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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el recorte fue mandatado por la ley. “No es una tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”, señaló. Desde el oficialismo calificaron el recorte como “grave” y llamaron a reponer los recursos.
Una serie de críticas manifestaron parlamentarios de todos los sectores ante el anuncio de un recorte de 7 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio Público. Fue el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo de cara a 2025, señalando que “es un recorte muy significativo” que “impacta directamente las capacidades que tenemos para investigar el crimen organizado y delitos graves”.
Desde el Gobierno, la ministra Aisén Etcheverry explicó que el presupuesto del Ministerio Público “es el resultado de una negociación” en el Congreso, recalcando que este “no merma el esfuerzo que hemos hecho como Gobierno de aumentar los presupuestos en materia de Seguridad”.
Sin embargo, Valencia aseguró que la reducción “impacta directamente en actividades tan importantes como, por ejemplo, la investigación que se lleva adelante contra el cartel Jalisco Nueva Generación, la semana pasada, en que efectivamente fue una investigación en la que participó el OS7 de Carabineros, pero que dirigió un fiscal”. “Por lo tanto, es necesario proteger el presupuesto del Ministerio Público, no se entiende la disminución”, insistió.
Quien salió a explicar el recorte fue el ministro Mario Marcel quien dijo que “en la ley se estableció en una glosa en el tesoro público, que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios”. De esta forma y dados los problemas de seguridad del país, aclaró que “se exceptuó a un conjunto de instituciones, entre ellas, dentro del ámbito de la seguridad, estaban las policías de Carabineros, de investigaciones y Gendarmería de Chile”.
El secretario de Estado aseguró que “la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año. Y, por lo tanto, se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en alguna institución, en este caso el Ministerio Público”. Marcel replicó que “la señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley”.
Pese a que este recorte fue aprobado durante la tramitación de la ley de presupuestos, para el diputado Andrés Longton (RN), integrante de lasa comisiones de Constitución y Seguridad, lo que hace el ministerio de Hacienda es de “un descriterio total”. De acuerdo al parlamentario había un compromiso de no recortarle recursos a instituciones encargadas de la seguridad. “Por razones obvias y porque vivimos la mayor crisis de seguridad en la historia de nuestro país”. Por lo mismo solicitó al Gobierno “que eche pie atrás y que se dedique a recortar recursos en áreas donde claramente no hay ningún tipo de prioridad y se refieren más a cosas ideológicas que a urgencias solicitadas por la ciudadanía”.
En esa misma línea, las senadoras de Renovación Nacional, Paulina Núñez y María José Gatica, rechazaron este recorte. La senadora Núñez dijo que “no es posible borrar con el codo lo que se escribe con la mano”, precisando que “el Ejecutivo no puede tener prioridades contradictorias. Es incomprensible que, por un lado, impulse un fast track legislativo en materias de seguridad y orden público, mientras que, por otro, recorte el presupuesto del Ministerio Público, que es, por esencia, el órgano encargado de la persecución penal, es decir, de investigar los delitos y enfrentar el crimen organizado”.
La senadora María José Gatica lamentó el impacto negativo que esta medida tendrá en las regiones. “Es inexplicable que estemos hablando de mejorar la seguridad de los chilenos y el Gobierno se mande el papelón de recortar presupuesto al Ministerio Público, afectando a las regiones, como es el caso de Los Ríos, por ejemplo”. Aseguró que “necesitamos que se revierta esta decisión”.
El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya agregó que “es absolutamente grave el recorte del presupuesto del Ministerio Público en plena crisis de seguridad. Que tengamos siete mil millones menos para que funcionen las investigaciones, para que se hagan pericias, para la detención de víctimas, para seguridad de fiscales, para la persecución del crimen organizado, no tiene ningún análisis, no resiste ninguna lógica”, sentenció el parlamentario.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) aseguró que los efectos del recorte “se pueden ver en el muy corto plazo por incapacidad de llegar a la investigación para llegar al fallo, a la sentencia que los tribunales corresponden en tantos casos de seguridad, ya sea crimen organizado, narcotráfico, migración irregular. Eso es lo que se está pidiendo, que es simplemente revertir esta medida, porque no tiene parangón y es un despropósito en materia del objetivo principal que es el combate a la delincuencia y la inseguridad en Chile”.
Quien explicó el recorte, fue el senador Ricargo Lagos Weber (PPD), asegurando que no fue una situación intencionada y reconoció que “todos nos pusimos de acuerdo, a la hora de tramitar el presupuesto, cómo íbamos a abordar este recorte, y en vez de entregarle la manija de ese recorte a la oposición, que tenía mayoría y podría haber recortado cuánto y dónde quisiera, fue algo concordado, identificando ciertas áreas prioritarias como salud, educación y las policías. Eso se va a reponer en una ley miscelánea que se presentará estos días porque no era la intención, es decir, no se buscó eso”, aclaró.
