PAÍS
Nuevos chats revelados por la Fiscalía vinculan a la diputada Catalina Pérez con gestiones irregulares en el caso Democracia Viva, intensificando la solicitud de desafuero por fraude al Fisco.
La Fiscalía Regional de Antofagasta dio a conocer nuevos chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, que estarían en el centro de la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.
La investigación busca avanzar en la formalización de Pérez por fraude al Fisco en calidad de autora, vinculado al traspaso irregular de más de $400 millones hacia la organización.
En los mensajes, que reveló T13, fechados entre 2022 y 2023, se detallan conversaciones sobre los convenios firmados entre Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda. Andrade menciona problemas para concretar los acuerdos y se observan gestiones de Pérez para ayudarlo. En uno de los intercambios, Andrade escribe: “Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas”, en referencia a Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez y exseremi de Vivienda de Antofagasta, también imputado en la causa.
Tras el estallido del caso en 2023, Pérez compartió el contacto de Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, con Andrade, aunque sin contexto. En otro diálogo fechado el 19 de junio, Andrade señala: “Es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías”. Pérez responde: “Ya bacán”. Andrade agrega que junto a Contreras están en “modo guerra” preparando un informe para el ministro Carlos Montes.
Otro chat reveló intentos de Pérez por aparentar normalidad en la supuesta oficina de Democracia Viva en Ñuñoa: “Pongan un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así”, escribió la parlamentaria. Andrade respondió que se harían los ajustes necesarios.
Según el informe de la Fiscalía, muchos mensajes clave fueron eliminados por ambas partes y se habría activado el cifrado de chats con autodestrucción de contenido, dificultando el acceso completo a las pruebas. Estos antecedentes se suman a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra Pérez y otros involucrados en el caso, que tendrá su audiencia de desafuero en febrero próximo.
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