Jorge Correa Sutil calificó como grave error la fallida compra de la casa de Salvador Allende, señalando que quienes participaron deben asumir responsabilidades, pero descartó que las normas constitucionales afecten directamente a Isabel Allende o Maya Fernández.
El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, se refirió al caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, calificando el episodio como un error grave que amerita la salida de quienes participaron en el proceso. Asimismo, defendió que, según la institucionalidad vigente en Chile, este hecho no afecta directamente a la senadora Isabel Allende ni a la ministra de Defensa, Maya Fernández, cuestionando los argumentos de la oposición que buscan involucrarlas.
En diálogo con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Correa Sutil comentó: “Las personas que trabajaron en esto deberían asumir su responsabilidad. Cuando se comete un error de este calibre, cuando se ensucia la memoria del presidente Allende, cuando se arriesga el cargo de una senadora, hay que responder, poner la carita e irse“. Además, señaló que la ignorancia, la falta de experiencia y la ausencia de una revisión adecuada fueron determinantes en este caso.
Respecto a la senadora Isabel Allende, el exsubsecretario del Interior argumentó que, si bien celebró el contrato, su destitución no se alinea con los principios constitucionales. “El texto literal de la Constitución es claro, pero esta disposición tiene una finalidad: evitar actos corruptos o indebidos que favorezcan patrimonialmente a los parlamentarios. Hasta donde entiendo, aquí no hay ningún acto de corrupción o beneficio patrimonial indebido”, explicó.
Asimismo, descartó que el Tribunal Constitucional tenga atribuciones para resolver sobre la situación de Maya Fernández. “El tribunal conoce inhabilidades e incompatibilidades, pero no actos prohibidos de los diputados o senadores. Para eso están la Contraloría o una acusación constitucional”, afirmó.
El abogado concluyó señalando que, aunque el contrato no se perfeccionó completamente, el debate debe enfocarse en la finalidad de la norma constitucional y no solo en su letra. “La destitución de la senadora Allende no serviría a los valores que protege la Constitución. No se protege el Estado de Derecho con su salida, salvo que se demuestre corrupción, lo cual no ha sido el caso hasta ahora”, finalizó.
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