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Expulsan a 37 extranjeros de Chile: fueron enviados a Bolivia, Colombia y Ecuador
De estas, 21 expulsiones fueron administrativas por infracciones migratorias, y 16 judiciales por delitos graves como robo, tráfico de drogas y homicidio. Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, destacó que el nuevo Protocolo de Expulsiones busca “garantizar procesos más rápidos y efectivos”.
Este viernes 24 de enero se realizó el primer vuelo chárter del año destinado a la expulsión de 37 personas extranjeras desde Chile, quienes fueron enviadas a sus países de origen: Bolivia, Colombia y Ecuador. De este total, 21 expulsiones correspondieron a procesos administrativos dictados por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y 16 fueron judiciales, ordenadas por tribunales tras sentencias condenatorias.
Según se informó, las personas expulsadas judicialmente estaban condenadas por delitos graves, incluyendo robo con intimidación, robo con violencia, tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, receptación de vehículos motorizados y robo en lugar habitado. En el caso de las expulsiones administrativas, estas fueron aplicadas a personas que ingresaron al país por pasos no habilitados o cometieron infracciones graves a la normativa migratoria.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, subrayó los avances logrados para fortalecer los procesos de expulsión: “El reciente Protocolo de Expulsiones Administrativas, junto con medidas tecnológicas y normativas, nos permitirá cerrar brechas y garantizar que las expulsiones sean más rápidas y efectivas”.
Thayer también destacó que estas acciones forman parte de los objetivos de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, priorizando la expulsión de personas con antecedentes penales como una forma de contribuir a la seguridad pública. Además, indicó que el protocolo optimiza la coordinación entre instituciones y reduce los tiempos de tramitación.
Participación de la Policía de Investigaciones
La Prefecta Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, destacó la logística involucrada en este operativo, que contó con la participación de 43 oficiales policiales encargados de escoltar a las personas expulsadas durante el vuelo, considerando que muchas de ellas representaban un riesgo significativo por sus antecedentes penales.
En 2024, se materializó la expulsión de 1.100 personas extranjeras desde Chile, de las cuales 690 fueron expulsiones administrativas y 410 judiciales. Las 690 expulsiones administrativas marcaron la cifra más alta registrada en los últimos seis años, lo que refleja un aumento significativo en los procedimientos para abordar infracciones migratorias. Además, en lo que va de 2025, ya se han llevado a cabo 85 expulsiones en tan solo tres semanas, consolidando el compromiso de las autoridades por avanzar en la aplicación oportuna de las sanciones migratorias.
El SERMIG tiene como responsabilidad no solo dictar las expulsiones administrativas, sino también coordinar la logística, contratación de vuelos y financiamiento de los pasajes necesarios para materializar tanto las expulsiones administrativas como las judiciales ordenadas por tribunales. Estas acciones se realizan en estrecha colaboración con la Policía de Investigaciones, que se encarga de ubicar, detener y escoltar a las personas hasta que sean efectivamente trasladadas a sus países de origen.
Proyección y objetivos
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Migraciones y las instituciones de seguridad, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de los procedimientos migratorios como una herramienta clave para mantener la seguridad y el control de fronteras. Las acciones de expulsión, especialmente aquellas relacionadas con delitos graves, son una prioridad en el marco de la Política Nacional de Migración y Extranjería.
Luis Eduardo Thayer destacó que “hemos puesto especial énfasis en la expulsión de personas con antecedentes penales, alineándonos con los objetivos de la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Estas acciones reflejan nuestro compromiso como Gobierno por avanzar en seguridad”. El Protocolo de Expulsiones establece un enfoque más eficiente, priorizando los casos más críticos y permitiendo una mayor capacidad de respuesta ante situaciones que representen un peligro para la seguridad pública.
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