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Imagen de archivo (AgenciaUno)
El economista y experto en corrupción Eduardo Engel señala en una columna que la sospechosa eclosión de barberías, ópticas y tiendas de mascotas, así como la falta de transparencia en los clubes de fútbol se podrían despejar si se supiera quiénes son los verdaderos dueños.
La necesidad de contar con un Registro de Beneficiarios Finales (RBF) para combatir el lavado de activos en Chile destacó el economista Eduardo Engel, en una columna en El Mercurio, en la cual recordó que en los últimos años ha habido “un aumento significativo en la apertura de barberías, tiendas de mascotas y ópticas, lo que ha generado dudas sobre si estas tendencias responden a un incremento real de la demanda o a posibles estrategias de lavado de dinero. La falta de información sobre los verdaderos propietarios de estas empresas dificulta disipar estas sospechas”.
Lo mismo, aseveró el expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción, sucede con los clubes de fútbol, “cuyos propietarios finales son en muchos casos desconocidos. Esta falta de transparencia podría propiciar prácticas ilícitas como el amaño de partidos o la manipulación de precios en transferencias de jugadores. Además, existen dudas sobre posibles conflictos de interés, como la participación de árbitros en clubes, pero sin un mecanismo efectivo para identificar a los beneficiarios finales, estas interrogantes permanecen sin respuesta”, señaló.
En dicho sentido, argumentó que se requiere de un RBF “que abarque a todas las personas jurídicas, incluidas aquellas sin fines de lucro y otras entidades como fondos de inversión”, con el objetivo de “identificar a los verdaderos dueños o controladores de estas estructuras, revelando las fracciones de propiedad que poseen, ya sea de forma directa o a través de complejas estructuras societarias”.
Aunque Engel señaló que no se trata de una tarea sencilla, un ejemplo es cómo lo hicieron en el Reino Unido, luego de que por décadas “Londres fue señalada como un centro de lavado de dinero, con propiedades de alto valor registradas a nombre de empresas fantasma”. Sin embargo, explica que tras la invasión de Rusia a Ucrania se implementó un RBF “efectivo, considerado un instrumento crucial contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal”.
Según rememora, ya en 2016 Jeannette von Wolfersdorff realizó una primera propuesta al respecto, seguida de varias más, iniciativas que “encontraron resistencia en algunos sectores, incluido el empresarial, donde surgieron críticas basadas en el temor de que Chile adoptara medidas solo por presión internacional”.
Hoy en día, comenta Engel, la nueva ley de compras públicas exige que “que los proveedores del Estado transparentaran a sus beneficiarios finales” y aunque la Comisión Jaraquemada “propuso extender el RBF a todas las personas jurídicas, medida respaldada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)”, a fines de 2024 el gobierno presentó un proyecto de ley que amplía el registro, “aunque excluyendo a más organizaciones sin fines de lucro de lo ideal”.
Todo ello, en momentos en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “posiciona a Chile por debajo del promedio latinoamericano en transparencia de beneficiarios finales, superado por países como Ecuador, Guatemala y México”.
