PAÍS
Foto: AgenciaUNO
Si bien se destacan propuestas para reducir la brecha de pensión entre hombres y mujeres, y la creación de una garantía para actuales pensionados, persisten desacuerdos sobre aspectos clave. Se consideran escenarios, pero el informe no adopta una distribución determinada de la cotización adicional.
“Estamos cerca, pero todavía falta que se cierre”, fueron las palabras de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, este lunes, al referirse a las negociaciones de la reforma previsional, que atraviesa una semana clave en el Senado.
Este miércoles la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta recibirá la presentación del informe desarrollado por el equipo técnico, compuesto por representantes de oficialismo y oposición, y que propondrá alternativas para resolver los dos grandes nudos del debate: la distribución del 6% y la separación de la industria. La discusión además ha estado permeada por las tensiones políticas al interior de la derecha, debido a los emplazamientos del Partido Republicano a Chile Vamos.
Desde el oficialismo han insistido en que si no se distribuye el 6% de cotización adicional entre un 3% para capitalización individual y un 3% para solidaridad, no apoyarán la reforma. Además, cuestionaron la propuesta de un 0,5% para solidaridad deslizada por Chile Vamos, calificándola de insuficiente.
Cabe mencionar que el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue quien cifró en 0,5 puntos de cotización el costo de esa medida. Lo anterior generó una avalancha de cuestionamientos al interior de la derecha, con el republicano José Antonio Kast -entre otros actores de esa tienda- increpando directamente a Chile Vamos, acusándolos de un cambio de postura y de “entregar a la izquierda” los ahorros de los trabajadores.
Hoy se conocen detalles de las propuestas de la comisión técnica de pensiones, que presentó su segundo informe sobre la reforma previsional, centrado precisamente en los mencionados nudos críticos. No obstante, a lo largo del informe, aunque se evidenció consenso en varios aspectos, también se destacaron cruciales áreas de desacuerdo.
Uno de los avances más relevantes fue el acuerdo sobre el llamado “bono tabla”, cuyo objetivo es reducir la brecha de pensión entre hombres y mujeres. Este bono busca que las mujeres de 65 años o más, con iguales condiciones de edad, grupo familiar y ahorro, reciban una pensión equivalente a la de los hombres. Para financiar este beneficio, se propone un componente solidario permanente en el sistema, calculado con un costo promedio de 0,5% de cotización, lo que representa un gasto de 12 millones de UF anuales. Sin embargo, se señalaron escenarios en los que este costo podría variar dependiendo de las decisiones sobre la jubilación de las mujeres.
En otro ámbito, se acordó la implementación de una garantía de 0,1 UF por año cotizado para los pensionados actuales, con un tope máximo de 3 UF por beneficio. No obstante, surgieron diferencias respecto al número de años cotizados necesarios para acceder a esta garantía. Un grupo de comisionados sugirió complementar las pensiones de aquellos con mayor cantidad de años cotizados, mientras que otros propusieron condiciones más flexibles.
El bono de cuidados, por su parte, fue un tema de desacuerdo entre los expertos. Este beneficio contributivo está diseñado para aquellos trabajadores que realicen labores de cuidado no remuneradas a personas con dependencia funcional. La discusión giró en torno a su viabilidad a largo plazo debido a su costo creciente, lo que generó incertidumbres sobre su financiamiento futuro.
El informe también abordó la distribución de la cotización del 6% adicional, pero dejó abierta la definición final de esta distribución. En los escenarios simulados, se contempló un 2% destinado a la garantía, un 0,5% para el bono tabla y de cuidados, y un 3,5% para las cuentas individuales de los trabajadores, con un componente solidario intrageneracional. Sin embargo, en este punto también hubo desacuerdos entre los comisionados.
En cuanto a la transición del aporte reembolsable, el informe planteó dos escenarios: uno de 40 años y otro de 30, con una disminución gradual del aporte reembolsable y un aumento en la cotización hacia las cuentas de capitalización individual de los trabajadores.
Otro aspecto clave fue la propuesta sobre la licitación del stock de afiliados de las AFP. Se discutieron cambios en la frecuencia de las licitaciones, el tamaño de los grupos y la implementación de un sistema de premios y castigos basado en el desempeño de los fondos de pensiones. Sin embargo, algunos expertos expresaron preocupaciones sobre el impacto de esta licitación en las decisiones de inversión de las AFP, lo que podría afectar las rentabilidades.
Finalmente, la mesa técnica también abordó temas que no formaban parte de su mandato, como la edad de jubilación y el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), aunque estos quedaron fuera del alcance del informe.
El informe refleja el progreso en varios aspectos de la reforma previsional, pero también pone de manifiesto las tensiones y desafíos pendientes, especialmente en relación con el financiamiento de los nuevos beneficios y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
