Desde que partió este nuevo capítulo de la saga de Dominga, nada hace presagiar que el Comité de Ministros vaya a cambiar de parecer. Este lunes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –en representación del mentado Comité– presentó ante la Corte Suprema su recurso de casación, en el cual defiende la legalidad de su decisión que rechazó Dominga y solicita anular el fallo del Primer Tribunal Ambiental –con sede en Antofagasta–, que le dio oxígeno al proyecto de Andes Iron, de la familia Délano.
Así como para algunos el fallo del tribunal fue considerado lapidario y contundente, el escrito del SEA –que para estos efectos actúa como consejo técnico del Comité de Ministros– no fue menos vehemente. En síntesis, diríamos que atacó la médula espinal del fallo: su apreciación de la prueba y su comprensión en materias científicas.
¿Qué dice? Que el recurso debiera ser admisible porque se trata de una sentencia definitiva. Esto se sustenta en que la vez anterior (2021) que la Corte Suprema revisó la causa, esta rechazó las casaciones porque entendía que había recursos pendientes, como el pronunciamiento del Comité Regional de Evaluación (Coeva) y el Comité de Ministros. Y que, por tanto, el fallo del tribunal no era una sentencia definitiva. La diferencia es que ahora el SEA entiende que sí lo es, porque el nuevo fallo no reversa la tramitación a ninguna fase previa.
Además, le dice a la Suprema que el fallo vulnera los principios de la lógica y los “conocimientos científicamente afianzados al valorar la prueba”. En suma, le reprocha que carece de razonamiento para evaluar las líneas de base del proyecto, el área de influencia y las medidas para hacerse cargo de los efectos ambientales –como el impacto en el medio marino–.
¿Qué pide? No solo que sea anulado, porque la decisión técnica de los ministros fue legal, sino que además solicita que dicte sentencia de reemplazo para terminar de una vez por todas con la judicialización que ha hecho la empresa desde que el proyecto, hace más de 10 años, fue rechazado. En otras palabras, le pide a la Suprema que no evite la jeringa y que resuelva.
Y aquí, más allá de lo estrictamente jurídico, es cuando se despliegan las tácticas y estrategias tras bambalinas. Veamos cómo. La gran incertidumbre –como lo expuse en esta nota del lunes en El Mostrador– es cuál será el criterioque va a aplicar la Tercera Sala de la Suprema, con una nueva composición, después que le fueran cortadas dos de sus cabezas principales: las de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
Jean Pierre Matus, uno de los tres ministros titulares de esta Sala está complicado. Además de la mancha de haber sido promovido por Hermosilla, a este juez le pesaba una inhabilidad: su amistad con el abogado Marcelo Castillo, representante de los pescadores que apoyan a Dominga.
¿Cuál fue la movida de última hora? Ayer, después que en El Mostrador expusiéramos esta situación, el abogado en cuestión presentó su renuncia a dicho patrocinio para liberar de la inhabilidad a su amigo Matus y, así, entrar a conocer Dominga. Aun cuando es probable que el ministro sea igualmente recusado, dicha maniobra deja un espacio a la interpretación sobre si es legítimo o no que pueda fallar. Un pelo más a la sopa.
Por su parte, el Gobierno –en opinión de varios consultados por Juego Limpio– también hizo su movida.
Como el Tribunal Ambiental había ordenado que el Comité de Ministros revisara nuevamente la RCA en un plazo máximo de 15 días (fecha que expira el 31 de diciembre), los integrantes del Comité, para sorpresa de muchos, se juntaron en una reunión exprés hace algunos días, donde acordaron que todos los ministros titulares –incluyendo la presidencia que recae en la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas– se inhabilitaran de ver Dominga, como lo había pedido el señalado Tribunal Ambiental.
¿Cuál es la jugada? Que no asumen como subrogantes inmediatamente los subsecretarios, como era de esperar, sino que se oficia a Contraloría para que esta indique el procedimiento a seguir. Con esto dejan el caso a los tiempos propios del órgano contralor, que supera con creces el plazo perentorio ordenado por el tribunal.
Pero hay más. La Contraloría no la tiene muy sencilla. Como la razón del 1TA para decir que el fallo fue ilegal era que los ministros se habrían pronunciado de manera previa, existe evidencia de que el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, también lo hizo. Y así como en los hechos los subsecretarios ejercen como subrogantes de los ministros titulares, no existe claridad sobre quién subroga al subrogante. Otro pelo en la sopa.
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