Gobierno responde a aseguradoras de EE.UU. por reforma previsional: “Los afiliados no son de nadie”

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondieron a la carta enviada por el American Council of Life Insurers (ACLI) al Presidente Gabriel Boric, en la que los controladores estadounidenses de las AFP expresaron sus reparos a la reforma previsional.

El documento, firmado por David Chavern, presidente y CEO de ACLI, agrupa a tres compañías que operan en Chile: Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum) y Prudential Financial (AFP Habitat, en conjunto con ILC). En la misiva, la organización norteamericana expresó que la iniciativa “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio” y advirtió que la licitación bienal de afiliados constituiría una “expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile”. Además, sostuvieron que la propuesta viola la obligación de Chile de otorgar “un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses”, lo que, a su juicio, contravendría el derecho internacional.

Ante estos cuestionamientos, en la previa a la extensa sesión de esta jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra Jara aseguró en conversación con CNN Radio que el gobierno está analizando la carta y que la respuesta se resolverá “en su mérito”, pero enfatizó que “el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional”.

También te puede interesar:

La secretaria de Estado señaló que el Ejecutivo está enfocado en la tramitación de la reforma previsional y que cualquier cuestionamiento al contenido del proyecto será tratado en el Parlamento. “Yo creo que hay cambios importantes que se están promoviendo y sobre los temas más de fondo en relación a la carta, creo que va a haber la oportunidad para referirse a ellos. Pero lo que hoy día está concentrando el trabajo del gobierno es estar en la reforma. Y eso es lo que está pasando en el Congreso Nacional, debatiendo este proyecto de ley”, recalcó.

Uno de los puntos que generó mayor controversia en la misiva fue la acusación de que la licitación de afiliados implicaría una expropiación de inversiones. Jara desestimó esta afirmación y afirmó categóricamente que “los afiliados no son propiedad de nadie, son personas”, aclarando que el sistema de pensiones se basa en un modelo de ahorro obligatorio, por lo que si “el mercado no se ha regulado para tener una mayor eficiencia en términos de los costos que cobra a los afiliados, se toman ciertas medidas como la licitación de actuales afiliados”.

Además, defendió la legalidad de la propuesta del gobierno al señalar que “la propuesta que ha hecho el gobierno es consistente con lo que considera correcto, no solamente de fondo, sino que también dentro del marco legal”. No obstante, aseguró que el Ejecutivo está revisando los contenidos de la carta y dará una respuesta oficial en el momento adecuado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en medio de la sesión, también se refirió a la misiva y fue tajante en desmentir las acusaciones. “Esta carta proviene de una organización que representa a tres accionistas de tres AFP chilenas. De esas tres AFP chilenas, dos de ellas son las que cobran las mayores comisiones del mercado”, sostuvo.

Marcel explicó que la licitación de afiliados tiene como objetivo aumentar la competencia y reducir las comisiones cobradas a los usuarios, asegurando que “el propósito de estas licitaciones es elevar la competencia en el mercado de administración de fondos de pensiones, reduciendo las comisiones que pagan los usuarios sin sacrificar la rentabilidad de las inversiones”. Además, recordó que este mecanismo fue recomendado por la Comisión de Expertos convocada por el Senado y contó con el respaldo de especialistas de todo el espectro político.

Respecto a los temores sobre un posible impacto negativo en los fondos de pensiones, Marcel explicó que “las licitaciones se van a referir a un grupo acotado de cuentas activas, fijándose plazos adecuados para materializar los traspasos y autorizándose la transferencia de títulos sin necesidad de recurrir al mercado”. Descartó cualquier riesgo de que esto implique un impacto en los valores de los activos administrados. “Los activos que tienen esos afiliados, que corresponden a sus cuotas de ese fondo, que son bonos del gobierno, bonos de empresa, bonos de los mercados internacionales, etc., todos esos son activos que tienen un precio de mercado diario, que se comunica diariamente. Por lo tanto, no es necesario ir al mercado a volcar todos esos activos, venderlos por un lado y comprar por el otro. Se van a poder transferir directamente”, afirmó. “Por esa razón, lo que se señala en esta carta es incorrecto”, sentenció.

El ministro también hizo hincapié en que la reforma introduce disposiciones que garantizan la estabilidad del sistema. “No se menciona en esta carta que hay un conjunto de disposiciones dentro de este proyecto que buscan darle una mayor estabilidad a los fondos a través de los fondos generacionales. Ya expliqué la lógica que estos tienen, y aumentar el volumen de ahorros con el aumento de la tasa de cotización, el seguro de lagunas por cesantía, los incentivos de la cotización por independiente y voluntario, la cotización por terceros, etc. A través de todas estas medidas se espera que la reforma tenga efectos muy positivos sobre el volumen de ahorros y la profundidad del mercado de capitales”, explicó.

Finalmente, Marcel rechazó la acusación de que la licitación de afiliados constituye una expropiación y aclaró que “las administradoras no son propietarias de los afiliados. No son propietarias del sistema de pensiones, no son propietarias de los ahorros y mucho menos son propietarias de los afiliados”. Además, enfatizó que “no hay normas de protección de inversiones ni del derecho internacional que sean contrarias a la promoción de la competencia”, asegurando que el tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos resguarda las facultades regulatorias del Estado para introducir mayor competencia y transparencia en el mercado financiero.

En este sentido, Marcel destacó que la reforma no solo busca mejorar la competencia en el sistema, sino también permitir la entrada de nuevos actores, incluidos inversionistas extranjeros. “Los inversionistas extranjeros en todas las áreas de actividad de la economía son bienvenidos. Así como puede haber incumbentes que quisieran proteger su posición en el mercado, también hay otros que querrían entrar”, afirmó.

El ministro concluyó asegurando que “este es un proyecto cuyo foco es la competencia, beneficiar a los afiliados y mantener la libertad de elección”. Afirmó que “los planteamientos de esta carta carecen de fundamento” y que “los derechos constitucionales de los afiliados y de los inversionistas están debidamente resguardados”.