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El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó arraigo nacional al general (r) Roberto Avendaño, imputado por el cuasidelito de homicidio de 38 personas en el accidente del Hércules C-130 en 2019, mientras rechazó su solicitud de sobreseimiento definitivo.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó la medida cautelar de arraigo nacional contra el general (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Roberto Avendaño, imputado por homicidio culposo de 38 personas. Esto en marco de la tragedia ocurrida el 9 de diciembre de 2019, cuando el avión Hércules C-130 cayó en el Mar de Drake durante un vuelo hacia la Antártica, que terminó con la vida de todos sus tripulantes.
En la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del imputado: según el abogado Jorge Martínez, Avendaño otorgó la certificación de aeronavegabilidad de la aeronave basándose en el “principio de confianza,” confiando en verificaciones técnicas previas realizadas por los generales que le antecedieron (logística, armamento y operaciones).
El fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, en contrapunto, expuso que el general en retiro tenía conocimiento de deficiencias técnicas en la aeronave, como el daño estructural en una antena y la falta de una hélice, componentes esenciales para su operación. “El magistrado consideró antecedentes relevantes que permiten fundar su eventual participación en este trágico suceso”, afirmó el fiscal.
“Estamos evaluando los pasos a seguir con el equipo a cargo de la investigación, considerando que se aproxima el cierre de este proceso. Nuestra prioridad es esclarecer las circunstancias de este hecho y determinar responsabilidades”, agregó el persecutor.
El tribunal desestimó imponer la firma mensual como medida cautelar adicional, considerando como suficiente el arraigo nacional para garantizar la disponibilidad del imputado durante el proceso judicial.
Tras conocerse el dictamen del tribunal, la defensa de Avendaño rechazó las teorías sugeridas por el Ministerio Público. Argumentaron la existencia de pruebas en la carpeta investigativa que van en línea contraria a la tesis de que el avión colapsó en pleno vuelo. A esto sumaron que la Fiscalía Regional de Magallanes estaría utilizando el informe de un perito que no contaría con las competencias necesarias.
