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El Gobierno busca anular el fallo del Tribunal Ambiental que revocó el rechazo al megaproyecto minero-portuario, que había sido aprobado por la institucionalidad ambiental. El oficialismo sostiene que es perjudicial para el medio ambiente, mientras que la oposición defiende la inversión y el empleo.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha intensificado sus acciones legales para anular el fallo emitido el 9 de diciembre por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual permitió revertir el rechazo del Comité de Ministros —en enero de 2023— al controvertido proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. El fallo y sus repercusiones representan un nuevo capítulo en la compleja historia del megaproyecto de Andes Iron, que contaba con las autorizaciones de la institucionalidad ambiental.
La controversia surgió cuando el Tribunal Ambiental —con jurisdicción para causas desde Arica hasta Coquimbo— determinó que miembros del Comité de Ministros habían vulnerado el principio de imparcialidad al participar en la decisión de enero. En consecuencia, el tribunal ordenó que el comité sesione nuevamente con integrantes imparciales antes del 31 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo ha respondido presentando un recurso de casación ante la Corte Suprema y solicitando la suspensión de los efectos de la sentencia mientras se resuelve el caso. Pero eso no es todo.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, confirmó que, de ser necesario un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros, todos los integrantes que participaron en el rechazo inicial se inhabilitarán. Además, el Gobierno pidió la intervención de la Contraloría para definir la composición y presidencia de un eventual comité renovado, lo que podría extender aún más los plazos.
En este contexto, el “caso Dominga” ha generado reacciones polarizadas, enfrentando nuevamente al oficialismo y a la oposición.
Desde el oficialismo, el diputado de la Comisión de Medio Ambiente Daniel Melo (PS) afirmó que el proyecto carece de “licencia social y ambiental”, describiéndolo como “manchado por la corrupción”. Por su parte, el diputado de la mencionada comisión y también de la de Minería Daniel Manouchehri (PS) enfatizó la importancia de proteger el ecosistema del archipiélago de Humboldt, hogar del 80% de los pingüinos de Humboldt del planeta.
“Dominga es muerte y corrupción”, sentenció el diputado socialista. Manouchehri fue un paso más allá y dijo esperar “que la Corte Suprema restituya el derecho y actúe libre del lobby de Dominga, muy en especial el juez Jean Pierre Matus”.
En tanto, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, respaldó la ofensiva del Gobierno, argumentando que los daños ambientales serían “irreparables” y criticando lo que describió como tácticas manipuladoras de Andes Iron para obtener apoyo local.
En diálogo con Radio Cooperativa, el timonel comunista acusó que la empresa minera hace “una manipulación que no es muy ética” al “usar la necesidad que tenga la gente local desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del confort, desde el punto de vista de la pavimentación, desde el punto de vista del agua potable, porque son datos que pueden ser, al final, un hecho que es un volador de luces, todas necesidades reales, pero el tema de fondo, más estratégico, es el que tiene que hablar el Estado”.
En contraste, la oposición acusa al Gobierno de obstaculizar la inversión por razones ideológicas. El senador y presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, Rojo Edwards (Partido Social Cristiano), calificó la situación como un “espectáculo bollywoodense” y apuntó a “la incertidumbre total” que enfrenta el país en términos de inversión extranjera.
Asimismo, el diputado de la Comisión de Minería, José Miguel Castro (RN), subrayó que la empresa debe avanzar en el proyecto para generar empleo en la comunidad. “Son los propios vecinos de la comunidad que quieren este proyecto porque necesitan trabajo igual que todos los chilenos”, afirmó.
El diputado Víctor Pino (Demócratas), presidente de la comisión de Economía, propuso que las decisiones sobre proyectos de esta envergadura se basen en criterios técnicos y no políticos, sugiriendo que las autoridades del actual Gobierno, emplazando al Presidente Boric, deberían inhabilitarse debido a sus posturas públicas contra Dominga.
“Las decisiones no pueden seguir dependiendo de la postura del gobierno de turno, sino de un análisis riguroso y objetivo que prioriza el bienestar del país. Pienso que cualquier ministro, seremi, servicio, o autoridades de este gobierno, especialmente cuando el propio Presidente Boric fue claro en rechazar el proyecto en su momento, debe estar inhabilitado para intervenir dirimir e incluso opinar sobre este proceso”, sentenció el diputado Pino.
La ministra Rojas espera que, de manera óptima, se resuelva la composición del nuevo Comité de Ministros que deberá definir la Contraloría y —en declaraciones a Radio ADN— manifestó que, una vez que esto se haya realizado, tiene la seguridad de que, cuando sesione, el nuevo comité lo hará de manera correcta, poniendo así presión sobre el futuro de Dominga.
Desde el sector minero, según consignó Emol, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, lamentó la decisión y afirmó que “la determinación del Servicio de Evaluación Ambiental va a generar una demora adicional a uno de los proyectos de inversión que, paradójicamente, esta incluido en el Catastro de Inversiones Mineras que realiza Cochilco para los próximos 10 años, que contempla más de US$83 mil millones, y que ha sido tan celebrado por las autoridades”.
El desenlace de esta disputa será clave para el futuro de Dominga y sentará precedentes en la evaluación de proyectos minero-portuarios en Chile. Mientras el oficialismo insiste en los riesgos ambientales y la falta de aceptación social del proyecto, la oposición lo presenta como una oportunidad para la inversión y el desarrollo económico local.
La Corte Suprema y la Contraloría tendrán un papel determinante en definir los próximos pasos, mientras el país observa cómo se desarrolla este emblemático conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental.
