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La población migrante en Chile tiene una tasa de participación activa en el mercado laboral de un 80,8%. Respecto del impacto macroeconómico, solo la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos al crecimiento real del PIB, en promedio, entre 2017 y 2023, y 117 dólares al PIB per cápita.
En términos comparados, los procesos de regularización implementados en otros países de la región y Europa se han sustentado en el estudio de impactos positivos, por ejemplo, en el aumento de la recaudación fiscal, fortalecimiento del mercado laboral formal y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Sin embargo, y como un efecto contrario, el debate sobre el proceso de regularización acotada que está estudiando el Ejecutivo para los migrantes que se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico, instaló cuestionamientos de la oposición relativos a los riesgos y la posibilidad de generar un “efecto llamado” para que más migrantes busquen ingresar a Chile.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió el estudio del proceso, apuntando a razones económicas y de seguridad. Al mismo tiempo, descartó que un procedimiento de estas características provoque el denominado “efecto llamado”.
“No hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados. De hecho, la evidencia disponible que existe en el mundo, esto es, lo que ha entregado el informe del Banco Mundial y del Banco Interamericano, es el efecto contrario”, dijo.
En el Gobierno calculan que cerca de 182 mil personas pueden postular a este proceso, pero que no necesariamente todos podrán acceder: “Eso va a depender del conjunto de requisitos que el Ejecutivo está estudiando, que puedan ser exigibles, y por lo tanto, puede ser un procedimiento muy estricto”, señaló el subsecretario del Interior.
Respecto a las condiciones, Cordero puntualizó que aún se estudian los detalles, pero que el “arraigo familiar y arraigo laboral es una exigencia que se ha establecido en los procedimientos de regularización anterior (…). De hecho, establece para cualquier efecto de política de regularización que esos son aspectos respecto a los cuales el Estado no puede disponer, es decir, que tiene que acreditarse arraigo familiar o arraigo laboral en las experiencias previas”.
Esta discusión se da en medio del caos que generó el cuestionado proceso de enrolamiento organizado este lunes por el Registro Civil, y que terminó con la renuncia de Jorge Zúñiga Cabezas, director regional metropolitano del organismo, la que se hizo efectiva este miércoles 18 de diciembre. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó el episodio como una “lamentable confusión”, donde la población migrante mezcló el proceso de enrolamiento por uno de empadronamiento.
Según expertos, desde una perspectiva social, la regularización promueve la reducción de la exclusión, el acceso a servicios públicos y derechos laborales que previenen la explotación y la informalidad. En términos de seguridad, el otorgar documentos legales disminuye situaciones de abuso, explotación laboral y redes de trata. Además, facilita la identificación y el control de la población, lo que fortalece los sistemas de fiscalización y permite una gestión más eficiente de las políticas migratorias.
Así lo explica Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, quien afirma que otros procesos de regularización en América Latina han traído consecuencias positivas para la población.
“Podemos pensar, por ejemplo, en Colombia, que hace algún tiempo tuvo un proceso que uno podría decir de regularización o de facilitación de la regularización para personas venezolanas, particularmente para los niños y niñas. Fue un proceso sumamente exitoso, porque desde allí las personas podían acceder a mejores empleos, las personas podían tener una vida más digna, y eso repercute en todas las áreas del vivir”, dice.
Por otra parte, Vargas también advierte que es necesario tomar conciencia de que las personas migrantes “no se van a ir”. “El Estado es incapaz de expulsarlos a todos, pero además, incluso si tuviera los medios, la persona si tiene una necesidad va a volver a ingresar o va esto a repercutir en una migración irregular en otros países, que a la vez va a volver a repercutir en este país y se va a formar un ciclo de irregularidad”, explica.
“En cambio, regularizadas las personas, integradas en la sociedad, pueden ser más aporte económico de lo que ya son, (…) puede significar un apoyo mayor en términos sociales. Colombia es un buen ejemplo, Ecuador también es un buen ejemplo, teniendo un sistema de regularización constante”, indica.
En casos como el de España, el factor económico ha sido decisivo para la implementación de este tipo de políticas. En noviembre de este año, el Consejo de Ministros de ese país aprobó un nuevo Reglamento de Extranjería que busca facilitar la regularización de inmigrantes.
El Gobierno español estima que regularizaría a 900 mil personas en los próximos tres años. Norma que anteriormente ya había sufrido modificaciones, debido a la adaptación a las nuevas necesidades laborales y demográficas, y que coloca a España en tendencia contraria a otros gobiernos de la Unión Europea, que han puesto restricciones crecientes a la inmigración.
Según las autoridades, el objetivo es atender las demandas del mercado laboral tanto como las necesidades de los migrantes, quienes –por ejemplo– han ayudado a paliar la escasez de mano de obra en algunos sectores como el agrícola.
El reciente Reglamento de Extranjería de España establece diferentes figuras de arraigo como, por ejemplo, el arraigo socioformativo, sociolaboral, familiar, de segunda oportunidad, además de una nueva vía transitoria de regularización para los solicitantes de asilo.
La norma reduce también plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo, con renovaciones de mayor duración. Asimismo, se eliminarán requisitos y se facilitará, de forma generalizada, la incorporación al mercado laboral.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que se trata de “la reforma más ambiciosa e integral” que se haya hecho a la Ley de Extranjería de su país en la última década, y que “representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”.
Según cifras oficiales de la cartera, 2,9 millones de trabajadores extranjeros aportan al sistema de seguridad social español, lo que supone un 13,6% del total de afiliados. Números que –en el contexto de una baja de natalidad sostenida– resultan fundamentales para sostener el sistema de seguridad social.
Javier Díaz Giménez, profesor de Economía en la Escuela de Negocios IESE, señaló a la BBC que España vivió un baby boom entre mediados de la década de 1950 y la de 1970, pero a eso siguió una caída pronunciada de los nacimientos, por lo que esa generación se acerca a la edad de retiro sin que haya trabajadores suficientes para reemplazarla.
Según cifras del Banco Mundial, 41 millones de personas migrantes y refugiadas residen en un lugar diferente al de su nacimiento en Latinoamérica. Por su parte, Chile acoge población en movilidad humana a lo largo de todo el espectro de motivaciones descrito en el Reporte de Desarrollo Mundial de 2023, es decir: migrantes económicos, refugiados, movimientos mixtos con necesidades económicas y de protección.
En ese contexto, el organismo afirma que nuestro país está en condiciones de abordar aspectos críticos para gestionar la migración y desarrolló una serie de recomendaciones para una política migratoria integral, entendiendo el fenómeno como una oportunidad de desarrollo.
Asimismo, señala que la implementación de políticas públicas para aprovechar los beneficios de los procesos de movilidad debe abordarse desde tres ejes relevantes: el bono demográfico, donde la población migrante tiene una tasa de participación muy activa en el mercado laboral de un 80,8%; el impacto macroeconómico, donde solo la migración venezolana contribuyó en 0,2 puntos porcentuales (pp) al crecimiento real del PIB, en promedio entre 2017 y 2023, y 117 dólares al PIB per cápita; y la tasa de sostenibilidad fiscal.
Cabe destacar, que –según el informe del Banco Mundial– 532 mil personas migrantes en Chile son venezolanas, con un 85% de intención de permanencia, vale decir, que quieren permanecer en el país. Mientras que casi 1,1 millón pertenecen a otras nacionalidades.
En conversación con El Mostrador, el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, señala que uno de los puntos más críticos es la rigidez de los canales regulares de ingreso al país. “Decimos que vengan de manera regular, pero los canales son demasiado estrictos para que la mayoría pueda hacerlo. Entonces, la pregunta es: ¿seguimos haciendo como que esto no ocurre o generamos formatos que permitan la regularización de estas personas?”, plantea.
Para el experto, la solución no pasa solo por endurecer las medidas restrictivas, sino por enfrentar la realidad de manera pragmática y humana. “Lo que ocurre en la práctica es que, a pesar de todo lo que hacemos, siempre va a venir una gran cantidad de personas en situación irregular. Negarnos a esa estructura no es viable”, sostiene.
Sandoval también propone cambiar el enfoque y priorizar medidas que permitan un sistema de regularización claro y accesible para quienes llegan al país. Según indica, esto no solo ordenaría el flujo migratorio, sino que también ofrecería soluciones sostenibles a largo plazo. “Lo que debemos hacer es garantizar que estas personas tengan canales efectivos para regularizarse o, mejor aún, para ingresar a Chile de manera regular desde el inicio”, afirma.
