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Foto: Sename Chile
Corte acoge recurso de amparo presentado tras muerte de adolescente en dependencias de Sename
El joven falleció mientras se encontraba en la unidad de separación del CIP de San Joaquín. La Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Defensoría Regional Metropolitana Norte descubrió serias deficiencias en el recinto. Corte ordena mejorar infraestructura y atención de salud mental.
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN) en favor de los jóvenes que permanecen privados de libertad en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. La determinación se produjo luego de conocerse el caso de un adolescente de 17 años que se quitó la vida en esas dependencias.
Cabe mencionar que los CIP son administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores —hoy dependiente del Ministerio de Justicia—y vigilados por Gendarmería.
De acuerdo con el escrito presentado por la DRMN, se detectaron serias deficiencias en las condiciones de habitabilidad y seguridad en las dependencias de la unidad de separación. Este recinto tiene el objetivo de suspender el contacto de internos con el resto de los privados de libertad, para resguardo de su integridad.
El adolescente falleció el 9 de enero pasado. Se encontraba en internación provisoria desde mayo de 2024, formalizado por homicidio frustrado, y el día anterior a su muerte había sido ingresado a la citada unidad de separación al interior del CIP.
La DRMN había solicitado previamente una audiencia de cautela de garantías, “con la finalidad que se informaran los motivos por los que el adolescente se encontraba en casa de separación del grupo, cuánto tiempo estuvo sin supervisión, en qué circunstancias se habría producido el hecho y para determinar el estado de salud del mismo, dado que a esa hora solo se tenía información de su estado de gravedad”, según precisa el recurso, interpuesto por la Jefa de Estudios de la Defensoría Regional, Sandra Haro Colomé.
El 10 de enero, la defensora jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Patricia Cisternas, concurrió a la casa de separación de grupo, donde observó “la inexistencia de condiciones mínimas de seguridad que pudiesen evitar el suicidio de este adolescente: no hay cámaras de seguridad al interior de esta casa de segregación”, entre otras deficiencias, señala el escrito.
El recurso enfatiza que las condiciones en las que se encuentran los amparados vulneran “derechos fundamentales como la integridad física y psíquica de la persona, contraviniendo tanto la Constitución de nuestro país como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Vulneración de garantías
En su resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel corroboró “la existencia de vulneraciones a las garantías fundamentales que afectan a los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el CIP San Joaquín, dadas las deficiencias en las condiciones de infraestructura del lugar y la carencia de una atención de salud mental, por profesionales del área, suficiente y oportuna”.
De la misma manera, ordenó acciones que permitan verificar la implementación efectiva de las medidas que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de la casa de separación, ajustándolas a las normativas vigentes, “y disponer lo necesario para intensificar la atención de salud mental de todos los jóvenes internos”.
