El último crimen de prestamistas “Gota a Gota”: asesinaron a deudor en Collipulli

Un nuevo homicidio, cuyo origen estuvo en el cobro de una deuda originada en un préstamo “Gota a gota”, por parte de una organización criminal colombiana, quedó al descubierto luego de una investigación efectuada por personal del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Collipulli.

Los hechos sucedieron el 3 de enero pasado en una vivienda del pasaje Dulio Vallebuona de la población Santa Mónica de dicha comuna de la Provincia de Malleco. Hasta allí llegaron varios sujetos de origen colombiano en al menos un vehículo, quienes ingresaron violentamente a la casa de la víctima, un hombre de 33 años. A este le exigieron el pago de dineros que según ellos les adeudaba por un préstamo “Gota a gota”, golpeándolo, para luego percutar un disparo en contra suya y posteriormente se dieron a la fuga. 

El comandante Aldo Vittini Araya, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabinero Malleco, explicó lo ocurrido tras el hecho: “Alrededor de las 8 de la mañana, llega hasta el hospital de Collipulli una persona masculina adulta con un impacto balístico en su tórax. De acuerdo a la información que se maneja preliminarmente, esta persona había sido lesionada momentos antes, cuando hasta su domicilio llegan dos personas premunidas de armas de fuego, quienes luego de una discusión, le infieren esta herida en su zona toráxica. Lamentablemente, y pese a todos los esfuerzos realizados por personal médico, esta persona finalmente fallece en el hospital de Collipulli”.

La investigación quedó en manos del OS-9, que detuvo en Temuco, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), a tres ciudadanos colombianos, dos hombres y una mujer, que fueron sindicados como los responsables del homicidio. 

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo al respecto que “con los antecedentes que hemos logrado reunir hasta ahora, podemos dar cuenta de que se trata de una asociación de ciudadanos colombianos que estaban dedicados al préstamos de dinero con intereses usureros. En este contexto y ante la imposibilidad o la negativa de la víctima de cumplir con las obligaciones que había contraído con ellos, se termina produciendo el delito de homicidio en un ataque que se produce en el domicilio de la víctima”.

A su vez, el jefe de zona subrogante de Carabineros, general Cristián Mansilla, indicó que “además de la detención, se logró recuperar varias especies asociadas y que tienen interés en este hecho delictual”. Los tres detenidos fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Collipulli y quedaron en prisión preventiva, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva en su contra y fijándose un plazo de investigación de 90 días.

Préstamos asesinos

Este no es, sin embargo, el primer homicidio cometido por prestamistas colombianos en Chile. Como ha informado El Mostrador, existen varios casos semejantes, en diferentes regiones del país, que dan cuenta de que cuando las víctimas se atrasan en (o no pagan) los créditos “Gota a gota”, las organizaciones mafiosas comienzan con amenazas y “renegociaciones” que por lo general consisten en doblar el monto de lo adeudado, o es usual que cobren un interés superior al 20 %, por lo cual un préstamo de 100 mil pesos, pagaderos a 20 días, termina costando sobre 120 mil a la víctima, que siempre es alguien que no tiene acceso a la banca formal. 

Si esta no paga pronto, pasan a la violencia física cuando los morosos siguen en dicha condición. Eso fue lo que sucedió en 2022, por ejemplo, cuando dos sujetos fueron condenados a 18 años por el robo con homicidio que cometieron en contra de un feriante de la Vega central de Santiago, a quien dieron muerte tras quitarle un banano con tres millones de pesos, debido a que se había atrasado en el pago de un préstamo que había solicitado a una organización colombiana. 

En Coronel, en tanto, según antecedentes judiciales, un colombiano que ofrecía préstamos de ese tipo en las ferias libres y que frecuentemente amenazaba y golpeaba a sus “clientes”, fue mandado a asesinar por un grupo de estos, que contrató para dicho efecto a un sicario (un excarabinero). En 2023, en tanto, una mujer de 31 años de la comuna de María Pinto se suicidó, desesperada por los cobros y amenazas de que era objeto por parte de un grupo de colombianos.

La primera gran organización de este tipo que fue descubierta en el país operaba, de hecho, en la zona sur de Chile. Se trataba de un grupo de prestamistas que fue desbaratado por la PDI de Puerto Montt y que operaba desde Los Ángeles hasta Castro, actuando siempre con una extrema violencia.

Actualmente, la Fiscalía de Valparaíso cursa una investigación que fue formalizada en noviembre pasado respecto de 44 personas (43 colombianos y un chileno) que forman parte de una organización muy sofisticada llamada “La Empresa”, cuyos líderes están en Cali y que además opera en Uruguay y Panamá.

Según las estimaciones de la PDI, dicha “empresa” captó más de 6.700 millones de pesos en casi cuatro años de operaciones en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. De acuerdo con la indagatoria, hasta el momento las víctimas se cuentan por centenares y hasta la fecha también al menos cinco miembros de la misma organización han quedado en libertad por decisiones de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y del Juzgado de Garantía.

De hecho, la decisión tomada por el tribunal de alzada motivó la presentación de un recurso de queja en contra de la Segunda Sala, presidida por la ministra Silvana Donoso (la misma que dejó en libertad a Hugo Bustamante, “el asesino del tambor”), en el que se indica textualmente que “la estructura y propósito criminal orientada a obtener ganancias ilícitas por intereses usurarios cuenta con un aparataje destinado a hostigar y amenazar a los afectados si no cancelan o son obligados a repactar sus deudas una y otra vez. Ello implica que existe un riesgo eficaz de que los captadores y cobradores queden en libertad y puedan mostrarse ante sus víctimas generando miedo a declarar y cooperar con la justicia”.

De hecho, el mismo libelo señala que muchas de las víctimas se niegan a cooperar con la PDI. Tan manifiesta es esta situación, precisa el documento, que de un total de 30 víctimas contactadas en los días siguientes a las detenciones, tres de ellas negaron haber solicitado préstamos (pese a que existe evidencia en dicho sentido), nueve dieron cuenta de hostigamientos y cuatro, de amenazas. 

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