Se cuestiona su rol y conocimiento en el traspaso de más de $400 millones a la fundación dirigida por Daniel Andrade, su expareja, y autorizados por Carlos Contreras, su exjefe de gabinete. Chats sugieren que Pérez conocía los hechos desde 2022. La decisión recae ahora en la Corte de Apelaciones.
La Fiscalía de Antofagasta presentó ante la Corte de Apelaciones de la ciudad, una solicitud de desafuero para la diputada Catalina Pérez, quien renunció a su militancia en el Frente Amplio en noviembre pasado, en el contexto de la investigación que se lleva adelante por el delito de fraude al fisco reiterado. Esto, por la suscripción de convenios entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva el año 2022.
La parlamentaria ha sido cuestionada por su rol y grado de conocimiento en las irregularidades cometidas en el traspaso de más de $400 millones hacia la fundación diriga por Daniel Andrade, hoy bajo arresto domiciliario y en ese entonces su pareja. Además, porque el encargado de la repartición del Minvu en la región, quien autorizó el monto, fue Carlos Contreras, que se desempeñó como su jefe de gabinete.
“Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación”, comentó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
La petición fue presentada esta tarde por el fiscal jefe de la región, Cristian Aguilar Aranela, y deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Tras el surgimiento de nuevos antecedentes sobre la arista Democracia Viva del caso Convenios, el 20 de noviembre se confirmó la renuncia de la diputada Pérez al Frente Amplio. Fuentes cercanas al partido del Presidente Gabriel Boric revelaron a El Mostrador, en dicha ocasión, que la parlamentaria presentó su renuncia el 15 de noviembre, antes del plazo establecido por la Ley Antidíscolos (relativa al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes).
La decisión de la diputada Pérez se dio una semana después de que la mesa directiva del Frente Amplio le envió al Tribunal Supremo de la colectividad los antecedentes publicados por el diario La Segunda que ponen en duda la versión inicial de la parlamentaria, quien ha asegurado que nunca supo del convenio de más de $400 millones entre Democracia Viva y la Seremi del Minvu de Antofagasta.
Un informe de la PDI sostiene que “conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su entonces pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.
Alguno de los chats destacados en el informe de la policía muestran una conversación entre Andrade y Pérez en el que le informa a la diputada que “me llamó Carlos” (el exseremi Carlos Contreras, hoy en prisión preventiva) y que “parece que pueden salir las lucas”.
Hay que recordar que el teléfono de Catalina Pérez fue entregado a la Policía de Investigaciones en agosto de este año, casi trece meses después de que el caso Convenios saliera a la luz en junio de 2023.
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