Fiscalía, que solicitó prisión preventiva, investiga millonarios pagos desde la empresa portuaria a políticos y dirigentes de la comuna. Hay otros seis imputados formalizados. El tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación. Chamorro fue reelecto en octubre con el 52,87% de los votos.
El Juzgado de Garantía de Coronel dictó arresto domiciliario nocturno para el recién reelecto alcalde de la comuna, Boris Chamorro (PS), en el marco del denominado caso Puerto Coronel, donde se le acusa de 21 delitos de cohecho. La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva para el edil, medida que fue finalmente desestimada por el tribunal.
El abogado asesor de la Fiscalía Regional del Biobío, Mauricio Lártiga, señaló que “el tribunal, en la resolución del día de hoy, ha accedido parcialmente a la solicitud del Ministerio Público, decretando medidas cautelares personales para cuatro de los siete imputados, por estimar que los hechos en materia de la formalización se encuentran justificados con los antecedentes de la investigación”. Ante esta resolución, la Fiscalía está evaluando la posibilidad de apelar a la medida dictada para el alcalde.
Se trata de una investigación de corrupción dentro de la Municipalidad de Coronel, que investiga la Fiscalía tras la denuncia realizada por una persona natural que representa a la empresa portuaria ante posibles pagos a políticos y dirigentes sindicales a cambio de beneficios.
En específico, a Boris Chamorro se suman el concejal de la comuna, Eduardo Araya (cohecho); y Hernán Romero, hermano de diputado Leonidas Romero (administración desleal). También, por parte de la empresa, Eduardo Hartwig, expresidente de Puerto Coronel (soborno); Víctor Olivares (soborno); Daniel Chamorro Madariaga (soborno y administración desleal); y Javier Anwandter, exgerente de Puerto Coronel. Todos, de acuerdo a Fiscalía, son acusados de ilícitos consumados cometidos en Coronel, en calidad de autores.
Durante la audiencia de este lunes, la fiscal de Alta Complejidad de Biobío, María José Aguayo, detalló el esquema con el que habrían obtenido millonarias sumas de dinero desde la empresa portuaria. “En total, se extrajeron de la compañía Puerto Coronel la suma de $1022.488.333 millones. Esto da un monto total neto de $859.166.667 millones, y por concepto de IVA se suman $163.000.000 millones. De esta manera en perjuicio de Puerto Coronel, los imputados Eduardo Hartwig y Chamorro Madariaga dispusieron de un total de $1.022.408.333 millones, infringiendo gravemente el deber de tutela o salvaguarda patrimonial que pesaba sobre ellos del patrimonio confiado. Actuando para ello con previo concierto con el imputado Romero Sáez quien facilitaba las facturas ideológicamente falsas mediante las cuales se materializaba y disimulaban los ingresos antes enumerados”, detalló la persecutora.
La defensa del alcalde Chamorro acusó que la investigación estaba “incompleta” y por ello, no cumpliría con “los estándares de una imputación”. Esto porque en su presentación, señalan que existen variaciones en las cifras “defraudadas”.
Sobre los otros seis imputados, tanto Romero, Araya y Andwanter quedaron sin medidas cautelares; mientras que Olivares y Daniel Chamorro quedaron, al igual que el jefe comunal, con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Daniel Hartwig quedó con arresto domiciliario total.
El plazo de investigación que determinó el tribunal fue de tres meses.
En las últimas elecciones municipales de octubre recién pasado, Chamorro, en el cargo desde el 17 de noviembre de 2016, resultó reelecto como candidato del pacto oficialista Contigo Chile Mejor con el 52,87% de las preferencias.
La semana pasada, el senador Gastón Saavedra (PS) fue consultado por la formalización de Chamorro. El legislador dijo a Radio Biobío que había que esperar el resultado de la formalización para que el tribunal supremo proceda respecto a la militancia del alcalde coronelino. “Hay que esperar qué va a definir la Fiscal el lunes, y ahí se tomarán las decisiones que hay que enfrentar. Si queda en prisión preventiva es una situación compleja y la ley es clara en eso, y hay que cumplirla”, sentenció el parlamentario socialista.
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