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Crédito: Agencia Uno
El motivo de la medida es una cita fuera de ley de lobby entre la abogada del futbolista, Paula Vial y el juez Blanco para “agilizar un recurso de amparo” para el exfutbolista, que cumple prisión preventiva por el delito de violación. El oficialismo calificó el hecho como gravísimo.
Diputados del PS, PPD y PR evalúan una acusación constitucional contra el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, luego de conocerse que sostuvo una reunión en reserva con la abogada penalista Paula Vial, defensora del ex futbolista y exnovio de la diputada Maite Orsini, Jorge Valdivia, por un caso de violación.
Según los parlamentarios, la cita con el magistrado tenía por objetivo buscar una “pronta” tramitación de un recurso de amparo que había ingresado en favor del exseleccionado nacional, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.
Según informó el medio Interferencia.cl, la cita entre el presidente del máximo tribunal de Justicia, Ricardo Blanco, y la abogada defensora de Valdivia, “no se ingresó a la agenda institucional” por ley de lobby, como la obliga la ley a altas autoridades públicas.
La cita por el caso del exfutbolista Valdivia generó incomodidad no solo en el Frente Amplio, donde milita la diputada Orsini, sino también en legisladores del Socialismo Democrático, sector donde la Partido Socialista y el PPD han sido críticos de los “favores” solicitados por el abogado Luis Hermosilla a miembros del máximo tribunal en el marco del caso homónimo, y que derivaron en a lo menos dos acusaciones constitucionales a mediados de este año contra tres magistrados.
El motivo de la cita entre la abogada Vial y Blanco, se informó en el medio, era “agilizar un recurso de amparo para el exfutbolista, quien cumple prisión preventiva” por el delito de violación. Desde el oficialismo, se calificó el hecho como “gravísimo” y plantearon preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial.
La diputada, Camila Musante, jefa bancada del PPD-Ind.
La diputada Camila Musante, jefa de la bancada PPD, aseguró que se evalúa presentar una acusación constitucional contra Blanco. Musante indicó que las gestiones realizadas un día antes de la audiencia de Valdivia son preocupantes y pueden comprometer la integridad del sistema judicial.
“Una vez más la Corte Suprema está interviniendo en el accionar de la justicia. Esto es gravísimo (…) vamos a solicitar al Ministerio de Justicia que aclare cuáles son las responsabilidades que pesan sobre el señor Blanco. No descartamos desde ya una acusación constitucional en su contra, sobre todo conociendo cuál ha sido la explicación que le ha dado el país por las gestiones que hizo y que podrían haber favorecido al señor Valdivia”, sostuvo la diputada Musante.
“Él es la máxima autoridad de la justicia en Chile y si interviene dentro de un caso judicial, afecta la independencia de toda la justicia en nuestro país. Para garantizarla, vamos a evaluar una eventual acusación constitucional en su contra”, concluyó la jefa de bancada del PPD.
El diputado socialista Marcos Ilabaca señaló que la situación de Blanco representa un hecho que aumenta la desconfianza en el sistema judicial y enfatizó la percepción de que existe “justicia para ricos y justicia para pobres”.
“La situación del presidente de la Corte Suprema es una gota más en un vaso que a los chilenos les indigna. Es una gota más respecto a hechos absolutamente condenables que terminaron con la salida de dos ministros de la Suprema, que terminaron con el gobierno forzado a llevar adelante una reforma necesaria al Poder Judicial (…) ¿qué abogado tiene la posibilidad de un día para otro solicitar una audiencia con el presidente de la Corte Suprema para que pongan en tabla una causa? Son muy pocos”, aseguró Ilabaca.
El diputado Tomás Lagomarsino (PR) manifestó su preocupación no solo por la reunión, sino por la influencia de ciertos abogados en el sistema judicial. Indicó la necesidad de avanzar en las reformas comprometidas por el Ejecutivo, dirigidas a mejorar el nombramiento y funcionamiento del sistema judicial en Chile.
“Mantenemos la preocupación respecto a la influencia que tendrían ciertos abogados en algunas cortes, con algunos ministros e integrantes de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema (…) Esperamos que el proyecto de ley comprometido por el Ejecutivo para reformar el sistema de nombramiento y mejorar otros aspectos de nuestro sistema judicial, avance lo antes posible”, finalizó el parlamentario radical, Tomás Lagomarsino.
