Reforma de pensiones: nuevas piedras aparecen en el camino

En los pasillos del Congreso, esta semana, se hizo evidente un importante punto de divergencia en torno a las negociaciones de la reforma de pensiones: de dónde saldrá el financiamiento de los bonos de garantía, tabla de equidad y de cuidadores.

Uno de los escollos más difíciles es definir de dónde saldrán los llamados bonos de garantía de pensiones, sobre lo que hay un entendimiento en la Comisión de Trabajo del Senado respecto a un pago de 0,1 UF por cada año cotizado para pensionados mayores de 65 años. Esto, con la intención de promover el trabajo formal. Este instrumento actúa como un “suplemento” para asegurar que nadie reciba una pensión por debajo de un nivel considerado digno para vivir.

Aunque hay consenso en avanzar con este beneficio, persisten diferencias sobre cómo financiarlo y los requisitos para acceder a él.

Según explicó el senador Gastón Saavedra (PS), de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, por cada año de ahorro en el sistema, los trabajadores recibirán 0,1 UF, con requisitos adicionales, el que se debe obtener de un préstamo de la AFP al cotizante al jubilar, pero que devuelve el Estado. Mientras que la oposición plantea que el financiamiento incluye varias sugerencias, donde la más desarrollada es que sea de impuestos generales o que salga de un porcentaje de la PGU.

“Nuestra propuesta apunta a una mayor universalización, que es similar a la de la derecha. Contempla aproximadamente 1 millón 300 mil chilenos. Mientras que la propuesta de la derecha, más exigente en requisitos, especialmente para las mujeres, abarca alrededor de 750 mil personas”, detalló Saavedra.

Su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, consultado sobre el financiamiento del bono de garantía, prefirió “pasar”, debido a la controversia que ha habido y a que es un punto sensible en las negociaciones.

En la Cámara de Diputadas y Diputados –instancia a la que recién la próxima semana podría llegar el proyecto– hay todavía más diferencias. Por ejemplo, el diputado opositor Cristian Labbé (UDI), de la Comisión de Trabajo, ha planteado varias opciones.

“¿Cómo aumentamos esos ingresos de los recursos? Con una mayor eficiencia en el gasto (…). También se debería analizar la creación de un aporte en el que se cotice un 1% en cada acto de consumo que se encuentre asociado al IVA. Esta medida no solo fortalecería la cotización individual de cada trabajador, sino que también sería un incentivo a la formalización del mercado”, señaló a El Mostrador.

El debate del bono tabla de equidad

Otro punto crucial en la discusión es el bono tabla, que busca igualar las pensiones entre hombres y mujeres. Este está diseñado para compensar a las mujeres, debido a que hasta ahora se considera que tienen mayor expectativa de vida y reciben una pensión disminuida en relación con un hombre. En definitiva, se busca entregar un complemento para que las mujeres reciban pensiones más justas, equilibrando las desigualdades generadas por su situación laboral –deficiencias del mercado y lagunas previsionales– y expectativa de vida más alta.

Este bono se pagaría a los 65 años y su cálculo se realizaría al momento de jubilar. A pesar de que hay un acuerdo en su implementación, el oficialismo sostiene que el 0,5% propuesto no es suficiente y se requiere un 0,8% y que debe salir de los 6 puntos adicionales de la nueva cotización. Mientras que en la oposición se argumenta que debe ser un 0,5% que provenga del empleador.

El diputado Andrés Giordano (FA), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, expresó que las tres medidas, más que bonos, son beneficios.

“Son compensaciones contra contingencias propias de un seguro social, como en todos los países del mundo, por lo que deben salir del sistema contributivo. Es decir, de las cotizaciones. De hecho, los beneficios sociales del seguro de cesantía, del sistema de salud, incluso del privado, del seguro de invalidez y sobrevivencia, y del seguro contra accidentes y enfermedades profesionales, se financian así, contributiva y colectivamente, y son permanentes”, afirmó Giordano (FA).

Saavedra destacó que la diferencia actual es del 43% y, para abordar esta brecha, se requiere un financiamiento que –según su propuesta– debería ser de un punto de la cotización adicional.

“En el bono tabla, la propuesta de la oposición ha sido 0,5 o 0,6. Pero no nos alcanza. Necesita al menos un punto del 6%. Y con eso, entonces, se podría pagar esto. Ese es un punto de divergencia. El otro punto de divergencia es la licitación del stock, en donde allí se interviene la industria de las AFP”, puntualizó el senador Saavedra.

En la oposición, el diputado Labbé sostuvo que, para mejorar las pensiones de los chilenos, “no tenemos que quitarles parte de sus ahorros a los trabajadores formales del país, sino que hacer uso de los recursos fiscales”.

Su par Henry Leal (UDI) señaló que el bono tabla “debe ser un aporte del empleador, un 0,5% de cotización”. Y agregó: “El 6 se debe mantener intacto para la cuenta individual. (…) El tema del préstamo (o bono de garantía) sería con aumento de concesión, 0,5% adicional con cargo al empleador. Y el 1,5 para el préstamo heredable contabilizado a la cuenta individual”.

En tanto, el diputado Alberto Undurraga (DC) consideró que, para financiar los tres bonos en el acuerdo, se “requerirá de fuentes mixtas de financiamiento con 1% de cotización (incluyendo compensación a mujer) y 2% de préstamo de afiliados”.

Por último, se está analizando un seguro para cuidadores, un tema que también carece de consenso y requiere financiamiento. En la oposición señalan que aún no se toca el financiamiento de la medida. Mientras que en el oficialismo plantean que, si bien no se ha abordado, originalmente debía financiarse con parte del 0,5 de la nueva cotización. A lo que la derecha se opone.

“En ese punto, debemos tener una conversación con los senadores, en caso de que sea parte del acuerdo”, puntualizó el diputado Leal.