PAÍS
Al menos 37 funcionarios de Carabineros y dos detectives de la PDI han sido detenidos o acusados en poco más de medio año en distintas partes del país, sindicados como partícipes de distintos delitos, aunque el denominador común entre casi todos ellos es el cohecho.
Desde que en mayo pasado 12 hoy exfuncionarios de Carabineros conocidos como “Los pulpos verdes” fueran formalizados, acusados de cohecho, apremios ilegítimos, microtráfico y otros delitos, la mayoría de ellos cometidos contra ciudadanos chinos del Barrio Meiggs, han sido varios los otros casos de policías uniformados implicados en hechos de corrupción de gran escala.
Ejemplos de ello son los cinco excarabineros formalizados por ser parte de la banda que perpetró el robo en contra de la bodega de Brink’s, en Rancagua, así como lo sucedido en San Felipe, donde seis funcionarios del OS-7 de esa comuna fueron formalizados por tráfico de drogas y otros delitos conexos.
A todos los anteriores se suman, solo esta semana que termina, otros dos casos: la detención, por parte de personal de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), de cinco suboficiales de la Prefectura de Iquique, que cobraban coimas a camioneros bolivianos; y la formalización de cuatro funcionarios de Porvenir, en el extremo sur del país, incluyendo al mayor y al capitán de la comisaría local, quienes también fueron acusados de delitos semejantes.
De hecho, ambos oficiales quedaron en prisión preventiva. A ellos se suman otros policías detenidos por distintas situaciones, como los dos suboficiales que fueron arrestados por disparar -sin motivo- en la vía pública, en Cerrillos; otros dos que fueron sorprendidos en la Serena utilizando una patrulla para participar en carreras clandestinas y otro más que fue arrestado el jueves pasado en La Ligua, acusado de almacenamiento de material pornográfico infantil.
En síntesis, se trata de 37 uniformados acusados de distintos hechos criminales en poco más de seis meses. Aunque la cifra es estadísticamente menor, dado que se trata de una institución formada por 60 mil personas, el tema ha generado mucha preocupación interna, sobre todo por la reiteración de un delito en específico, el cohecho, una plaga en la mayoría de las policías latinoamericanas y algo que antes era muy raro en la institución uniformada que justamente se jactaba de la forma en que habitualmente reaccionaba un carabinero cuando le ofrecían una coima: La detención del oferente.
“Hoy existe una alta posibilidad no solo de que el carabinero, especialmente el más joven, acepte la coima, sino que además sea él quién la pida. Eso era impensable hace 20 años o menos”, relata a El Mostrador un suboficial mayor de la institución, que junto con pedir resguardo de su identidad, dice que existe “vergüenza” en las filas por este tipo de hechos y que la oferta de dinero a cambio de dejar sin efecto una infracción es cada día más frecuente.
En dicho sentido, distintos expertos en materia de seguridad indican que es necesario poner mucha atención a estos hechos, pues todos coinciden en que uno de los indicadores de la penetración del crimen organizado en una sociedad es, precisamente, la corrupción en los organismos policiales.
En el caso de la PDI, a inicios de 2024 dos detectives fueron detenidos por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap), debido a que eran parte de una célula del Tren de Aragua, la que explotaba mujeres venezolanas y colombianas en la plaza de Armas de Santiago y en el portal Fernández Concha.
Al respecto, el exfiscal de crimen organizado y profesor de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, señaló que “hace mucho tiempo que estamos con un severo problema en torno a la capacitación de los funcionarios de carabineros”, agregando que a su juicio la formación que se les brinda no es la óptima, pues “para poder ejercer este tipo de funciones se requieren un temple bastante considerable, tomando en cuenta que reciben asignaciones que no son elevadas, tienen jornadas de trabajo que son súper duras y además están expuestos constantemente a vincularse con personas que tratan de acabar con las funciones que realizan o reclutarlos para distintas organizaciones criminales”. Por ello, explica que frente a la situación de criminalidad organizada que se vive se requiere de “un proceso de formación y de inculcación de valores que tienen que ser permanentes”.
Sin embargo, indica que pese a ello hay un aspecto positivo: “Han ido también mejorando como contrapartida los procesos de control”.
Por su parte, la especialista en crimen organizado de la Universidad Finis Terrae Vanessa Cárdenas, explica que “cuando empezamos a ver ya todas estas manifestaciones, quiere decir que hay un problema fuerte, que el crimen organizado ya está arraigado y que tiene la capacidad de movilización y de cooptación de los individuos del poder político, de la policía”.
Por lo mismo, asevera que a ello se suman otros indicios de la irrupción del crimen organizado: “Cuando uno ve estos funerales, o las caravanas cuando se muere algún líder narco en alguna población, cuando uno ve los mausoleos que construyen en los parques, cuando uno ve los fuegos pirotécnicos en San Antonio y todo el mundo sabe que la droga llegó y no pasa nada, quiere decir que ellos se sienten en la comodidad de poderlo hacer”.
En ese sentido la experta -de nacionalidad mexicana- detalla que “hay dos escaños en el análisis del crimen organizado: Uno es la cooptación del Estado, esto es corrupción, las coimas”, estadio en el que ella aprecia que se encuentra Chile en este momento, explicando que la experiencia internacional evidencia que si bien hay muchos policías que se corrompen por dinero, otros también lo hacen “porque no les queda otra alternativa, porque son amenazados y no se sienten ya protegidos por la institución y por el sistema de seguridad del país”.
A pocos metros de esa fase se encuentra el siguiente peldaño, lo que ella denomina “la reconfiguración del Estado”, escalafón “en el que están México, Ecuador, Colombia”, enumera, detallando que ahí lo que existe es “una subordinación del poder político y ya no hay una línea que sirva de diferencia entre quiénes son los criminales y quiénes son los individuos que han sido corrompidos”, a tal punto que, relata, “el poder político, las policías y el crimen organizado se han amalgamado de tal manera que son uno y esto permite ya no sólo la impunidad para actuar, sino una reconfiguración de las normas, las reglas e incluso las políticas públicas a favor de la actuación de estos grupos criminales”.
A su vez, el sociólogo Carlos Alvarez, que también ha trabajado durante muchos años estudiando organizaciones criminales, explica que a su juicio lo que ocurre con la corrupción policial es que “responde a problemas estructurales más profundos, que van más allá de los incidentes puntuales. En el fondo, lo que estamos viendo refleja la profunda debilidad institucional de los organismos de control para implementar procesos de control interno, la baja supervisión externa y una práctica organizacional transversal -no solo en Carabineros-, que no siempre prioriza la transparencia. Estas dinámicas son más acentuadas en la descentralización operativa, donde las unidades en regiones apartadas o de menor visibilidad están más expuestas a la autonomía discrecional, que se convierte en un terreno fértil para la corrupción, especialmente en las fronteras”.
El peligro frente a ello, argumenta, es que “el crimen organizado no solo opera desde afuera, buscando corromper a los agentes del Estado, sino que también se beneficia de las fallas estructurales que facilitan la participación de estos agentes. La raíz del problema no es la voluntad del adversario, pues el crimen organizado siempre encontrará la forma de corromper, sino la fragilidad de nuestro propio sistema de control. Los casos recientes pueden interpretarse como una señal más de que los incentivos criminales están siendo más fuertes que nuestra estructura institucional”, finaliza.
