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Catalina Pérez no sale del foso y es desaforada en caso Democracia Viva PAÍS Créditos imagen: Agencia Uno

Catalina Pérez no sale del foso y es desaforada en caso Democracia Viva

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La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió que existen antecedentes suficientes para dar inicio a la causa contra la diputada. La defensa sostiene que el desafuero es una estrategia para imputarla y no para investigar, mientras que los querellantes reforzaron la idea de su participación.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez, lo que permite a la Fiscalía formalizarla por tres delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. Se le acusa de haber recomendado a su expareja, Daniel Andrade, para la adjudicación de convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva. Pérez se declara inocente y critica la medida, mientras la Fiscalía aclara que el desafuero solo busca formalizar la investigación. La lectura de sentencia quedó fijada para el 20 de febrero.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó de manera unánime la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA), en el marco de la investigación del caso Democracia Viva. Con esta decisión, la parlamentaria pierde su inmunidad, lo que permite a la Fiscalía formalizarla e imputarle cargos por tres delitos de fraude al fisco.

La audiencia, que comenzó a las 09:00 y se extendió hasta las 13:30 horas, contó con la participación del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también presentó una querella en contra de Pérez, acusándola de complicidad en el delito consumado de fraude al fisco reiterado.

“Teniendo en consideración el estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, que exige un estudio de probabilidad eventual de éxito de la persecución penal, y existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, como asimismo, la participación de la Diputada de la República, se ha acordado, de forma unánime con este tribunal, acceder a la solicitud de desafuero“, estableció el tribunal, el cual además anotó que, conforme al Código Procesal Penal, se declara “lugar a la formación de causa en contra de la diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco”.

El desafuero surge en el contexto del caso Democracia Viva, que investiga la adjudicación de tres convenios por un total de $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, expareja de Pérez.

Fiscalía sostiene que Pérez recomendó a Andrade para la firma de estos convenios, los cuales fueron aprobados por el entonces seremi Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la congresista.

En su defensa, Catalina Pérez ha insistido en su inocencia y ha criticado el desafuero, argumentando que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal“. Su abogado, Gonzalo Medina, sostuvo que la medida responde a una estrategia para imputarle cargos, no para investigar, pues la parlamentaria ya habría entregado todos los antecedentes.

Desde la Fiscalía, el fiscal Aguilar aclaró que “no estamos diciendo que la honorable diputada Catalina Pérez sea responsable de la comisión de un delito ni que debe ser condenada. Solo estamos diciendo que la Fiscalía le pide permiso a esta Ilustrísima Corte para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares“.

Los querellantes en la causa también reforzaron la existencia de antecedentes en su contra. El procurador fiscal de Antofagasta, Alfredo Larreta, señaló: “estamos convencidos de que tuvo participación como cómplice, al menos hasta ahora, en este estado primigenio de la investigación”.

“Claramente, la diputada Pérez sabía de la existencia de estos convenios y participó en ellos antes de que se suscribieran, durante su ejecución y después de su ejecución”, aseveró asimismo Toloza.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el jueves 20 de febrero a las 09:00 horas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

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