Abogado de Antonio Jalaff refuta cargos “demenciales” de fraude: “Mi cliente quería pagar”

La séptima jornada de la megaformalización de los casos Hermosilla y Factop, estuvo protagonizada por el abogado Cedric Bragados y la defensa de Antonio Jalaff, imputado por los delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. En una extensa exposición que se prolongó por más de una hora, Bragados criticó fuertemente las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, asegurando que las intenciones de su cliente nunca fueron fraudulentas.

Se trata de las responsabilidades relacionadas con la administración del fondo Capital Estructurado I o “fondo corneta” —que también salpica a formalizados ejecutivos de LarrainVial Activos AGF y la matriz de la compañía— cuyo objetivo era realizar un salvataje de Antonio Jalaff, emitiendo un fondo de deudas para una de sus empresas, cuando él aún mantenía una participación accionaria importante en el Grupo Patio.

Según Fiscalía, dineros originados en actividades ilícitas fueron utilizados por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y Luis Flores —socios del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF— “para financiar a grupos económicos y personas de su círculo cercano, entre ellos los imputados Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo”.

Detrás de esta operación habría estado Daniel Sauer, quien instruyó a trabajadores de Factop emitir facturas ideológicamente falsas, detallando los montos, empresas a utilizar, y la forma de anular las facturas. Su hermano Ariel se habría encargado del registro contable y el control de deudas, y Topelberg de las transferencias a los financiados.

“Este mecanismo de financiamiento se realizó mediante el otorgamiento de líneas de crédito en favor de los imputados Álvaro y Antonio Jalaff, que alcanzaron aproximadamente los $4.500 millones para cada uno. A Luis Hermosilla se le otorgó una sublínea de crédito avalada en la línea de crédito de Álvaro Jalaff, que alcanzó los $356 millones”, detalló el Ministerio Público en jornadas anteriores.

“El señor Antonio Jalaff lo único que quería era pagar esa deuda”

“En mis cuarenta años de carrera profesional jamás había presenciado que se intente encarcelar a una persona por querer cumplir con sus compromisos”, afirmó Bragados al inicio de su intervención, defendiendo la postura de Jalaff, quien según el abogado, siempre mostró voluntad de saldar sus deudas. “¿Cuál fue la voluntad del señor Jalaff hacia este grupo de asesores, amigos y hermanos? Pagar todas sus deudas, y para ello expresó estar dispuesto a ofrecer toda su participación en Grupo Patio a los acreedores”, sostuvo Bragados.

El defensor también desmintió la acusación de que las deudas de Jalaff tuvieran un origen ilícito. “Quisiera decir que respecto de Antonio Jalaff no tenían un origen ilícito, porque existía una documentación de respaldo”, señaló Bragados. Según el abogado, las facturas utilizadas por Jalaff como garantía de pago fueron legítimas y su cliente nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. “El señor Antonio Jalaff lo único que quería era pagar esa deuda y por algún motivo esas facturas que eran utilizadas, porque como mecanismo mercantil podrían ser utilizadas por terceros, ese tercero iba a tener la seguridad del pago del señor Jalaff”, agregó.

En respaldo a su defensa, Bragados citó declaraciones del abogado y gerente legal de la empresa Zurich, Mauricio Santos, quien afirmó que “de todas las facturas dadas en garantía, los únicos deudores que la pagaron fueron Antonio y Álvaro Jalaff”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la declaración prestada el 24 de octubre pasado en la Fiscalía por el hasta hace poco socio gestor de LarraínVial, Manuel Bulnes Muzard, fue Álvaro Jalaff quien lo contactó en 2022 con el fin de emitir deuda en favor de su hermano Antonio, dejando para ello, como garantía, las acciones que este poseía en sociedades que, a su vez, controlaban cerca del 5% de Patio, a lo que sumaba otro 2% que le correspondería “por la posesión efectiva de su padre” –como explicó–, agregando que “el área de finanzas corporativas de LV se hizo cargo de la solicitud”. Hasta fines del año pasado dicha área se encontraba a cargo de uno de los ejecutivos más importantes de LarrainVial, Felipe Porzio Honorato, de 51 años. Bulnes y Porzio también son parte de la megaformalización.

Acusaciones “demenciales”

El abogado de Jalaff también refutó las críticas del Ministerio Público sobre los reconocimientos de deuda, señalando que las acusaciones de que estos se firmaban “entre gallos y medianoche” eran “demenciales”. “Mi cliente quería pagar”, enfatizó Bragados, quien insistió en que no se puede acusar a Jalaff de estar involucrado en un esquema fraudulento cuando él estaba buscando la forma de saldar sus deudas. “¿Cómo pudo haber él contribuido a un fraude si el pago de sus intereses estaba financiando este esquema que se ha denominado en algunas partes de la carpeta investigativa como un esquema piramidal?”, se preguntó.

En relación con los préstamos otorgados por Factop, Bragados sostuvo que Jalaff recibió una cifra que no supera los $1.000 millones en los últimos cinco años, una cantidad que consideró relevante, pero que en comparación con las cifras señaladas por la Fiscalía, “son sideralmente menores”. El abogado también destacó que, a pesar de las acusaciones, Jalaff pagó un total de $4.000 millones, de los cuales más de $1.500 millones correspondían a intereses. “La ligazón entre los señores Jalaff y la debacle financiera de Factop no puede ser atribuida a Antonio Jalaff. Era de los pocos que pagaba intereses, y a veces capital de los préstamos”, aseguró Bragados.

En cuanto a las acusaciones de fraude y falsificación, Bragados reiteró que Jalaff “nunca tuvo la intención de defraudar a terceros”. Según su defensa, el imputado no tenía conocimiento de las acciones ilegales de los otros involucrados, especialmente en lo que respecta a la falsificación de documentos mercantiles. “Factop se dedicó a fabricar documentos tributarios consistentes en facturas, que eran falsas”, apuntó el abogado.

Acuerdo con querellante

Por su parte, el abogado Leonardo Battaglia, también defensor de Jalaff, cuestionó la difusión pública del caso y destacó que su cliente ha logrado llegar a un acuerdo reparatorio con Fintrust, el único querellante que le imputa el delito de estafa. Battaglia explicó que el acuerdo está en proceso de cumplirse y que, en el peor de los casos, debe considerarse como un atenuante. “La única estafa imputada a Antonio Jalaff Sanz desaparece”, concluyó.

Fintrust, factoring ligado al empresario Horacio Pavez Aro, entregó un crédito de UF 50 mil a Jalaff y alcanzó a tener prendadas como garantía una porción del Fondo de Inversión Privado (FIP) “360”, uno de los vehículos con que el deudor tenía su participación en Patio. La firma se querelló por estafa en contra de Jalaff, la cual fue agregada a la investigación por el Caso Factop e incluida en la formalización iniciada el 13 de enero.

La defensa reveló que habrían conversaciones hace varios meses para llegar a un acuerdo con Fintrust y que “ya hay un cheque de $ 270 millones con los recursos obtenidos por la venta de Patio” a disposición de la firma. Lo anterior, sumado a otras garantías, permitiría suponer que el factoring recuperará un total de $ 900 millones, añadió.

Según fuentes cercanas a Antonio Jalaff consignadas por Diario Financiero, la transacción ya se habría cerrado pasadas las 10:30 horas.

Además, Battaglia desestimó las acusaciones del Ministerio Público sobre los chats mencionados en la investigación, asegurando que Jalaff no tenía conocimiento de los mismos, y también refutó la gravedad de los delitos que se le imputan.