La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda, acusado de fraude al fisco en el caso Manicure. La decisión se basa en el riesgo que representa para la seguridad pública y las graves acusaciones en su contra.
La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió este lunes mantener la medida de prisión preventiva contra el desaforado diputado Mauricio Ojeda (Rep= acusado de fraude al fisco en el marco del caso Manicure, una arista del caso Convenios. La decisión fue adoptada de forma unánime por la Tercera Sala del tribunal, integrada por Cecilia Aravena, Georgina Gutiérrez y el abogado Luis Díaz.
Los magistrados consideraron que la libertad de Ojeda representa un peligro para la seguridad de la sociedad. La defensa del parlamentario había solicitado el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario, petición que fue rechazada.
El fiscal regional de La Araucanía, Carlos Cornejo, expresó su satisfacción con el dictamen y afirmó que las pruebas recolectadas aseguran la implicancia de Ojeda en los hechos investigados. “La pena que enfrentaría supera los 10 años y un día de privación de libertad. Incluso en una postura prodefensa, los elementos no permitirían optar por una sanción menor a cinco años”, indicó el fiscal.
Desde el pasado 3 de enero, Ojeda cumple prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. No obstante, su abogado defensor, Raúl Pérez Cofré, solicitó su traslado a la penitenciaría Capitán Yáber en Santiago, lo cual deberá ser evaluado por Gendarmería.
Ojeda es investigado por su participación en el desvío irregular de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía hacia las fundaciones Folab y Educc. Estos recursos estaban destinados a financiar cursos de peluquería, manicura y pedicura para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, actividades que nunca se llevaron a cabo.
De acuerdo con la acusación, el desaforado diputado facilitó préstamos con un interés del 3% a los responsables de las fundaciones, permitiéndoles aparentar solvencia económica para postular y recibir fondos públicos. La jueza Leticia Rivera, del Juzgado de Garantía de Temuco, calificó a Ojeda como “un peligro para la seguridad de la sociedad”, lo que justificó la medida cautelar de prisión preventiva desde el inicio del proceso judicial.
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