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Foto: AgenciaUNO
La acción judicial fue presentada por el delito de “denegación o retardo de servicio”, acusando que el Fiscal Nacional no respondió una denuncia administrativa previa, a raíz de la polémica reunión. Se pide la incautación de correos y celulares, y citar a declarar a Valencia y su jefa de gabinete.
La controversia en torno a una reunión entre el fiscal nacional Ángel Valencia, el encarcelado abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick suma un nuevo capítulo luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella en contra de Valencia, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón.
La acción judicial, basada en el delito de “denegación o retardo de servicio”, surge en el contexto de un recurso de protección que reveló el contenido del polémico “cafecito“.
El conflicto tuvo su origen en un escrito presentado por la defensa de Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, en el marco del caso de corrupción que lleva su apellido. Dicho recurso, solicitaba el cambio de fiscal en la causa contra Luis y acusaba que en la mencionada reunión, el fiscal Valencia se habría comprometido con Chadwick y el penalista a entregar información relacionada con las causas que involucran al expresidente Sebastián Piñera.
Frente a estas afirmaciones, el abogado Luis Mariano Rendón, querellante en casos como el de Minera Dominga y el del Alto Mando de Carabineros, presentó una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional acusando a Valencia de “abuso de poder”. Sin embargo, la falta de respuesta oficial motivó a Rendón a interponer una querella penal el pasado 8 de noviembre, la cual —según consignó La Tercera este lunes—finalmente fue admitida a trámite.
Y es que tras conocerse el recurso presentado por la defensa de Hermosilla, el Ministerio Público emitió un comunicado público —cuestionado por gremios del ente persecutor— desmintiendo categóricamente las acusaciones. “Lo señalado por el señor Juan Pablo Hermosilla, en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación al origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual fiscal nacional, el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, es falso”, afirmaba el documento.
De ahí que la falta de una respuesta formal a la denuncia administrativa presentada por Rendón sea el eje central de la querella admitida por el tribunal. Según consta en el escrito del abogado, la jefa de gabinete de Valencia, Catalina Wildner, recibió la denuncia y acusó recibo, pero nunca entregó una respuesta posterior, a pesar de reiterados correos electrónicos enviados por Rendón solicitando el estado de su presentación.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 256 del Código Penal, que establece el delito de “denegación o retardo de servicio” para empleados públicos que, de manera maliciosa, se nieguen o retrasen la protección o servicio que deben brindar a los particulares según las leyes. En el texto, Rendón acusa que la omisión del fiscal nacional tiene carácter malicioso y no meramente negligente, pues busca “eludir la responsabilidad administrativa” derivada de las acusaciones.
El abogado querellante solicitó una serie de diligencias para avanzar en la investigación. Entre ellas destacan:
De acuerdo al citado medio, la magistrada Patricia Ibacache acogió la querella, instruyendo que sea remitida al Ministerio Público, que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen delitos y evaluar la pertinencia de las diligencias solicitadas por Rendón. La Fiscalía, a su vez, asumirá la responsabilidad de investigar el caso y establecer si existe mérito para formalizar al fiscal nacional.
Este nuevo giro profundiza la controversia y agrega tensión al interior del Ministerio Público, donde ya se habían generado críticas gremiales a raíz de la reacción institucional frente a la denuncia original. Por ahora, todas las miradas se centran en la Fiscalía y en cómo procederá en una investigación que involucra al más alto cargo de la persecución penal en Chile.
La diputada independiente y querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, Camila Musante, abordó la admisión de la querella presentada contra el Fiscal Nacional.
Al respecto, la parlamentaria de la bancada del PPD comentó que “me parece, y lo digo también como querellante la causa por el delito tráfico de influencias en el Poder Judicial que ha significado ser hoy día también querellante la causa que se sigue contra Hermosilla y el exfiscal Guerra, que es importante que las instituciones funcionen y que se investigue a fondo y con toda la seriedad este tipo de investigaciones”.
Lo anterior, señaló la legisladora “ya sea en este caso contra el fiscal nacional, pero también si es el caso un parlamentario, que así sea, contra los exfiscales, contra las autoridades que están hoy día en el Poder Judicial”. Finalmente, Musante manifestó que “esperamos y confiamos que esta investigación se lleve a cabo con toda rigurosidad y seriedad para que las instituciones en nuestro país funcionen”.
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