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Fiscalía solicitó prisión preventiva para el desaforado parlamentario. La arista “Manicure” involucra convenios por más de $700 millones con el Gobierno Regional de La Araucanía. La audiencia continuará mañana con la defensa de Ojeda.
Este jueves se vivió la primera jornada de formalización de cargos contra el diputado independiente y exmiembro de la bancada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, por delitos reiterados de fraude al fisco, en el marco del denominado “caso Manicure”. Esta arista forma parte de una serie de investigaciones relacionadas con la transferencia de fondos públicos a fundaciones, a través de convenios gestionados por el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, durante la gestión del exgobernador Luciano Rivas (cercano a Evópoli).
Durante una audiencia que se extendió por más de seis horas, el fiscal Carlos Cornejo solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco la medida cautelar de prisión preventiva para el desaforado parlamentario. Tras escuchar la argumentación de la Fiscalía, que repasó el rol de Ojeda en el entramado de corrupción, la jueza Leticia Rivera decidió decretar un receso hasta este viernes, momento en que el abogado defensor, Raúl Pérez Cofré, podrá presentar su versión de los hechos.
La investigación del Ministerio Público se enfoca en una red de corrupción relacionada con convenios por más de $700 millones firmados entre el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc, representadas por Rinett del Pilar Ortiz Rivera. En este caso, ya han sido formalizados tanto Rinett como su hermano Juvenal Ortiz. La Fiscalía sostiene que Ojeda desempeñó un papel clave en la gestión de los recursos públicos, realizando gestiones con funcionarios del GORE para asegurar que las fundaciones cumplieran con los requisitos para acceder a los fondos, además de gestionar préstamos con intereses a favor de estas entidades.
Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, precisó que entre agosto y octubre de 2022, Ojeda “proporcionó directamente y gestionó financiamiento para la fundación Folab, por un monto total de 85 millones de pesos”. Además, el imputado habría intercedido ante el GORE para la adjudicación de proyectos e iniciativas a Folab, “a pesar de conocer la precaria situación económica” de la fundación, y de haber comprometido recursos propios y de terceros para garantizar su funcionamiento, siempre bajo la calidad de diputado.
El caso Manicure se inició tras la declaración de Rinett Ortiz, quien detalló cómo el diputado Ojeda fue quien le propuso la postulación a proyectos financiados por el GORE, particularmente enfocados en capacitaciones. Según el fiscal Cornejo, esta propuesta fue el “hito inicial” de la investigación, lo que puso en marcha una serie de indagatorias sobre los fondos públicos destinados a estas fundaciones.
En una declaración posterior, el propio Ojeda se mostró expectante ante la formalización, asegurando que esperaba “con ansias” poder conocer todos los detalles del caso para poder exponer su versión. “La gente que me conoce no necesita una explicación. Yo creo que he dado muestra suficiente durante toda mi trayectoria pública y también privada de que jamás en la vida le he fallado a ninguna persona en algo que tenga que ver con asuntos de probidad”, dijo el parlamentario. Además, aseguró que no existía “peligro de fuga” y reafirmó su disposición para colaborar en el desarrollo de las audiencias.
Sin embargo, la Fiscalía presentó un elemento clave que genera suspicacias sobre la integridad de la evidencia: el celular de Ojeda, que almacenaba gran parte de los chats entre los involucrados, fue encontrado completamente destrozado. El diputado explicó que el daño había sido causado por su hijo, pero los peritajes revelaron que los daños eran tan profundos que solo un golpe brusco podría haber causado tal deterioro.
En cuanto a las posibles consecuencias legales, el fiscal Garrido explicó que la pena asociada al fraude al fisco puede superar los cinco años de prisión efectiva. Según la Fiscalía, los antecedentes reunidos apuntan a que Ojeda actuó como autor y cooperador en el delito de fraude al fisco reiterado, lo que podría resultar en penas severas. Además, se sostiene que el imputado se benefició directamente de los fondos públicos transferidos a las fundaciones, al ser uno de los primeros en recibir dinero tanto para sí mismo como para terceros.
La indagatoria también reveló que el actuar de Ojeda afectó a unas 200 mujeres inscritas en programas de capacitación en Temuco y Padre Las Casas, quienes se vieron perjudicadas por el incumplimiento de los proyectos gestionados por las fundaciones, lo que impidió la continuación de sus capacitaciones y la realización de las labores previstas.
