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Foto: AgenciaUNO
Pese a la postura del Gobierno, diputados comunistas y frenteamplistas rechazaron la incorporación de la herramienta IMSI Catcher en las interceptaciones de telecomunicaciones en investigaciones de delitos terroristas. La ministra Tohá defendió la tecnología, calificándola de “adecuada”.
La Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto conocido como Ley Antiterrorista, que establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, tras aprobar el informe de la comisión mixta.
La nueva normativa sanciona la asociación terrorista y establece delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista.
El texto es parte de la agenda de seguridad y es una iniciativa que suma un mensaje refundido con cuatro mociones de senadores. Se aprobó con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.
El informe de la comisión mixta resolvió dos puntos de discrepancia pendientes entre la Cámara y el Senado: incorporación de medidas de interceptación de comunicaciones y el cambio excepcional de jurisdicción de una causa, en situaciones de alta connotación. Con esta aprobación, el texto quedó en condiciones de ser promulgado por el Presidente de la República.
El primer punto, no obstante, genera anticuerpos en el Partido Comunista y el Frente Amplio, desde donde adelantaron que ya preparan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por el alcance del sistema de rastreo.
Así lo confirmó la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC). Desde el Congreso, dijo que el proyecto de ley “sí o sí tiene que ir al TC, porque contiene normas de ley orgánica constitucional que requieren de revisión preventiva”.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA), integrante de la comisión mixta que tramitó la nueva Ley Antiterrorista, detalló: “Queríamos que eso (IMSI catcher) se acotara. No lo logramos y lo que hicimos fue explicitar esa duda que tenemos y ojalá podamos contar con suficientes votos (firmas) para tener una certeza, certeza que quisiéramos pedirle al Tribunal Constitucional”.
O sea, añadió la parlamentaria frenteamplista, “para nosotros sería lo óptimo (recurrir al TC), porque el proyecto de todas maneras va a ir al Tribunal Constitucional justamente por esta otra norma de la regla de competencia que hace que juicios que se pudieran producir en contextos terroristas se realicen en Santiago“.
Para eso tienen que juntar los votos (firmas) y ahora van a ver cuántos pueden conseguir para resolver esa incerteza. “Todos estamos contentos con la Ley Antiterrorista. Si pudiéramos despejar este punto estaríamos todos igual de alegres con lo que hemos logrado”, complementó la diputada Fries.
El despacho fue destacado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien enfatizó que esta ley tiene su fin en la persecución de organizaciones terroristas y el terrorismo individual.
En específico, en el caso de la interceptación, la comisión mixta recogió, mayoritariamente, la disposición aprobada en la Cámara. Esta dispone -en su artículo 19- que en la investigación de delitos regidos por esta ley, a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la intervención de una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles.
Esta interceptación también podrá ser solicitada en casos de delitos vinculados a las leyes sobre tráfico de drogas, control de armas y asociación ilícita. Esto, mediante el uso de tecnologías que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones u otras tecnologías similares para monitorear las direcciones IP, georreferenciación o localización de dispositivos.
Los registros obtenidos que sean impertinentes o irrelevantes para la investigación deberán ser eliminados de todo registro. Asimismo, la comisión mixta precisó que el Fiscal Nacional dispondrá los procedimientos de almacenamiento, conservación y destrucción segura de los registros obtenidos.
Por último, el uso indebido de esta facultad dará lugar a responsabilidades disciplinarias, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.
En este contexto, hace algunas semanas desde la bancada del Partido Comunista ya habían advertido que recurrirían al Tribunal Constitucional en relación con esta indicación.
La ministra Tohá se distanció de las declaraciones comunistas y afirmó que “el Ejecutivo cree que la forma en que quedó resuelta la aplicación del Imsi-Catcher en esta ley es adecuada. Partió con una definición extremadamente laxa, que generaba muchos riesgos, porque no se había puesto ante todas las posibilidades de un uso inadecuado o de afectación de terceros que no tuvieran participación en los hechos. Pero la fórmula que se dio en la Cámara de Diputados, que en definitiva fue la que se dejó en la comisión mixta, restringió esto”.
El segundo punto resuelto son las normas de competencia. En este caso, la propuesta recoge la norma aprobada por el Senado (y luego eliminada por la Cámara). En ella se define, finalmente, que tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado podrán solicitar el cambio de competencia del tribunal.
Esto en delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad. Y, siempre que el cambio se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado.
El cambio se podrá solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema. En ella se solicitará que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones
de Santiago.
El debate en Sala se centró en la incorporación de la herramienta denominada IMSI Catcher en las interceptaciones de telecomunicaciones en las investigaciones de delitos terroristas.
Para algunos, este sistema es positivo y eficaz para combatir el terrorismo. Además, se destacó que quedó claramente restringido, en los trámites en la Cámara y respaldados ahora en la comisión mixta, que su uso es solo para la obtención de datos de geolocalización e individualización del dispositivo electrónico y, en ningún caso, al contenido de las comunicaciones.
A favor de esta ley, además, se enfatizó que es una potente señal aumentar las penalidades -con hasta cadena perpetua- para sancionar los delitos terroristas.
“Estamos muy satisfechos por la aprobación del proyecto que presenté y que hoy será Ley Antiterrorista en nuestro país. Fue un trabajo arduo en la Comisión de Seguridad que integro en el Senado y también en la Comisión Mixta, donde quedó demostrado que el trabajo en unidad por los problemas y preocupaciones de la gente como es la seguridad, es posible. Por lo que seguiremos trabajando en esa misma perspectiva, por otros temas que reclama nuestra gente, como las pensiones, la salud y el trabajo, entre otras materias”, dijo la senadora del Maule y autora del proyecto, Paulina Vodanovic (PS).
Desde la bancada PC, valoraron en general la nueva ley antiterrorista que, recalcaron, reemplaza una norma utilizada en dictadura para perseguir a los opositores. No obstante, su crítica apuntó a la inclusión en la comisión mixta del citado IMSI Catcher, porque afecta a personas que no tienen vinculación con los delitos investigados. Eso, añadió en específico la diputada Alejandra Placencia (PC), es una amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y su inviolabilidad en forma arbitraria.
Hubo nueve diputados del Partido Comunista que rechazaron la iniciativa, tres del Frente Amplio y dos diputados del Partido Socialista (Juan Santana y Emilia Nuyado). Mientras que hubo 12 frenteamplistas que se abstuvieron, además del diputado Daniel Melo (PS).
“Hoy día, después de mucho esperar, de muchos años, finalmente nuestro país va a contar con una ley antiterrorista moderna, que cumple las expectativas de quienes sufren los atentados terroristas en nuestro país, del crimen organizado y del narcotráfico”. Así lo destacó el diputado Andrés Longton (RN), miembro de la Comisión de Seguridad, quien subrayó la importancia de este avance legislativo.
Sin embargo, realizó un enfático llamado al Presidente Gabriel Boric: “El llamado es al Presidente de la República, que una vez más no estuvo a la altura para poder ordenar a su coalición. El Partido Comunista y el Frente Amplio una vez más no se ponen del lado de las víctimas, pero sí de los victimarios, votando en contra de la ley antiterrorista”.
El diputado Longton aseguró que esta situación evidencia un problema en la coalición oficialista en temas de seguridad, donde los sesgos ideológicos terminan imponiéndose. “La impunidad se termina instalando en nuestro país cuando tenemos un sector político que representa al Presidente de la República, que termina no solamente obstruyendo, sino que votando en contra de proyectos tan importantes para nuestro país”, concluyó.
