PAÍS
Disney Montoya y Stiven Enríquez en Santiago.
Pese a decisión inicial de liberar a cuatro miembros de la organización criminal colombiana, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada ahora por otros ministros– confirmó la decisión del Juzgado de Garantía, que consideró a los arrestados un peligro para la sociedad y las víctimas.
Un cambio de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso significó que, pese a que inicialmente dicha Sala había dejado en libertad a 4 integrantes de la banda de prestamistas colombianos conocida como “La Empresa”, otros 25 miembros de ella siguieran en prisión preventiva.
Como informó El Mostrador, el 6 de diciembre pasado se revisó en el tribunal de alzada porteño una apelación interpuesta por la defensa de 4 de las 44 personas que fueron arrestadas por la PDI a fines de noviembre pasado, acusadas –entre otros delitos– de usura y asociación ilícita.
Tras los alegatos, la Sala encabezada por la ministra Silvana Donoso e integrada además por Nancy Bluck y Rodrigo Cortés decidió dejar en libertad absoluta a los imputados, que forman parte del aparataje de cobranza de la estructura criminal que prestaba dinero, con el método del “gota a gota”, a un total de víctimas que se estima superior a mil.
De hecho, según los peritajes realizados por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), en menos de cuatro años “La Empresa” movió más de 6.700 millones de pesos, en sus sedes repartidas entre las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, donde contaba con modernas oficinas en un edificio del centro de Santiago.
Tras la decisión de dejar a las cuatro personas en libertad, la Fiscalía Regional de Valparaíso presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, afirmando que el fallo carecía de fundamentos y que no se había tomado en consideración, por el tribunal de Valparaíso, el peligro que lo obrado podía implicar para la seguridad de las víctimas.
En ese contexto se produjo una segunda apelación a la prisión preventiva, esta vez de parte de la defensa de 25 de los imputados, pero el día que se ventiló dicha acción ante el tribunal, la ministra Donoso estaba con licencia médica y los otros dos ministros fueron recusados amistosamente por el fiscal del caso, Pablo Avendaño, dado el recurso pendiente en la Suprema, por lo cual la Sala quedó integrada por el ministro Pablo Droppelmann, la ministra interina Sara Covarrubias y la abogada integrante Pamela Prado.
Estos, sin embargo, tomaron una decisión completamente opuesta y mantuvieron la prisión preventiva, confirmando lo obrado por el Juzgado de Garantía, que consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, un peligro para las víctimas y un peligro para la investigación, entre otras cosas, porque salvo una persona, todos son inmigrantes colombianos irregulares, por lo cual existe un evidente riesgo de fuga, a juicio del Ministerio Público.
“La Empresa” tiene su sede en Cali (Colombia), desde donde es regentada por Disney Montoya, quien estuvo a fines de octubre e inicios de noviembre en Chile, visitando “las sucursales”. Imágenes recopiladas por la PDI muestran cómo este fue recibido en el lobby del hotel Sheraton por el “gerente” de Chile, Stiven Enríquez, como si fuera el CEO de alguna respetable organización multinacional que viajó a Santiago en un clásico viaje de negocios. La Fiscalía ya solicitó la detención de Montoya por medio de Interpol.
Por cierto, Chile no era el único lugar donde operaban, puesto que “La Empresa” tiene actividades también en Panamá y Uruguay, es decir, en los tres países con mejores índices macroeconómicos de América Latina y en los cuales –paradójicamente– existen importantes porcentajes de personas que no acceden al financiamiento por parte de la banca (solo en el caso chileno, se estima que cerca del 30% de la fuerza laboral –unas 2.5 millones de personas– se encuentra en dicha situación, dado que poseen empleos informales).
Otros videos de la PDI evidencian cómo los “asesores” del grupo criminal, vale decir, quienes captaban a los clientes, vestían todos de blanco y operaban dentro del edificio de Santiago como si fuera una financiera regular. Pero por supuesto todo lo que hacían era ilegal, partiendo por el interés mínimo que cobraban (20%) hasta el hecho de que las víctimas eran amenazadas y “multadas” si se atrasaban con los pagos.
Otro hecho que llamó mucho la atención de los investigadores fue la estricta disciplina que Montoya y Enríquez imponían entre sus empleados, la mayoría de los cuales vivía en los departamentos que al mismo tiempo funcionaban como oficinas. Debido a ello, había un código de conducta interno –que fue leído en la audiencia de formalización–, en el marco del cual se prohibía a los miembros de “La Empresa” el consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, el porte de armas e incluso causar ruido.
