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En su primera visita oficial a Los Lagos, el recientemente nombrado jefe de Bienes Nacionales aseguró que dicha responsabilidad se concretó al pedirle el Presidente Boric la renuncia a Marcela Sandoval: “acá se debió cautelar la globalidad del proceso”.
El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, aseveró que en la fallida compra de la casa de Salvador Allende existió responsabilidad política, y que el Presidente Gabriel Boric la hizo valer de manera temprana.
La adquisición, planeada para convertir la propiedad en un museo, fue cancelada tras las críticas por su falta de prolijidad y los cuestionamientos constitucionales que involucraron a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y a la senadora Isabel Allende (PS).
Figueroa, quien asumió como jefe de la cartera tras la salida de su predecesora Marcela Sandoval por el mismo caso, aseguró que mientras él no apruebe el proceso de compraventa no llegará a su término.
“Acá lo que hubo fue una responsabilidad política, que el Presidente hizo valer muy tempranamente al exigirle la renuncia a la ministra Sandoval, porque acá se debió cautelar la globalidad del proceso”, aseveró Figueroa durante su primera visita oficial a la región de Los Lagos, en la que lideró la entrega de títulos de dominio en Puerto Octay.
El caso, recordemos, aún no resuelve su arista política: durante la mañana del jueves diputados de Chile Vamos ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para pedir la destitución de la senadora Allende, además de no descartar una ruta similar que apunte contra Maya Fernández.
“La senadora Allende, en conjunto con otros copropietarios, habría celebrado este contrato con el Fisco mientras ocupaba su cargo como parlamentaria, configurándose una causal de cesación que debe ser evaluada por el Tribunal Constitucional”, advirtió Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI y uno de los firmantes de la solicitud.
Algo que podría extenderse contra la titular de Defensa, advirtió también, y que no se concreta debido a que no tienen la certeza de proceda dicha acusación ante el TC.
“Pero, como hemos dicho, tenemos otras herramientas fiscalizadoras para hacer valer todas las responsabilidades políticas, administrativas, y eventualmente legales que hay involucradas”.
