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“Tras más de 40 años se reconoce deuda histórica”: a ley norma que otorga aporte único a profesores
$4.500.000 serán pagados en dos cuotas, priorizando a los mayores, y exigiendo renunciar a acciones legales, lo que generó críticas en el Congreso. Pese a esto, se valoró el avance como un acto de justicia moral y ética. El proyecto está listo para convertirse en ley.
“Tras más de 40 años se reconoce la deuda histórica”, “es un acto de justicia largamente esperado”, se manifestó durante la aprobación del mensaje que otorga un aporte único a los profesionales de la educación, conocido como proyecto “deuda histórica de los profesores”, el que beneficiará a 57.560 personas que sufrieron perjuicios de índole moral y patrimonial, en lo previsional y social, en la década de los 80.
El proyecto contempla un aporte único de $4.500.000, que será pagado en dos cuotas: la primera en enero y la segunda en octubre. Sin embargo, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos renunciar expresamente a presentar reclamaciones legales a nivel nacional o internacional, un punto que generó debate en el Congreso.
Los beneficiarios se priorizarán según su edad, comenzando por las personas mayores. Aunque transversalmente se reconoció la importancia del avance, también se manifestaron críticas respecto al monto y al tiempo de pago. “Hubiéramos esperado un monto mayor y un menor tiempo para el pago, pero valoramos la lucha constante de las y los profesores y los acuerdos alcanzados”, señalaron parlamentarios de distintos sectores.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó la importancia histórica del momento: “Hoy es un día histórico para nuestro país, para nuestra democracia y para los profesores y profesoras que hoy son testigos del proyecto que busca reparar la deuda histórica”.
El reconocimiento también fue respaldado por múltiples voces del Parlamento. Francisco Chahuán (RN) recordó que la propuesta viene discutiéndose desde 2008 y celebró que finalmente se concrete. Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) afirmó: “Pese a todas las dificultades, el gobierno del Presidente Boric cumple su palabra y hoy estamos a horas de que este proyecto sea ley”.
Sin embargo, no todo fue consenso. Las senadoras Yasna Provoste (DC) y Ximena Rincón (D) expresaron su rechazo a la obligatoriedad de renunciar a futuras acciones legales, calificándolo como una vulneración de derechos fundamentales. En la misma línea, Francisco Huenchumilla (DC) planteó dudas sobre la validez jurídica de esa exigencia, mientras que José Miguel Durana (UDI) la calificó como “matonesca”.
A pesar de estas críticas, el proyecto se mantuvo en los términos iniciales. En palabras de la diputada Claudia Pascual (PC), “me alegra que estén los votos de aprobación, pero me parece insólito responsabilizar a colores políticos que no provocaron esta deuda histórica de no haberla reparado”.
Más allá del monto del aporte, diversos parlamentarios destacaron el valor simbólico y ético del proyecto. Fidel Espinoza (PS) lo describió como una “deuda ética y moral”, mientras que Esteban Velásquez (FRVS) afirmó que este avance es “un gesto simbólico, un intento de acercarnos a un grado de reparación”.
En palabras del senador Jaime Quintana (PPD), “esta es una muestra de justicia, una pequeña reparación. El mundo de la política debe sacar lecciones: cuál es el costo de no enfrentar los problemas a tiempo”. Esta reflexión fue compartida por Loreto Carvajal, quien destacó la frustración de décadas vivida por las y los profesores que esperaban justicia.
Con la aprobación de este proyecto, se cierra un capítulo largo y doloroso para el gremio docente, aunque para muchos aún queda un camino por recorrer en la búsqueda de justicia plena.
