Análisis: lo que se espera para 2025 en materia de crimen organizado y economías ilícitas

Estamos dejando atrás un 2024 marcado por el desarrollo de diversos fenómenos asociados a la consolidación de nuevas dinámicas criminales, caracterizadas por su extrema violencia y peligrosa expansión transfronteriza.

Chile se encuentra inmerso en una realidad regional que atraviesa profundas transformaciones en la configuración y las operaciones criminales, que abarcan desde la delincuencia común hasta el Crimen Organizado Transnacional (COT), atmósfera de criminalidad e inseguridad que representa una amenaza directa para la democracia y el Estado de derecho. No solo genera inestabilidad, sino que también plantea desafíos significativos a las sociedades cansadas, que buscan soluciones de sus autoridades o de quien pueda ofrecerlas.

Estas respuestas, en muchos casos, derivan en prácticas de autotutela, procesos de militarización o enfoques populistas con tintes autoritarios. Aunque puedan parecer soluciones inmediatas, estas estrategias tienden a ser impracticables y, en lugar de resolver el problema, suelen agravarlo.

La situación es aún más compleja en sociedades polarizadas, donde el término “populista” se utiliza como agravio político, dificultando la distinción entre propuestas honestas, realistas y profesionales, de aquellas que son deliberadamente inviables o manipuladoras. Estas últimas suelen perpetuar un statu quo que beneficia al crimen organizado, que es  “poliamoroso” e ideológicamente agnóstico; es decir, es capaz de relacionarse con cualquier actor o circunstancia que favorezca su continuidad.

Las organizaciones delictivas, independientemente de su posición en la cadena de valor del crimen organizado, han desarrollado un modelo exitoso basado en la violencia, el control territorial y la corrupción. Este patrón ha reconfigurado las estructuras y operaciones de las redes criminales, estableciendo una tendencia que se ha replicado exitosamente en diversos contextos y territorios. 

En este ecosistema convergen distintos niveles de delincuencia, unidos por un denominador común: las economías ilícitas. Estas se erigen como el motor que impulsa la consolidación, expansión y diversificación de las actividades delictivas, fomentando la exploración de nuevos mercados ilegales o territorios emergentes.

Entre estas dinámicas se incluyen la ampliación de operaciones y la formación de frágiles alianzas funcionales, que con frecuencia desembocan en violentos conflictos, entre redes locales y estructuras consolidadas del crimen organizado latinoamericano. Además, se da la interacción con consorcios criminales extrarregionales, que actúan como reguladores del mercado. De esta forma, las macro y microeconomías ilícitas se complementan, asegurando el control territorial y la continuidad de las operaciones ilegales, ya sea mediante estrategias parasitarias, depredatorias o a través de métodos brutales y sangrientos.

¿Qué traerá el 2025? 

El próximo año estará marcado políticamente por las elecciones en Chile, un escenario que podría tornarse aún más complejo si no se reconoce que el crimen organizado representa una amenaza directa para nuestra democracia y el Estado de derecho. Enfrentar este desafío debe ser una prioridad de Estado y no una tarea exclusiva de una coalición política en particular. Los esfuerzos deben ser colectivos y diseñados para perdurar y trascender más allá de los ciclos gubernamentales.

Chile se ha integrado completamente a las amenazas del crimen organizado que afectan a la región, debido a la creciente integración y conectividad del ecosistema criminal a escala global, que ignora las fronteras y los esfuerzos aislados de cada país. Esto plantea tanto desafíos persistentes como nuevos.

Es probable que en 2025 se consoliden redes y estructuras criminales cuyo avance, una vez asegurado el control territorial o de economías ilícitas, se enfoque en la expansión hacia nuevos mercados, afectando directamente a los territorios y sus habitantes. Este proceso suele implicar el exterminio de rivales o su sometimiento, culminando con frecuencia en pactos y acuerdos que fortalecen aún más estas estructuras.

Un efecto observado es que las organizaciones criminales locales tienden a imitar estos modelos exitosos, reconfigurando la dinámica delictiva mediante procesos paralelos, independientes o coordinados, lo cual estamos evidenciando en la transformación de la delincuencia local, tanto en su forma de operar como en su estructuración.

En 2025, las cárceles, al igual que en gran parte de América Latina, continuarán siendo uno de los puntos críticos y, probablemente, el talón de Aquiles de nuestro sistema. Estos espacios, afectados por problemas estructurales y de gestión, se consolidarán como territorios y mercados criminales altamente rentables.

Para lograr este control, las organizaciones delictivas intentarán establecer un dominio efectivo sobre los recintos penitenciarios, un control que, con frecuencia, resulta invisible y suele ser negado por las autoridades. Este dominio se financia y fomenta a través de mercados ilícitos como el tráfico de drogas, la extorsión y la interconexión criminal intramuros.

En este contexto, las estructuras delictivas organizadas someten a la población privada de libertad que no está asociada criminalmente a dos opciones: ser extorsionada durante toda su permanencia en el recinto penitenciario o unirse a dichas estructuras. Esto configura una lógica de win-win para las organizaciones criminales, que consolidan su capacidad de gobernanza dentro de las cárceles, fortaleciendo aún más su influencia en el ecosistema delictivo tanto dentro como fuera de los muros carcelarios.

Estos procesos han dado lugar a niveles crecientes de violencia, caracterizados por métodos brutales desconocidos hasta ahora, un desprecio absoluto por la vida, el acceso a armamento sofisticado y una disposición abierta para utilizarlo, ya sea en desafíos directos a las autoridades o en enfrentamientos con la población penal. La resignificación de las cárceles y recintos penitenciarios como centros de operación y expansión criminal será el gran desafío de los próximos años.

La extorsión, al igual que lo que ha sucedido en Colombia, Ecuador y Perú, se consolidará como una economía criminal en crecimiento que potenciará las estructuras delictivas. Este fenómeno no se limitará a la actividad productiva y comercial, sino que comenzaremos a observar su extensión hacia determinadas comunidades especialmente vulnerables.

Las estructuras criminales exigirán “impuestos de seguridad” en zonas bajo su control, además de imponer  modalidades no conocidas de extorsión no monetaria, las que incluyen la entrega de bienes y servicios o la identidad de la persona extorsionada, lo que les permite abrir cuentas bancarias, constituir empresas, acceder a bienes facilitando el blanqueo de capitales y la implementación de sistemas de microlavado de activos.

Dentro del sistema penitenciario, la extorsión intramuros continuará siendo un motor clave de la gobernanza criminal carcelaria, un problema cada vez más complejo en nuestro país, tal como lo ha sido en otras naciones de la región.

En cuanto al control territorial, las organizaciones criminales han perfeccionado estrategias para controlar el territorio a través de la ocupación de casas abandonadas o la expulsión de los habitantes en barrios vulnerables. A menudo, fomentan la creación de asentamientos precarios en zonas periféricas, que luego son entregados a comunidades particularmente vulnerables, como aquellas que provienen de flujos migratorios irregulares y sobre las cuales el Estado no tiene información fidedigna.

Estos asentamientos, lejos de ofrecer una oportunidad de integración, se convierten en una herramienta de sometimiento, ya que las organizaciones imponen cobros ilícitos por el uso de espacios, acceso a servicios básicos o incluso por protección y seguridad. De esta manera, las redes criminales no solo ejercen un control territorial, sino que establecen un sistema de extorsión y dependencia que alimenta su poder económico, mientras profundizan la precariedad y vulnerabilidad de las personas atrapadas en estas dinámicas.

En paralelo, las organizaciones criminales priorizarán el control de terrenos estratégicos cerca de nodos de tránsito, como puertos, terminales terrestres y rutas de cadenas de suministro. Este control se logrará a través del método más efectivo y conocido: el control territorial y el apoyo de actores corruptos.

Los nuevos puertos del Pacífico jugarán un papel fundamental en el acceso a mercados emergentes de drogas particularmente rentables, como los de Asia y Oceanía. En estas regiones, el consumo de cocaína está en aumento, con una variable alarmante: su precio puede alcanzar hasta 10 veces más que en los mercados de Estados Unidos. Nuestros puertos, estratégicamente ubicados en las nuevas rutas del narcotráfico, son particularmente vulnerables a esta reconfiguración de rutas del crimen organizado.

El narcotráfico, seguirá siendo relevante, y como lo han demostrado los históricos decomisos en la II Región, Chile ya es un tremendo mercado de consumo que las estructuras criminales transnacionales no abandonarán. 

La actividad criminal desarrollada en el marco de las oleadas migratorias irregulares ha sido el motor de crecimiento y transnacionalización de estructuras de crimen organizado, como el Tren de Aragua. Este fenómeno se potenciará con lo que ocurra en Venezuela el 10 de enero y las políticas que el presidente electo Donald Trump adopte en Estados Unidos a partir del 20 de ese mes. Es probable que estas circunstancias generen nuevas dinámicas migratorias, que a su vez fortalezcan a las estructuras criminales.

Estas organizaciones han crecido rápidamente, aprovechándose de la vulnerabilidad de la población migrante mediante el control de rutas y la explotación de personas.

En 2024, el tráfico de migrantes se consolidó como una actividad central para diversos grupos de crimen organizado en América Latina. Estos grupos han capitalizado el aumento de los flujos migratorios, explotando a los migrantes tanto económica como físicamente para expandir sus operaciones ilícitas. La participación de estas organizaciones en el tráfico de migrantes ha intensificado la violencia y la corrupción en la región, desafiando la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

En Chile, la trata de migrantes y la trata de personas para explotación sexual en condiciones de semiesclavitud continuarán emergiendo como una realidad cada vez más visible. Esta economía ilícita, altamente rentable, requiere un esfuerzo decidido para dimensionar su impacto y mitigar sus efectos sobre las comunidades y el tejido social.

El contrabando y su canal de distribución en el comercio informal se convertirán en un problema de creciente relevancia en el contexto de las amenazas hiperconectadas. Esta actividad ilícita abarca una amplia gama de productos, desde mercancías, alimentos y medicamentos falsificados, hasta ropa de imitación e incluso el tráfico de armas.

Por otro lado, el homicidio continuará siendo una herramienta clave para las organizaciones criminales en su búsqueda de control territorial. Este recurso no solo tiene como objetivo eliminar a los rivales, sino también someter a comunidades enteras.

En los últimos años, se ha observado cómo la violencia extrema se utiliza para transmitir mensajes de poder criminal a través de actos cargados de simbolismo. Esta semiótica criminal se manifiesta en la forma, el método, el uso de armas de fuego y el impacto físico y psicológico sobre las víctimas.

Ejemplos como los homicidios de periodistas, investigadores, fiscales y candidatos presidenciales, ocurridos durante 2023 y 2024 en Ecuador y otros países de la región, han demostrado que las organizaciones criminales no solo buscan ejercer control, sino también intimidar y desafiar abiertamente a las autoridades y a la sociedad en su conjunto.

El crimen organizado, mediante el uso de proxies y fixers, seguirá intentando penetrar tanto en nuestra institucionalidad como en el tejido social. Su objetivo es invisibilizar, bajo un manto de pseudolegalidad, sus actividades económicas ilícitas e integrar las ganancias provenientes de mercados ilegales en las economías lícitas del país. Este proceso no solo fortalece su influencia, sino que también debilita las capacidades del Estado para combatir eficazmente estas redes criminales.

A pesar de los sombríos desafíos que enfrenta Chile, aún existe un margen considerable para actuar. Si bien las amenazas del crimen organizado y las economías ilícitas están en expansión, el país mantiene la capacidad de fortalecer sus instituciones y restaurar el control sobre sus territorios. La clave radica en una respuesta concertada y efectiva, que trascienda las diferencias políticas y se enfoque en la colaboración entre los sectores público y privado, así como en el compromiso de la sociedad civil.

Chile tiene un historial de resiliencia y, con la cooperación internacional y una estrategia de largo plazo, puede frenar la rapidez de avance de estas amenazas. Junto con reforzar las políticas de seguridad y el marco legal, será necesario combatir las redes de corrupción, resguardando los derechos humanos, en especial los de los migrantes y las comunidades vulnerables.

La tarea es ardua, pero no imposible. Si se actúa con decisión y unidad, Chile puede concretar un futuro más seguro y estable, donde el Estado de derecho y la democracia prevalezcan sobre la violencia y el crimen organizado.

También te puede interesar: