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En un seminario organizado por el Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se discutieron los alcances del proyecto de ley que modifica el sistema notarial. La iniciativa se tramita hace seis años y, recientemente, fue aprobada por el Senado.
Sobre el origen, vericuetos, idas y venidas de esta reforma y hacia dónde va, se discutió en el seminario “La nueva regulación notarial”, organizado por el Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que reunió al Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg; el presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Swett; el jefe de la División Judicial, del Ministerio de Justicia, Héctor Valladares; la profesora de Derecho Procesal de la U. de Chile, Flavia Carbonell, y el abogado, experto en libre competencia, Sebastián Castro.
El debate lo inauguró Jorge Grunberg, quien señaló que actualizar la regulación del sistema notarial es una deuda pendiente, reconocida por gobiernos de distinto signo político, “que durante las dos últimas décadas han impulsado diversas iniciativas de reforma que no han podido prosperar”.
En lo esencial la reforma actual contempla un nuevo sistema para nombrar a notarios, conservadores y archiveros judiciales, a través de Alta Dirección Pública y con un examen de por medio. Se entregará una terna con los mejores puntajes al ministro de justicia, quien elegirá.
Se incluyen normas de prohibición en el nombramiento de parientes en el sistema de notarías. Se fortalecen los mecanismos de control de la calidad del servicio que proveen notarios y conservadores. Se establece como edad máxima para ejercer los 75 años. Hoy existe una larga lista de notarios mayores de 80 e incluso 90 años.
Para Jorge Grunberg, tras 16 años desde que se hiciera un primer esfuerzo por parte del Ejecutivo por reformar los aspectos orgánicos y funcionales del sistema notarial, nunca se ha estado tan cerca de lograr una modificación. Aunque, admite, aún quedan desafíos pendientes.
Las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, añade Grunberg, procuraban generar mayor competencia entre notarías. “El proyecto no incorpora, bajo su actual formulación, reglas que faciliten la realización de trámites a distancia. La versión aprobada por la Cámara contemplaba un repositorio digital administrado por el Registro Civil, lo que significaba un sistema electrónico uniforme y centralizado para todas las notarías del país”.
El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y DDHH, Héctor Valladares, destacó que la reforma “representa un avance muy significativo para garantizar un buen estándar de atención a los usuarios, asegurar el cumplimiento de aranceles y generar un sistema transparente y que permita igual acceso para competir por estos cargos”.
Valladares señala que entre las innovaciones está el involucramiento del Sernac para defender a los usuarios, la regulación de procedimientos de fiscalización y sanción por los fiscales judiciales, la eliminación de la discrecionalidad en el nombramiento de cargos, trasladando el sistema hacia la Alta Dirección Pública y generando un sistema muy estricto de inhabilidades.
“El ministro Jaime Gajardo y el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, han definido este proyecto como prioritario y central dentro de la agenda del sector justicia, cuestión que se ha reflejado en la consistencia y persistencia que ha tenido el ejecutivo en su tramitación”, sostuvo.
Por parte de la Asociación de Notarios, Carlos Swett señaló que los notarios no están en contra de la reforma y que valoran la simplificación de algunos trámites. Aunque, agrega, tienen algunos argumentos para cuestionar el proyecto, como “la pérdida del rol social de asistencia jurídica y ciertos servicios gratuitos que cumplen los notarios, particularmente en ciertas localidades”.
“Nuestro sistema notarial realiza más de 15.000.000 de atenciones anuales y menos del 0,001% de ellas ha sido objeto de una reclamación judicial. Este régimen se encuentra implantado en alrededor de 120 países, representando 2/3 de la población mundial y más del 60% del Producto Interno Bruto mundial”, argumentó Swett.
Para el experto en libre competencia Sebastián Castro, el proyecto de reforma es un maquillaje a lo existente: “El proyecto fue retomado en este gobierno y el Senado lo recortó y dio el gusto en gran parte a la familia notarial. En el estado actual, la propuesta no afecta de manera relevante el funcionamiento del mercado”.
