el trabajo con Tribunales, Ministerio Publico y la Defensoría Penal Pública, porque los programas que nosotros implementamos no son cualquier programa social. Un joven si llega al servicio es porque un tribunal decidió que, por haber estado involucrado en una transgresión a la ley, requería un programa para modificar su conducta delictiva y, por lo tanto, se hace un trabajo súper intenso con ellos.

-Se ha criticado la capacidad del Servicio de Protección, ¿la tendrá el de reinserción?
-Cada año, antes de partir en una zona del país, tenemos unas instancias donde nos reunimos estos tres actores, más el servicio, para hacer como una suerte de ensayo general, simulaciones de audiencia, de cómo va a funcionar el sistema con la nueva ley, con las nuevas lógicas. Ya tuvimos esa ronda de encuentro en el caso de la zona sur, y lo que tú vas percibiendo en estos espacios es que en el norte las cosas están avanzando.

Sin una sensación de triunfalismo, pero hay una sensación de que los cambios que trae el nuevo servicio, por ejemplo, que hoy día hay mediación penal juvenil, que hoy día se acompaña a los jóvenes una vez que terminan su medida o sanción, que hoy día el servicio pone a disposición de tribunales un informe técnico que le entrega al juez más información del joven para poder decidir una sanción que sea muy adecuada muy personalizada.

Lo que todos estos actores nos transmiten es que están viendo que esto en el norte está funcionando, está cogiendo un ritmo ya más habitual y yo creo que hay como buenas expectativas de lo que va a ser el comienzo ahora en el sur, a pesar de que son ocho regiones más, que son muchos más jóvenes. En el fondo, vamos avanzando en complejidad, pero se van instalando los procesos para poder acompañar esta complejidad.

-Entonces, ¿podemos decir que el “estigma” del Sename tiene fecha de caducidad?
-Cuando Chile creó una ley específica para adolescentes y un sistema de justicia propio, Sename se hizo cargo, pero no había sido creado para eso. Entonces, estaba pendiente para el Estado de Chile separar estas dos tareas en dos servicios con más capacidad, con más recursos. Que la tarea de protección fuera de Desarrollo Social, que es el ministerio que en Chile se encarga de estas labores y la creación de este nuevo servicio. Creemos que el estigma al que tú haces referencia es algo que los mismos hechos van a ir de a poco borrando, en el sentido de que el nuevo servicio va a poder ir demostrando, y en el norte ya lo está haciendo, que este es un servicio que está avanzando en la dirección correcta, que cuando estemos presentes en todo el país, todas esas capacidades que la ley nos da ya van a estar en su máxima expresión.

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-¿Se puede afirmar aquello solo con la instalación en el norte?
-Hoy día, todavía estamos avanzando, pero vamos encaminados en la dirección correcta y lo más importante de todo es que vamos a tener más capacidades para darles oportunidades a estos jóvenes. La reinserción requiere una decisión personal y esa no la puede sustituir nadie y es la decisión del joven que dice ‘sí, yo quiero darle un vuelco a mi vida’, pero si el joven toma esa decisión y del otro lado no hay un acompañamiento, no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades de educación, vamos a estar fracasando.

Ahí la tarea más desafiante la tiene este servicio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero el conjunto de la sociedad, los privados que pueden entregar trabajos, las universidades que pueden entregar cupos, las instituciones públicas que pueden contribuir, todos somos los que vamos a permitir que esta historia cambie.

-Entonces, más allá de lo técnico, el 12 de enero de 2026, ¿qué es lo que finalmente queda atrás?
-Yo diría que queda atrás un modo de trabajo con los privados que estaba obsoleto, que era el modo de trabajo de subvención que implicaba que el Estado solo auxiliaba, pero que la principal responsabilidad la tenían los privados, eso queda atrás.

Queda atrás la lógica de que la reinserción o el trabajo con jóvenes que han cometido un delito es responsabilidad de un solo servicio y el resto de las instituciones solo ayuda, porque estamos dejando atrás esa lógica, porque hoy día se entiende que todas las instituciones tienen un rol y una responsabilidad que incluso es exigible por ley.

Y queda atrás algo que la evidencia también nos indicaba, y que era un problema: que era que el joven termina su medida o su sanción, se va a la calle por decirlo así, entre comillas, o vuelve a su vida habitual y ya no le podemos dar más apoyo.

-¿Qué cambia, finalmente?
-Le dejábamos solo, en un momento que era quizá el más crítico, que son los primeros seis meses donde se enfrenta al mundo real y tenía que ver si esa decisión que tomó la puede llevar a cabo. Ahora, somos un servicio que sigue acompañando a los jóvenes y esa es una de las apuestas que está ya demostrando dar fruto. Por lo tanto, es otra lógica que podemos decir que queda atrás.

Todas estas características, eran características de cómo funcionaba el Servicio Nacional de Menores, pero eran estructurales. Yo vuelvo a esa idea, tenían que ver con cómo estaba estructurado y diseñado ese servicio y ahora la estructura de este nuevo servicio nos permite hacer las cosas de una manera distinta.

La directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil también deposita sus esperanzas en el decreto que autoriza la creación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032. El decreto fue firmado por distintas carteras del Estado, y busca garantizar también el acceso a la educación, la vivienda, una alimentación adecuada, y el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

“Yo no me olvido de la tremenda deuda que tenemos con los niños que están bajo protección del Estado, que han sufrido abusos, ninguneos y todavía siguen sufriendo en muchas ocasiones”, manifestó el Presidente Gabriel Boric en agosto de este año.