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Organizaciones locales y civiles de La Higuera recurren a la Corte Suprema para frenar Dominga PAÍS Foto: AgenciaUNO

Organizaciones locales y civiles de La Higuera recurren a la Corte Suprema para frenar Dominga

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Sumándose a la acción del Gobierno y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la ONG Oceana y la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, junto a personas naturales, presentaron recursos de casación y solicitaron el rechazo definitivo del proyecto.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Organizaciones de La Higuera y civiles presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para anular la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que declaró ilegal el rechazo del proyecto Dominga por el Comité de Ministros. Alegan que el tribunal excedió sus atribuciones al respaldar el megaproyecto minero-portuario de Andes Iron, señalado como inviable por su impacto ambiental en el Archipiélago de Humboldt. El caso ha generado amplio rechazo social y podría sentar un precedente en la protección de ecosistemas clave.
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Organizaciones locales de La Higuera y representantes de la sociedad civil presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Estas acciones buscan anular la sentencia emitida por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), que declaró ilegal el rechazo unánime del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros y ordenó realizar una nueva votación.

En el último día del plazo para hacerlo, la acción judicial se suma a la emprendida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A través del SEA, el Gobierno del Presidente Boric, presentó un recurso de casación para suspender el fallo del órgano jurídico que revirtió el “no” del Ejecutivo al megaproyecto portuario y minero de Andes Iron. Este último recurso fue desestimado por el Primer Tribunal Ambiental.

Según Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, recurren a la Corte Suprema porque estiman que la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta “contiene claras ilegalidades al olvidar su rol, que es el de revisar las decisiones de la administración y no la de forzar la aprobación de proyectos”.

“Creemos que en este caso se incumple la ley 20.600 que crea a los tribunales ambientales, por lo que esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule la sentencia”, agregó el abogado que representa a Oceana en la causa.

Se interpusieron dos recursos principales: uno en forma y fondo a nombre de Oceana, y otro exclusivamente en el fondo por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, junto a personas naturales. Los documentos sostienen que el 1TA amplió sus atribuciones más allá de lo permitido, respaldando de forma desproporcionada el proyecto Dominga.

“El recurso de casación en el fondo, apunta a hacer ver a la Corte Suprema que, contrario a lo que indica el Tribunal Ambiental, el expediente del proyecto demuestra que este no es viable”, indicó Marcos Emilfork, coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, Javiera Espinoza, Cristóbal Diaz de Valdés y Nancy Duman. “En su argumentación, el Tribunal termina infringiendo una serie de reglas básicas del derecho público y del derecho ambiental en particular”, agregó el abogado.

A estas acciones se sumará el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), la APR de Los Choros y la Asociación de Pequeños Agricultores de Los Choros. La abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, aseguró que presentarán más recursos para solicitar a la Corte Suprema la revisión de la decisión del tribunal de Antofagasta. “La sentencia no se ajusta a derecho”, subrayó.

El proyecto minero portuario Dominga, impulsado por Andes Iron, propone la construcción de dos minas a rajo abierto, un puerto, una planta desaladora y un depósito de relaves para la extracción de hierro y cobre durante 22 años. Desde su presentación en 2013, ha enfrentado el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y del Comité de Ministros, que señalaron una deficiente caracterización ambiental y un alto riesgo para el ecosistema marino del Archipiélago de Humboldt.

Diversos sectores han manifestado su rechazo al proyecto, incluyendo bloqueos en carreteras, cartas al Presidente Gabriel Boric y columnas de opinión de científicos. Recientemente, una delegación de La Higuera viajó a Santiago para entregar una carta al presidente, exigiendo mantener el rechazo al proyecto y proteger el Archipiélago, declarado área marina costera protegida en 2023.

El caso, que ya ha sido revisado en dos ocasiones por la Corte Suprema, podría marcar un precedente en la evaluación ambiental y judicialización de proyectos en áreas de alto valor ecológico.

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