Criminalización del aborto en Chile revela vulneraciones en procesos judiciales y estigmatización

Un estudio presentado por Corporación Miles analizó el tratamiento judicial de causas por aborto en Chile entre 2012 y 2022, el cual dio cuenta de 459 causas judicializadas de mujeres, personas gestantes o tercera personas que fueron acusadas de cometer un aborto consentido, en razón de lo establecido en los artículos 342 N°3 y 344 del Código Penal, obteniendo así un universo de 391 causas que se encuentran públicas, de las que se extraen 444 personas investigadas por dichos delitos. 

De este total, el 10 % de los casos (44 personas) correspondía a abortos espontáneos acreditados que no ameritaban procesos judiciales, mientras que el 38,7 % (172 personas) fue sobreseído definitivamente. 

El informe “Investigación sobre la criminalización del aborto en Chile” es parte de la iniciativa regional “Podría ser yo, por una salud sin miedos”, la que aborda la realidad de otros países de América Latina y el Caribe, documentando la “criminalización” del aborto en la región debido a “graves vulneraciones al debido proceso, estigmatización y denuncias realizadas desde el sistema de salud”. 

“Entre las principales vulneraciones se encuentran la violación al secreto profesional, la estigmatización y los prejuicios de género en los procesos judiciales, así como las afectaciones psicológicas, económicas y sociales derivadas de procedimientos injustificados. Un 43 % de los casos registra violaciones al debido proceso, como detenciones arbitrarias, acceso inadecuado a defensa técnica, uso de lenguaje estigmatizante y la imposición de roles tradicionales de género. Preocupa también que muchas de estas causas no debieron haberse iniciado, especialmente aquellas relacionadas con abortos espontáneos”, dijo a El Mostrador la directora ejecutiva de Corporación Miles, Javiera Canales. 

Investigación cuyos resultados cobran especial relevancia en un contexto donde se espera el ingreso del proyecto sobre aborto legal anunciado por el Gobierno, el que busca la despenalización de la interrupción del embarazo más allá de las tres causales permitidas. 

“Vulneración de derechos fundamentales”

Dentro de los principales hallazgos, el estudio revela que en el 19,6 % de los casos las denuncias provinieron del personal de salud, muchas veces en violación del secreto profesional. Le siguen de conocidos (14,9 %) y vinculadas a la justicia (2,9 %). Sin embargo, en el 59,2 % no se tiene registro de la procedencia de la denuncia. 

Por otra parte, el 73 % de las personas investigadas fueron acusadas de aborto inducido. Además un 9,9 % enfrentó procesos por abortos espontáneos, muchos de los cuales fueron sobreseídos tras la falta de méritos legales. 

Respecto al actuar del personal de salud, Canales advirtió que “a menudo incumplen el deber de confidencialidad, ya sea denunciando directamente, entregando información médica no pertinente o presionando para obtener confesiones en contextos de atención. Estas acciones no sólo vulneran derechos fundamentales, sino que también generan una barrera estructural para que las mujeres accedan a servicios de salud de manera segura y confiable”. 

En relación al perfil de las personas investigadas, son mujeres jóvenes entre 18 y 35 años (65,8 %), principalmente estudiantes o trabajadoras. Además, se registró el caso de una niña de 13 años que fue procesada penalmente, pese a ser inimputable en Chile. 

A la espera del proyecto sobre aborto legal 

Luego de conocerse que la Fiscalía Regional de Antofagasta está investigando a la diputada Catalina Pérez por el delito de aborto -en paralelo a la indagatoria por fraude al fisco-, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema”.

En esa línea, recordó el compromiso del Gobierno para ingresar el proyecto de ley sobre legalización del aborto, cuya presentación inicialmente estaba programada para fines del 2024, pero que finalmente fue postergada sin una fecha definida. 

El retraso se debe al retiro de Contraloría del nuevo reglamento de la ley de aborto en tres causales -que regula la objeción de conciencia en la normativa- con el fin de modificar algunos comentarios “de forma”, para posteriormente tener una toma de razón “lo más próxima posible”. Orellana indicó que luego de que el órgano fiscalizador tome razón de los cambios a la redacción, se ingresaría la nueva iniciativa sobre aborto legal. 

Lo cierto es que según las autoridades de Gobierno, los cambios al protocolo de las tres causales se deben a que en la práctica estaba siendo insuficiente para garantizar que la ley pudiera cumplirse. El reglamento fue presentado el 31 de mayo, y desde ese momento fueron ingresados a Contraloría requerimientos en contra del texto, por parte de la Conferencia Episcopal y otros organismos.

En ese sentido, la secretaria de Estado indicó que “el reglamento se ha demorado más de lo que hubiese esperado, entre otros por una gran cantidad de escritos en contra, por ejemplo, también de los obispados de la Iglesia chilena”.

Por lo mismo, existe expectación sobre el término de este proceso para conocer la fecha definitiva del ingreso del proyecto sobre aborto legal y sus alcances. Orellana ha adelantado que ya se han iniciado conversaciones prelegislativas en torno a los plazos, en las que se han estado mirando, por ejemplo, la legislación de países como Alemania. “Eso es en torno a las 14 semanas, pero está en debate”, señaló.  

Desde Corporación Miles afirmaron que los datos sobre las casos judicializados son reveladores en el marco del debate sobre el aborto legal en el país. “Muestran cómo la criminalización perpetúa estigmas y refuerza desigualdades de género, al tiempo que evidencia la ineficacia del uso del sistema penal para abordar esta materia”, advirtió la abogada Javiera Canales. 

“La regulación de la objeción de conciencia y el avance hacia un sistema de plazos son procesos independientes, pero igualmente esenciales para remover las barreras estructurales que limitan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. (…) El compromiso político en estos temas es indispensable para garantizar los derechos humanos de manera integral”, agregó.