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Gobernadores y legisladores insisten en que, con la llegada de seremis de Seguridad, habrá una triplicación de funciones y presupuesto insuficiente. La relación entre autoridades electas y Ejecutivo se ha deteriorado. Mientras, no son pocos los delegados que han salido de cara a las parlamentarias.
Era el punto número 38 del programa con el que Gabriel Boric resultó electo como Presidente de la República en 2021. “Descentralización sin letra chica” se llamaba y prometía eliminar la figura del delegado presidencial “por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores regionales”. En octubre pasado ocurrió la segunda elección de estos últimos y dicha promesa sigue sin ser cumplida. De hecho, el Gobierno, ad portas de su último año de mandato, echó pie atrás a esta idea.
Las figuras del gobernador regional y del delegado presidencial fueron creadas por una reforma constitucional en el año 2017, que dividió el cargo de intendente, manteniendo al primero designado por el Mandatario de turno y al segundo siendo elegido vía sufragio universal.
Fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo, en julio de este año, en el Tercer Congreso de Descentralización, que “administrando el Gobierno se llegó a la conclusión que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea”, porque “el Gobierno iba a quedar sin orientación”, especialmente, en materia de seguridad y orden público.
Pero luego vino la creación del Ministerio de Seguridad Pública –despachado a ley por el Congreso–, que tendrá secretarías ministeriales en cada región, lo que reavivó las críticas de gobernadores y parlamentarios que apuntaron a un retroceso en materia de descentralización. La ministra Tohá tuvo que salir nuevamente al paso, negando que la nueva cartera vaya en desmedro de aquello.
Las autoridades regionales electas ya hablan de una promesa incumplida, a lo que se suman reclamos sobre su presupuesto y un inédito movimiento de piezas en el tablero de los delegados.
Algunos de los delegados han renunciado y, como si se tratara de un barco que se hunde –o al menos naufraga–, han decidido saltar y presentar candidaturas para las elecciones parlamentarias del próximo año. Otros se han visto envueltos en rencillas políticas. Un claro ejemplo es el caso del delegado presidencial provincial de Malleco, en La Araucanía, quien duró solo una noche en el cargo y terminó involucrado en una disputa entre el PS y el PPD.
Si bien los más críticos han sido los gobernadores regionales, con dichos como los de Claudio Orrego (RM) sentenciando que la eliminación de los delegados “va a ser una de las deudas del Gobierno del Presidente Boric”, o los de Rodrigo Mundaca (Valparaíso y presidente de Agorechi) apuntando a un “menoscabo”, los reparos también provienen del propio oficialismo.
El senador Esteban Velásquez, militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e integrante de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, ha planteado que “una discusión de fondo, descentralizadora, sin dudas era el fin a los delegados regionales, tal como están concebidos hoy”.
Consultado por El Mostrador, el legislador, que en 2021, cuando era diputado, presentó un proyecto para eliminar la figura del delegado, declaró que la continuidad o no del cargo “permitiría revisar cuál debe ser hoy el rol del delegado con regiones que caminan a la autonomía política, fiscal y administrativa”.
El senador Velásquez apuntó a una “ausencia de discusión el Gobierno”, lo que a su juicio “solo eterniza la incertidumbre de la constante dependencia del poder político central, que hasta ahora también colabora con sostener desigualdades en los diversos territorios”. En este sentido, fustigó, “el Gobierno ha escondido la cabeza y no ha sido claro en su propuesta descentralizadora, que, al parecer, ha olvidado”.
Quien también integra la comisión de Gobierno es la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, que en declaraciones a la prensa ha reconocido que el Presidente Boric no ha cumplido su promesa, manteniendo restringidas las funciones del gobernador.
Lo mismo ha señalado el presidente de la mencionada instancia parlamentaria. El senador Manuel José Ossandón (RN) dijo a El Mostrador que “cuando en una campaña se plantea eliminar un puesto y después, al revés, se potencia, es una contradicción inmensa”.
En su opinión, “era de sentido común que los delegados presidenciales no se podrían eliminar en un sistema presidencialista, porque en el fondo se le está entregando poder en las regiones a una persona que puede ser de otro sector político, adversario”.
En palabras del senador Ossandón, “claramente los gobernadores y los delegados presidenciales quedaron como un engendro muy extraño”. Eso sí, sostuvo que “hay que buscar cómo arreglarlo, porque hay muchas complicaciones en el desarrollo de un proyecto ciudad, de un proyecto región, con estos dos puestos que están bien mal diseñados”.
Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, Rubén Oyarzo (Ind), expresó que, lamentablemente, “el Gobierno incumple una de las promesas que realizó en campaña”. El cargo de delegado presidencial, según el diputado Oyarzo, “está duplicado con el Gobierno Regional, con el gobernador”. Por eso le llama mucho la atención “que no se fortalezca al gobernador regional y que además le pongan un seremi del Ministerio de Seguridad”.
Asimismo, al parlamentario también le llama la atención que hoy día existan cambios de delegados presidenciales –según dijo a este medio– “como premio de consuelo” para quienes son o fueron candidatos que perdieron elecciones. “Yo creo que el Presidente tiene que cumplir su promesa de eliminar el cargo de delegado presidencial y dar más fortalecimiento a las regiones con el gobernador regional. Y se supone que es un Gobierno descentralizador. No lo estamos viendo”, declaró.
Uno de los protagonistas de esta historia es José Montalva, otrora delegado presidencial de La Araucanía. Su salida se confirmó junto a la de la delegada provincial de Malleco, Andrea Parra, y la de sus pares del Biobío, Daniela Dresdner, y de Valparaíso, Sofía González. La fecha fue clave. Ocurrió el mismo día en que finalizaba el plazo para renunciar y poder postular a un cargo de elección popular el próximo año.
Consultado por El Mostrador, Montalva, exmilitante del PPD, remarcó que hoy día uno de los desafíos más grandes que tiene la política y que tiene el Estado es enfrentar la inseguridad en el país. Y para eso, dijo, “es importante que se mantenga el poder centralizado en las decisiones de Estado”. En esta materia, quien fuera gobernador provincial de Cautín entre 2014 y 2016, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, afirmó que “no sería bueno innovar y tener, en el caso de darles esa atribución a los gobernadores, 16 opiniones al respecto”.
Ahora bien, dicho eso, el ahora exdelegado presidencial plantea que al mismo tiempo uno de los grandes desafíos que tiene el país es crecer económicamente. En esa línea, añadió, “sí es importante descentralizar algunas decisiones que se hagan cargo de los territorios”. Por ende, según Montalva, “es importante mantener la centralidad en las decisiones de seguridad y descentralizar las decisiones respecto al fomento productivo y al diseñar la matriz de desarrollo de cada territorio”.
Reiterando su enfoque, concluyó, “hay que fortalecer a los gobernadores, pero en materia de seguridad es importante mantener centralizadas las decisiones de Estado”.
Los gobiernos regionales se desplegaron durante la semana pasada reclamando que el Ejecutivo, específicamente la Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por la frenteamplista Javiera Martínez, no les estaba traspasando recursos, lo que estaba afectando su autonomía financiera y el pago a sus proveedores. La falta de recursos la atribuyeron a los menores ingresos que iba a tener el fisco.
Si bien desde el Ejecutivo han desestimado que el recorte de gasto explique atrasos en la ejecución de las regiones, y la tensión se mantiene, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) también ha estado en pie de guerra por el tema de los delegados presidenciales y la nueva cartera de seguridad. Su presidente, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha insistido en que dicho ministerio fortalecería la centralización y no otorgaría un rol significativo a los gobiernos regionales.
Como miembro de Agorechi, en declaraciones a este medio, el gobernador de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), quien logró la reelección en primera vuelta, recalcó que la iniciativa del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior “rompió los acuerdos de procedimiento que había entre el Gobierno y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras del país”.
Hasta esta fecha, mencionó, “toda iniciativa donde estaban involucrados los gobiernos regionales y las regiones se consultaba, había una forma de trabajo, una metodología de trabajo, donde estábamos presentes en diversas materias, como lo hicimos respecto a los temas presupuestarios, donde hubo una especie de comisión de trabajo”.
No obstante, añadió, “lamentablemente esta iniciativa nunca se consultó con los gobernadores y gobernadoras, pasó directamente al Parlamento y eso significó un quiebre de la relación con el Gobierno y con el propio Presidente de la República”.
En ese sentido, la autoridad regional remarcó la fórmula que se había planteado públicamente y también en los compromisos escritos con el Presidente Boric, tanto de candidato como Presidente, que fue el término de la figura del delegado presidencial.
“Lamentablemente, esta situación no se resuelve. Todo lo contrario, se profundiza y, por consiguiente, nosotros entendemos que en el tema de seguridad debe haber un organismo especializado, una jefatura política que representa el Estado de Chile, en ello no hay ningún cuestionamiento, lo que se cuestiona es cómo se relacionan con los gobiernos regionales respecto de sus responsabilidades en el desarrollo de las regiones y del compromiso que tienen los gobiernos regionales en materia de seguridad”, sentenció Cuvertino.
La principal crítica es que, con la implementación del Ministerio de Seguridad y sus secretarías, “van a haber de alguna manera como tres figuras en cada una de las regiones”. Es decir, el gobernador, el delegado y un seremi encargado de seguridad. Eso, para el gobernador Cuvertino, “va a producir más confusiones de las que hoy día existen respecto a las figuras políticas en las regiones”.
En definitiva, concluyó el jefe del Gobierno Regional de Los Ríos, “lo que vemos es que en lugar de avanzar hacia una mayor autonomía y toma de decisiones desde las regiones, parece que estamos retrocediendo, y eso es algo que no podemos permitir si realmente queremos avanzar en la descentralización y en un desarrollo equitativo para todas las regiones del país”.
