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Foto: AgenciaUNO
Estos registros, captados por cámaras cercanas a la casa de la víctima el 11 de octubre, desaparecieron después de ser incautados por la Brigada de Contrainteligencia. Fiscales sospechan que Monsalve pudo haber interferido. La Comisión Investigadora citará nuevamente a autoridades de la PDI.
El caso que involucra al encarcelado exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sigue tomando giros inesperados, especialmente tras la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que expone una posible obstrucción a la investigación. El documento revela la pérdida de registros clave para la indagatoria tras la intervención de detectives de contrainteligencia.
Recordemos que Monsalve (expulsado del Partido Socialista) está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte luego de que una mujer de 32 años lo denunciara por un ataque sexual. Sin embargo, un aspecto crucial del caso involucra la sospecha de que el exfuncionario ordenó acciones que podrían haber afectado la recolección de evidencia.
Según los fiscales a cargo del caso, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, se percataron de que Monsalve había solicitado a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, realizar gestiones antes de que se presentara la denuncia formal. Esta solicitud fue vista como un posible intento de alterar o interferir con pruebas. En este sentido, Armendáriz expresó que esas acciones podrían haber tenido como objetivo “alterar evidencia que podría ser clave en el caso”.
Hasta ahora, no se había revelado públicamente información sobre la desaparición de pruebas en el marco de la investigación. Sin embargo, un informe consignado este miércoles por La Tercera ha puesto al descubierto que videos fueron levantados por la PDI el 11 de octubre, tres días antes de que se interpusiera la denuncia. Estos videos, que fueron capturados por cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la víctima, ya no están disponibles.
El informe detalla que “la intersección de calles General Mackenna y Amunátegui, comuna de Santiago, corresponde al lugar de residencia de la víctima”, y que, en un principio, se revisaron diversas cámaras de seguridad. No obstante, los resultados no fueron satisfactorios. “No se logró obtener resultados positivos, por cuanto a la inspección ocular y empadronamiento realizado a residentes del sector, estos manifestaron no contar con respaldos de la fecha de la comisión del delito”, señala el documento.
A pesar de que no se encontraron registros inmediatos, el informe revela que, el 21 de octubre, un grupo de comisarios se dirigió al Cuartel General de la PDI en General Mackenna para incautar los registros de las cámaras de seguridad que podrían estar relacionados con el caso. Allí, el agente policial Rodrigo Jiménez les indicó que “con respecto al registro de la cámara ubicada en la citada intersección del día 22 de octubre, ya no existían los respaldos, ya que se sobreescriben”. Sin embargo, Jiménez agregó un detalle clave: “Los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre de 2024”.
Este dato genera aún más inquietud, ya que los videos incautados por Contrainteligencia no fueron entregados para su análisis. El informe explica que, el 25 de octubre, el fiscal Francisco Jacir recibió un disco duro con los respaldos solicitados, pero “a la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrado en dicho dispositivo de almacenamiento”. Este hecho fue debidamente informado a través de un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana.
Cabe destacar que, aunque los videos de la cámara en cuestión no pudieron ser recuperados, el informe menciona que sí se lograron rescatar otros videos de diferentes cámaras situadas en el perímetro del cuartel general de la PDI.
Este incidente ha desatado un fuerte rechazo en el ámbito político y judicial, ya que la desaparición de pruebas podría constituir un grave obstáculo para la investigación. Los fiscales han señalado que, si se confirma que la evidencia fue manipulada o destruida, esto podría tener consecuencias legales severas para los implicados.
La desaparición de estas pruebas ha generado un fuerte rechazo entre los parlamentarios que integran la Comisión Investigadora del Caso Monsalve. El diputado Miguel Mellado (RN), presidente de la comisión, calificó el hecho de “tremendamente preocupante”, señalando que “es gravísimo comprobar que Inteligencia de la PDI haya hecho desaparecer pruebas importantes, sobre todo las grabaciones cercanas al domicilio de la víctima”. Según Mellado, la situación es aún más grave porque contradice lo afirmado previamente tanto por la PDI como por su director, quien había asegurado que todo el procedimiento se había realizado conforme a la ley.
El diputado Mellado adelantó que van a volver a citar al director de la PDI, Eduardo Cerna, y también al jefe de inteligencia subrogante, Juan Carlos Bustos, que —según el parlamentario RN— “fue bastante parco, hasta medio insolente, pero aquí le quiero decir que usted no está por sobre la ley y tiene que responder a la Comisión Investigadora como corresponde”.
“Si nos mintió va a ir a otro estamento donde tiene que responder, pero acá las cosas hay que darlas de cara a la ciudadanía y a la luz de lo que aparece en los medios de comunicación, la Policía de Investigaciones está quedando manchada en su actuar, porque no es un actuar correcto traspasar la ley de inteligencia por un hecho personal y más encima hacer desaparecer pruebas”, fustigó Mellado.
La diputada independiente de la bancada PPD, Camila Musante, también miembro de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve, calificó como una situación de “abuso de poder” la pérdida de registros de cámaras en la investigación contra el exsubsecretario. Reivindicó la importancia de protocolos ante estos hechos, señalando que durante el periodo de 48 horas que la exautoridad se mantuvo en el cargo “se podía generar este tipo de órdenes y situaciones”.
Tras hacerse pública la pérdida del registro, la parlamentaria manifestó que “precisamente es el riesgo que vimos apenas nos enteramos de que había existido una solicitud para revisión de las cámaras a propósito de la denuncia por el delito de violación que pesa contra el exsubsecretario, el señor Monsalve”.
“El problema de que se haya mantenido durante 48 horas al exsubsecretario del Interior en el cargo, era precisamente que se podía generar este tipo de órdenes y situaciones de abuso de poder. Y es lamentable porque finalmente esta puede ser una prueba muy relevante o muy determinante para un juicio que está en curso por un delito gravísimo como es el de violación, y ya está adulterada”, agregó.
Por este motivo, resaltó que “es tan importante que los protocolos se activen a tiempo y de buena manera en denuncias de estas características, porque sabemos que los delitos de connotación sexual, en particular la violación, son muy complejos de probar.
“Si nosotros queremos dar garantías de que las mujeres se atrevan, y en general quienes sean víctimas de un delito de connotación sexual se atrevan a denunciar, tienen que existir al menos las mínimas garantías de que las autoridades que están a la cabeza de las policías de nuestro país no van a incurrir en abusos de poder, como solicitudes de revisión de cámaras y otras cosas que no correspondan”, enfatizó la jefa de bancada IND-PPD.
Además de esta situación, expuso que “también hay algunas irregularidades que se detectaron a partir de la Comisión Especial Investigadora, sumado a este antecedente de la adulteración que habría existido de las cámaras, y es que el teléfono a partir del cual se realizaron las diligencias era un teléfono de reemplazo. Eso también es una situación irregular y lo mencionó el jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones”.
“Mal por el juicio, mal por la prueba que se puede rendir en él y mal también por la constatación de abuso de poder de parte del ex subsecretario”, finalizó.
