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Créditos imagen: Agencia Uno
Diputados solicitan al TC que declare inconstitucional reforma de pensiones
Los 38 diputados de oposición acusan que la reforma aprobada a finales de enero pasado “atenta directamente contra el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones”, junto con señalar que impondría “nuevas reglas sin consentimiento de las partes contratantes”.
El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, actúa como representante legal de la solicitud emitida al Tribunal Constitucional por 38 diputadas y diputados, en la que piden se emita una reserva de constitucionalidad respecto de la reforma de pensiones, aprobada el pasado 28 de enero en la Cámara de Diputados.
En el texto de 36 páginas el diputado ―en representación de “más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados”― acusa que el Congreso legisló “sobre materias que no son propias de reserva legal, por cuanto exceden aquellas que taxativamente le indica como parte de su competencia expresa el artículo 63 N° 4 de la Constitución Política de la República, afectando así aquello que constitucionalmente configura una materia de reserva personal“.
En esa línea los adherentes solicitan que la totalidad del proyecto sea impugnado por cuanto no estarían en conformidad con la Carta Fundamental.
Entre las consideraciones presentadas, los acusantes señalan que la reforma de pensiones “atenta directamente contra el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones”. Esto en la medida que restringiría la facultad de decisión y control sobre los mismos al eliminarse los actuales cinco multifondos, reemplazándolos por los fondos generacionales.
Aquello último alteraría “de forma unilateral los actuales contratos vigentes, y conteniendo un vicio de competencia del legislador, lo que ha llevado a los legisladores a actuar más allá de sus competencias establecidas en la Constitución Política de la República”.
En línea con lo anterior el proyecto impondría “nuevas reglas sin consentimiento de las partes contratantes, alterando la intangibilidad de los contratos”.
Aún más, los adherentes acusan que el límite de inversión en el extranjero delimitado en la reforma previsional ―de entre un 50 a un 80%― podría provocar un “alza relevante en el tipo de cambio, al
limitar que máximo se puede invertir en Chile por defecto, entre 20% a 50% de los fondos de pensiones implicaría que al menos 93.000 millones de dólares DEBAN (sic) ir hacia el extranjero, arriesgando que el tipo de cambio se deprecie a rangos de $1.300 por dólar”.
Los adherentes de la solicitud son Álvaro Carter (Ind.), Agustín Romero (Republicanos), Benjamín Moreno (Ind.), Bernardo Berger (RN), Camila Flores (RN), Catalina Del Real (RN), Chiara Barchiesi (Republicanos), Christian Matheson (Ind.), Cristián Araya (Republicanos), Cristián Labbé (UDI), Cristóbal Urruticoechea (Republicanos), Enrique Lee (Republicanos), Francesca Muñoz (PSC), Gaspar Rivas (Ind.), Gloria Naveillán (Ind.), Gonzalo De la Carrera (Ind.), Harry Jürgensen (Republicanos), Hotuiti Teao (Ind.), Jaime Araya (Ind.), Johannes Kaiser (Republicanos), Jorge Durán (RN), Jorge Rathgeb (RN), José Carlos Meza (Republicanos), Juan Irarrázaval (Republicanos), Leonidas Romero (Republicanos), Luis Sánchez (Republicanos), Mauro González (RN), Pamela Jiles (PH), René Alinco (Ind.), Roberto Arroyo (PSC), Renzo Trisotti (UDI), Sebastián Videla (Ind.), Sergio Bobadilla (UDI), Sofía Cid (RN), Stephan Schubert (Republicanos), Víctor Pino (Republicanos), Yovana Ahumada (Republicanos), Sara Concha (Republicanos).
