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Desde que Sergio Muñoz y Ángela Vivanco fueron removidos del Poder Judicial, los criterios de la Tercera Sala son una incertidumbre. De los tres ministros titulares que revisarán los recursos contra el fallo que le dio oxígeno a Dominga, Jean Pierre Matus o se inhabilita o será recusado.
No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Este dicho popular, particularmente para la segunda parte, tiene carácter de sentencia para el futuro del proyecto Minera Dominga. El 31 de enero vence el plazo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental (de acuerdo a la interpretación de los días hábiles) para que el Comité de Ministros se pronuncie nuevamente sobre la RCA de Dominga. Y el viernes 27 se vence el plazo para impugnar el fallo, vía el recurso de casación a la Corte Suprema.
Sean como fueren los plazos, es un hecho que el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientales como Oceana y Alianza de Humboldt, presentarán sus respectivos recursos antes de la fecha límite, por lo que el peso de este proyecto, que lleva más de 10 años de tramitación, nuevamente recaerá en la Tercera Sala de la Suprema, una sobre la cual reina una completa incertidumbre, después que su composición cambiara drásticamente a consecuencia del caso Hermosilla y, particularmente, luego de las acusaciones constitucionales que removieron de sus cargos a los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
Al igual que en todo movimiento sísmico, el epicentro del terremoto de la Corte Suprema fue donde se concentraron las perturbaciones que dieron origen a una gran liberación de energía. En el máximo tribunal, el epicentro estuvo en la Tercera Sala, la llamada sala constitucional.
De allí debieron salir dos de los ministros más fuertes y que arrastraban jurisprudencia consigo: Muñoz, considerado un juez progresista en su interpretación del derecho, y Vivanco, en las antípodas de este. Ambos eran conocidos como negociadores de opiniones jurídicas.
Fuentes conocedoras del proceso confesaron que el caso Hermosilla, a río revuelto, alteró precisamente dichas negociaciones, que al menos en el caso de Vivanco habrían estado bien avanzadas para obtener un respaldo en favor de la empresa, cuando tuvieran que revisar el fallo del Tribunal Ambiental, por las vías de la casación.
Sin Vivanco y sin Muñoz, la responsabilidad recae en los ministros titulares que quedan. En primer lugar en Adelita Ravanales, que por su antigüedad ejerce como presidenta. Luego en los ministros Diego Simpertigue y Jean Pierre Matus.
En el caso de Ravanales, su sillón en la Suprema fue reivindicado por la derecha, pero en términos ambientales no se le reconoce mayor inclinación. Una de sus características –sostienen fuentes en tribunales– es que no es muy dada a la interpretación innovadora y que se decanta por las mayorías. En el caso de Simpertigue, aun cuando es uno de los miembros de mayor antigüedad en el Poder Judicial, con más de 40 años de carrera, pasando por todos los cargos del escalafón, conocedores de los pasillos de tribunales comentan que es uno de los más nuevos en la sala constitucional, por lo que tampoco se puede leer a través de sus fallos sobre su sensibilidad en estas materias.
Sobre el tercer juez de esta Sala se ha escrito bastante más tinta. Protagonista del escándalo Hermosilla por haber negado públicamente que el encarcelado penalista había sido un hombre clave en su designación de la Suprema, estuvo a punto de ser acusado constitucionalmente y de haber seguido el mismo derrotero. Se salvó porque, con dos ministros fuera, era suficiente.
La vinculación con Luis Hermosilla afecta su legitimidad para revisar el caso Dominga. Aunque no constituye inhabilidad, actualmente existe una causa penal que investiga el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, sobre las polémicas actuaciones del exfiscal Manuel Guerra en causas en donde el investigado era el fallecido expresidente Piñera: entre estas, por el proceso de compraventa de Dominga.
El estrecho vínculo –y reñido con la legalidad– de Guerra con Hermosilla, por extensión, afecta también a Matus. Como un vaso con algunas gotas de café, el ministro supremo está teñido.
La situación por la cual la participación de Matus en la causa de Dominga se aprecia insostenible no es por los datos anteriores, sino por su vinculación de amistad con el abogado Marcelo Castillo, quien aparece individualizado por Matus como uno de los abogados sobre los cuales le pesa inhabilidad por su cercanía.
Castillo es abogado de uno de los sindicatos de pescadores de La Higuera que de forma más vehemente apoyan a Dominga. “Si no se inhabilita, será recusado”, comentan fuentes cercanas al proceso.
Con la probabilidad de que esté fuera de la Tercera Sala para ver esta causa, se debe sacar a un ministro titular de otra sala para que integre. Eso aumenta ahora por tres la incertidumbre.
Aparte de estos, son los abogados integrantes los que podrían adquirir mayor peso. Entre los abogados preferentes en esta Sala están el académico de la U. de Chile José Miguel Valdivia y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz.
¿Por qué la incertidumbre no está dejando dormir a muchos? Porque se desconoce si van a adherir a la jurisprudencia que ya había adquirido esta Sala en la causa Dominga o van a aplicar nuevos criterios.
En el fallo del 18 de mayo de 2022, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia anterior del Primer Tribunal Ambiental sobre el proyecto minero Dominga –que había ordenado retrotraer la revisión de la RCA al comité regional (Coeva), al estimar que aún quedaban instancias pendientes en la causa–.
En la sentencia, la Tercera Sala estableció que en esa etapa procesal no procedían los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte el Consejo de Ministros.
Si la Corte aplica el mismo criterio y decide no entrar al fondo, dejando el futuro del proyecto Dominga en la institucionalidad ambiental, la judicialización podría eternizarse. Si el Comité de Ministros confirma el rechazo que dio en enero de 2023, Andes Iron volverá a judicializarlo como ya lo ha hecho en dos oportunidades. Y si, por el contrario, los ministros lo aprueban, esta vez serán las comunidades las que se lanzarán contra el SEA, judicializando el asunto por argumentos distintos a Dominga.
Para los gremios de la minería, asociaciones de ingenieros y la empresa, la sentencia del Tribunal Ambiental –que por segunda vez falló en favor de Dominga y en contra de la resolución del Comité de Ministros– es lapidario, contundente y ajustado a derecho, por lo que lo único que resta es que dicho Comité apruebe, siguiendo los lineamientos que estableció el tribunal.
En esto, que para la empresa es garantía de que Minera Dominga vea la luz, para las organizaciones territoriales, ambientales científicas y productivas de La Higuera, está precisamente el argumento para sustentar que el fallo excede por lejos sus atribuciones.
Fuentes que se encuentran trabajando en las casaciones plantean dudas sobre las motivaciones de los jueces, quienes por una parte pretenden extender su poder más allá de lo que señala la ley, al ordenar al Comité de Ministro resolver de acuerdo con sus apreciaciones, y por otra hacen gala de su nula deferencia con la autoridad.
Incluso –agregan– el tribunal llega a hacer afirmaciones abiertamente hostiles, como es la acusación de “falta de probidad” a dos ministras de Estado, en circunstancias que dicha falta ya había sido descartada por la Contraloría (autoridad competente) y la Corte de Apelaciones de Santiago y que, además, la base para ellas es jurídicamente absurda, pues corresponde a declaraciones ambiguas y genéricas en momentos en que las personas no eran ministras.
“El Tribunal Ambiental hace un esfuerzo evidente en la sentencia por darle todo el respaldo que pueda al proyecto Dominga, estirando las normas más allá de lo razonable y lo posible, en un ejercicio político que no es aceptable para una institución como esa y que pone en duda su probidad y obliga a mirar con atención la manera en que el organismo está funcionando”, sostienen.
