El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, firmó un protocolo con PDI, Gendarmería y Migraciones para agilizar y priorizar expulsiones administrativas, enfocándose en personas con vínculos a organizaciones criminales.
El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, firmó un protocolo para agilizar procedimiento administrativo de expulsión, esto en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio de Migraciones.
Además de Cordero, el texto cuenta con la rúbrica del prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.
“Este protocolo lo que busca es uniformar los procedimientos de cada una de las instituciones que participan de los mecanismos de expulsión, en segundo lugar acotar los plazos, en consecuencia, permitir que las expulsiones sean desarrolladas con mayor regularidad que la que podemos estar realizando en la actualidad”, planteó Cordero.
Según explicó Cordero, esto permitirá “estandarizar” la información, los tiempos, los flujos de comunicación que permita la interoperabilidad.
“Pero además de eso, yo creo que un aspecto que es clave -que es un tema en específico que está asociado en este protocolo y que se ha estado trabajando con la Policía de Investigaciones- pero que hoy día todas las instituciones del protocolo trabajan conjuntamente con ello, es la priorización de expulsiones administrativas respecto de aquellas personas vinculadas con antecedentes penales a organizaciones criminales, lo que nos permite alinear el plan de expulsiones administrativas con la política de crimen organizado”, explicó.
“Sólo recordar que al inicio de esta administración existían 24.000 decretos de expulsión administrativas vigentes que, luego de las modificaciones que se han realizado, hemos podido dictar 6.000 adicionales que se han estado notificando y que en lo que va de este período ya se han desarrollado más de 1.000 expulsiones administrativas, mucho más que el promedio de lo que se habían podido desarrollar en administraciones anteriores”, comparó.
Cordero también puso paños fríos a la creencia de que con esto se va a expulsar mayor cantidad de personas, sino que se realizarán con mayor regularidad.
“Nosotros necesitamos expulsar a aquellas personas que generan peligro en el país porque tienen un compromiso delictual muy significativo y están asociadas a organizaciones criminales. De lo contrario, si solo contáramos expulsiones, sería a ratos muy fácil para la policía llegar, tomar un grupo de personas, subirlas a un avión y expulsarlas”, cerró.
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