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Ministra Tohá hace cortafuegos tras críticas por tesis de reivindicaciones territoriales
“Nuestra invitación es a no hacer polémica con esto, respaldar el trabajo investigativo y a entender que esta enfermedad lamentablemente existe”, advirtió la titular de Interior, atendiendo a las críticas desde sectores afines al Gobierno y vinculados con La Araucanía.
La comuna de Alto Biobío, en la región homónima, se sumó pasado el mediodía a las zonas en monitoreo de alerta roja en el país por los incendios que afectan a la zona centro-sur. 13 brigadas de la Corporación Nacional Forestal más cinco helicópteros de combate se encuentra combatiendo el siniestro 610 – Trilila: a pesar de afectar sólo 0,1 hectáreas Conaf se mantiene en alerta.
“La comuna de Alto Biobío está en alerta roja porque tenemos un incendio que está cercano a un área silvestre protegida, a la Reserva Ralco, por lo tanto, por protocolo corresponde declarar una alerta roja”, señaló en conversación con La Tribuna el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, quien además alertó de que incendios en la zona cordillerana son particularmente complejos de combatir.
En tanto Molina, en la región del Maule, enfrenta la misma situación: el incendio en el sector de El Baúl abarca cinco hectáreas, lo que moviliza a cinco brigadas de Conaf, además de seis aeronaves y un camión aljibe. Y al igual que en Alto Biobío, las llamas amenazan el sitio prioritario de conservación cuenca media del Río Colorado.
En La Araucanía, por su parte continúa bajo Alerta Roja en su totalidad debido a los incendios forestales que han dejado un saldo de 31 personas damnificadas, 8 albergadas, 16 viviendas destruidas y 3 en evaluación de daños. Las comunas más afectadas son Purén, con 19 damnificados y 2 viviendas destruidas, y Galvarino, donde 5 personas perdieron sus hogares. Para atender a los afectados, se han habilitado 9 albergues en la región. Además, entre el 6 y el 12 de febrero, el Sistema de Alertas de Emergencia (SAE) ha emitido 113 mensajes a diversas comunas para advertir sobre el avance del fuego.
Actualmente, varios incendios siguen activos, destacando el de Quichaltué en Galvarino, con 4.678 hectáreas afectadas, y el de San José Chocombe en la misma comuna, que ha consumido 2.238 hectáreas. También se encuentran en combate incendios en Collipulli y Ercilla, donde el siniestro San Carlos afecta 717 hectáreas, y en Angol, con el incendio Lolenco que ha consumido 1.024 hectáreas. Otros, como Huitranlebu 9 en Purén y Santa Filomena 2 en Victoria, están bajo observación.
En la región la Alerta Roja se mantiene activa desde el 5 de febrero por instrucción del SENAPRED, en coordinación con CONAF y la Delegación Presidencial Regional.
El fuego amigo que mantiene en alerta a Carolina Tohá
“Es altamente probable en la zona (de La Araucanía) que al menos una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales (…) Lo espantoso es que estos incendios intencionales los inician cuando las condiciones son más propicias, porque saben que con facilidad se propagan”.
Las declaraciones del lunes de la ministra del Interior continúan provocando ronchas, en particular entre la arena política vinculada a la zona. A las críticas de ayer de las diputadas Ericka Ñanco (FA) y Emilia Nuyado (PS) y del gobernador René Saffirio (Ind. con apoyo oficialista), hoy se sumaron nuevas voces.
“La pregunta es si una ministra del Interior puede señalar culpables directamente. Una cosa es decir que los incendios son intencionales, lo que es obvio, pero otra muy distinta es adjudicar esa intencionalidad a un tema de reivindicación de tierras. Está acusando a un sector directamente”, acusó el senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC), quien acusó de “avanzar un paso más allá” a la ministra al realizar acusaciones sin evidencia, y en desmedro de las facultades del Poder Judicial.
Asimismo, advirtió que declaraciones de este tipo pueden afectar la credibilidad del Gobierno en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en la que él participa como copresidente. “Hay un proceso en marcha para buscar una salida al conflicto en La Araucanía. Si el propio Gobierno nos está achacando una responsabilidad, se pierde credibilidad”.
Sin embargo la propia aludida salió al paso, nuevamente, de las criticas durante la jornada. Tras dirigir en horas de la tarde la mesa técnica de Senapred, y en la que realizó un balance del estado de las llamas, Tohá realizó un cortafuegos de las críticas.
“Nuestra invitación es a no hacer polémica con esto, respaldar el trabajo investigativo y a entender que esta enfermedad lamentablemente existe, está muy difundida en distintos sectores de la sociedad, y lo que tenemos que hacer es actuar con fuerza ahí donde se presente quien sea el que está detrás de esa intencionalidad”, advirtió, al tiempo que también recordó que la tesis de reivindicaciones territoriales se encuentra fundamentada en los antecedentes de siniestros anteriores, revelados por investigaciones ordenadas por el Ministerio Público.
Las palabras de Tohá fueron respaldadas por el diputado Eric Aedo (DC), quien lideró la comisión investigadora del robo de madera.
“Cuando inicié la comisión investigadora del robo de madera, todo el mundo me trataba como si estuviese loco cuando planteé que se estaban ocupando las reivindicaciones de pueblos originarios como tapadera para un robo de madera ilegal que llegó a mover más de 100 millones de dólares al año”, sostuvo en radio Pauta.
Aedo afirmó que organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche han utilizado reivindicaciones territoriales para encubrir actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la venta ilegal de madera.
“Yo creo que detrás de estos incendios están estos mismos grupos. Lo que uno no puede decir es que las comunidades están detrás de los incendios, no. Lo que están son agrupaciones de carácter terrorista y delictual, que roban madera, que trafican drogas, que utilizan esas reivindicaciones simplemente para su actividad delictual”, enfatizó.
En la misma línea el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aseveró que, si bien no hay antecedentes que permitan vincular directamente los siniestros con organizaciones o personas en particular, sí es una de las líneas investigativas consideradas por el Ministerio Público.
“Es una característica dentro del accionar de estas organizaciones criminales que, cuando las acciones generan un repudio generalizado, intentan desmarcarse o desmentir su autoría, a pesar de que después se logre acreditar su participación”, señaló.
En este sentido, recalcó que la falta de una reivindicación explícita no es suficiente para descartar la tesis de la ministra. “El hecho de que no exista una reivindicación explícita no es un elemento suficiente como para descartarlo a priori”.