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Expertos indican que el anuncio de un plan de reparación para los aportantes del “fondo corneta” es una estrategia destinada a configurar una atenuante en el proceso penal que se les viene encima a los ejecutivos de LV y a morigerar el daño reputacional de la compañía.
En menos de 48 horas, el panorama dio un vuelco importante. Al anuncio de formalización de altos ejecutivos y directivos de LarrainVial en el caso Factop –ocho en total, más otros vinculados a STF y Grupo Patio–, sobrevino la reacción del holding financiero ante una amenaza que siempre pareció inminente, pero que desde ahora tiene día, hora y lugar.
Esto, después que el lunes la Fiscalía Oriente solicitara ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijar la audiencia de formalización en contra de Manuel Bulnes, Andrés Bulnes, Claudio Yáñez, Felipe Porzio, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa y Jaime Oliveira –todos directivos y ejecutivos de LarrainVial–, para el día 13 de enero de 2025, a las 09:00 horas, en la sala 801 del Centro de Justicia.
Tras ello, la Administradora General de Fondos de LarrainVial informó, a través de un Hecho Esencial, de la notificación de la audiencia por delitos de estafa, administración desleal e infracción a la Ley de Mercado de Valores, asegurando que consideraban la medida como carente de “justificación” y “fundamento”.
El documento, firmado por el ahora exgerente general de LarrainVial Activos AGF, Claudio Yáñez Fregonara –imputado en el caso–, señala además que emprenderán acciones legales en contra de ejecutivos y directores de Grupo Patio, STF y Factop, entre ellos, los hermanos Jalaff; el exgerente de Patio Cristián Menichetti; el gerente de STF, Luis Flores, y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.
Horas más tarde, acusando una suerte de golpe reputacional, la compañía dio a conocer la implementación de un plan de reparación a un grupo de aportantes del Fondo Capital Estructurado I –el famoso “fondo corneta”–, ofreciendo pagar el 70% del valor de la inversión inicial realizada por cada inversionista. En total, más de $3.000 millones.
Después de ello, LarrainVial fundamentó las razones de su arremetida jurídica.
En una carta enviada a los trabajadores por el gerente general de la compañía, Juan Luis Correa, este aseguró que tras la última actualización de la carpeta investigativa tomaron conocimiento de “graves antecedentes”, supuestamente desconocidos, que apuntaban a un engaño de STF, la corredora de los Sauer y Rodrigo Topelberg.
“Hemos actuado de buena fe y con estricto apego a la normativa”, indicó el directivo.
Ayer en la tarde, sin embargo, LarrainVial decidió dar otro golpe de timón, al renovar el directorio de LarrainVial Activos AGF, trayendo de vuelta al histórico ejecutivo de la compañía, José Miguel Barros, quien encabezará el nuevo equipo conformado por Aníbal Larraín Cruzat, Francisco Valdivia Bernstein, Patricio Prieto Larraín y Gustavo Price Elton.
Las medidas tomadas por LarrainVial, sumadas al levantamiento de cargos que hizo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que acusó a sus ejecutivos de “prácticas engañosas o fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas”, obligó a la compañía a implementar un mecanismo de control de daños, que despierta varias dudas.
Por ejemplo, el abogado Mauricio Daza plantea que la tesis de haber sido engañados es “poco creíble y contradictoria”. En dicho sentido, explica que“es poco creíble que LarrainVial, que tiene una larga experiencia en materia de administración de fondos, pudiese ser engañada de esta manera por parte de STF. Además, ellos estaban en posición de poder hacer un mayor escrutinio respecto de los instrumentos que intermedian y ofrecen al mercado. Entonces, sin duda, hay una responsabilidad”.
Para el exfiscal Carlos Gajardo, la responsabilidad en este caso va más allá de la dimensión penal de los ejecutivos de LarrainVial y podría afectar directamente a la persona jurídica, o sea, la responsabilidad que le cabe a la empresa como tal en el proceso de detección y prevención de los delitos.
Desde este punto de vista, agrega el expersecutor del caso Penta, “probablemente la recomendación de los abogados fue comenzar a intentar reparar el mal causado o, en términos de la nueva ley, mitigar las consecuencias perniciosas del acto, así que me parece que es una estrategia muy necesaria, por la posible responsabilidad penal también de la persona jurídica”.
El hecho de reconocer que la actividad desarrollada generó un perjuicio, asegura el exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, sería un hecho importante a considerar, “con miras a configurar alguna circunstancia atenuante de responsabilidad penal”.
La eventual “reparación” a los inversionistas, agrega Vargas, también busca un efecto reputacional. “Toda la regulación del mercado de valores está orientada a proteger la fe pública y a los inversionistas, para que no se vean perjudicados por maneras fraudulentas u otro tipo de ilícitos. Visto de este modo, es evidente que hay un problema reputacional”.
Para Mauricio Daza, hay un punto en la puesta en escena de LarrainVial que le parece contradictorio: “Es poco creíble que al mismo tiempo que sostengan que son víctimas de un engaño, ofrezcan indemnizar por sumas importantes de dinero a quienes también fueron víctimas de ese engaño. Creo, por lo tanto, que se trata básicamente de una forma de evitar que ejecutivos de LarrainVial tengan que enfrentar cargos penales graves”, asegura.
En el debate sobre la acreditación de los delitos, hay un punto que parece crucial, aseguran quienes han estudiado el caso, y que se ha dejado entrever en las maniobras de LarrainVial con posterioridad al anuncio de formalización de sus ejecutivos: “La discusión sobre si ellos sabían o no lo que pasaba en el fondo”, explica Carlos Gajardo respecto del Fondo Capital Estructurado I.
“La estrategia de LarrainVial va a ser decir nosotros no sabíamos, no somo partícipes. Tampoco pueden negar la manera en que estaba estructurado este fondo, ni menos soslayar que son un actor calificado, experto en la materia, cuya capacidad de reconocer esta irregularidad es mucho más alta”, agrega Gajardo.
Para Daza, el delito de lavado de activos, que involucra ocultar el origen del dinero obtenido a partir de un ilícito, no debería ser complejo de acreditar. Lo que sí resultaría más enrevesado –a su juicio– es el delito de administración desleal.
“Esto es bastante importante, ya que finalmente se trata de una figura que no ha tenido un desarrollo mayor, más allá de que se estableció como delito en el año 2018, pero no hay muchos casos relevantes acerca de esa figura. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, creo que va a ser muy importante para casos futuros”, argumenta.
Sobre modificaciones al marco legal, buscando evitar este tipo de situaciones en el futuro, Cristián Vargas subraya que la situación es gravísima y pone de manifiesto la escasa fortaleza de las regulaciones y la fiscalización. “Existe una debilidad en el sistema. Creo que los mecanismos de prevención deben ser reforzados, poniendo el acento en el resguardo de la fe pública”, señala.
