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Fuente: Atentos
Las circunstancias para esclarecer que fue un suicidio aún no son precisas en el contexto de la investigación. Sin embargo, el mensaje de la abogada enviado minutos antes de caer de un 14° piso podrían dar pistas que van en ese sentido. Ella habría denunciado maltrato laboral en el chat de trabajo.
El pasado martes 14 de enero, el trágico fallecimiento de una funcionaria sacudió el Ministerio de Hacienda. Se trataba de una destacada abogada de 37 años, quien se desempeñaba hace tres años en la Defensoría del Contribuyente. Según antecedentes recopilados en peritajes, minutos antes del suceso, la profesional había enviado un mensaje a un grupo de trabajo en el que acusaba a dos altos funcionarios del organismo de maltrato laboral.
Dicho aviso fue enviado a las 19:39 horas a través de la plataforma Teams, desde donde la funcionaria escribió: “R. C. R. y V. K. son maltratadores. Avisen a la ACHS. Hagan sumarios”. Poco después, cerca de las 20:00 horas, Carabineros recibió una alerta de los guardias del edificio, quienes informaron que una mujer había caído desde el piso 14 en calle Teatinos, consigna el medio La Tercera.
La Fiscalía Centro Norte, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), descartó preliminarmente la participación de terceros en el hecho. Sin embargo, la Fiscalía de Género continuará investigando las circunstancias que podrían haber llevado a este trágico desenlace.
Paralelamente, la Dirección del Trabajo inició una fiscalización al organismo, un procedimiento habitual en casos de fallecimiento de trabajadores, para evaluar posibles vulneraciones a la Ley Karin o faltas administrativas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció además un sumario interno para esclarecer lo sucedido. “Es una situación que nos genera mucha tristeza, mucho dolor. Queremos enviar nuestro pésame a su familia, compañeros de trabajo y a la institución donde trabajaba”, señaló.
Hasta ahora, las autoridades han mantenido reserva sobre el contenido específico de las investigaciones. Este caso ha reavivado el debate sobre el impacto de las condiciones laborales en la salud mental de los trabajadores del sector público y sobretodo en autoridades de gobierno.
