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Sin condenados termina causa por asesinato de seis dirigentes sindicales en 1973
De los dos autores identificados por los crímenes en la fábrica “Elecmetal” uno falleció y el otro es inimputable por su estado mental. Abogado dijo que se trata de un caso de “impunidad biológica”.
La Ministra en Visita Extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó fallo de primera instancia en el proceso que investiga el secuestro y homicidio calificado de seis trabajadores y dirigentes sindicales de la empresa de electrometalurgia denominada Elecmetal, en septiembre de 1973, en Santiago.
Durante la substanciación de la causa, el tribunal sobreseyó al excapitán de Carabineros Fernando Galvarino Valenzuela Romero, quien en diciembre de 2021 había sido acusado como autor de los homicidios calificados de las seis víctimas, y, también a Patricio Altamirano Ortúzar, civil, gerente de la empresa Elecmetal al momento de los hechos, quien también había sido acusado previamente como autor de los mismo secuestros calificados.
Dichas decisiones de sobreseimiento se deben, de acuerdo al fallo, al fallecimiento de Valenzuela Romero durante el proceso y, en el caso Altamirano Ortúzar, a su estado de enajenación mental, declarado judicialmente.
El abogado Francisco Ugás Tapia, jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados, quien representa a la familia de Augusto Andino Alcayaga Aldunate, una de las seis víctimas, señaló que “recibimos esta sentencia con sentimientos encontrados. Por un lado, valoramos que se haya dictado una sentencia definitiva de primer grado que resuelva este episodio, denominado ‘Elecmetal’, pero por otro lado nos embarga cierta decepción, porque aquí ha operado la impunidad biológica. Ello, toda vez que la muerte de Fernando Valenzuela y la enajenación mental de Patricio Altamirano nos han impedido tener justicia en el ámbito criminal”.
Ugás agregó que “tras 51 años de la ocurrencia de los hechos, y tras incoarse un proceso criminal en cuya investigación se pudo determinar la participación de ambos sujetos, nuestro deseo era afinar el caso con una sentencia condenatoria en este segmento penal, cuestión que no podrá ocurrir, precisamente, porque el tiempo transcurrido y el decurso de la vida de estos sujetos han obrado en perjuicio de la tan añorada Justicia”, puntualizó.
De esta manera, el caso termina sin responsables condenados por su participación criminal en la comisión de estos hechos, aunque la ministra sí acogió las acciones civiles presentadas por cinco de las seis víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por daño moral para sus familias.
Cabe mencionar que la familia de Augusto Andino Alcayaga Aldunate fue reparada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso “Órdenes Guerra y otros Vs. Chile”, en el cual fue patrocinada por mismo estudio jurídico, siendo hasta el momento el único caso chileno conocido y resuelto por dicho tribunal internacional en que, en materia de reparaciones por crímenes de lesa humanidad, se ha afirmado la inaplicación de la prescripción extintiva de la acción civil a este tipo de asuntos, constituyendo, este fallo, un logro de carácter continental para el mundo de los derechos humanos, sirviendo de precedente para toda la región.
El caso
De acuerdo con la investigación, el 17 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10 horas, en las dependencias de la empresa Elecmetal, ubicadas en Vicuña Mackenna 1550 (Ñuñoa) la formaba parte dl llamado “Cordón Industrial Vicuña Mackenna”, llegó al lugar una patrulla de la Cuarta Comisaría de Carabineros, al mando del entonces capitán Fernando Galvarino Valenzuela Romero, por un llamado de los ejecutivos de la empresa, los que sindicaron a seis trabajadores como exdirigentes sindicales que habían tenido un rol activo en la toma e intervención de la fábrica, en octubre de 1972.
Tras ello, los policías detuvieron al expresidente del sindicarto, Augusto Andino Alcayaga Aldunate, contador general de la empresa; junto a José Rosa Devia Devia, José Maldonado Fuentes, Miguel Alberto Fernández Cuevas, Juan Dagoberto Fernández Cuevas y Francisco Flores Flores.
Los detenidos fueron trasladados a la mencionada comisaría para luego, entre los días 17 y 18 de septiembre de 1973, ser hallados sus cuerpos en la vía pública, en avenida Macul con múltiples impactos de bala, algunos de ellos con sus extremidades mutiladas y presentando signos de haber sido torturados.
