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Crédito: Agencia Uno
Las Condes y CDE se querellan contra empresa representada por Paul Capdeville por fallido Cesfam
“Como municipio también vamos a hacer lo nuestro: presentaremos también una querella. Quienes sean responsables van a tener que responder ante la ley”, afirmó la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sobre la denuncia por fraude al Fisco en el fallido proyecto del Cesfam.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, anunció que el municipio presentará una querella por el fallido proyecto del Cesfam, sumándose a la acción del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra cinco personas, entre ellas el extenista Paul Capdeville y tres exfuncionarios municipales.
La causa es por fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público, tras una pérdida fiscal de $15.200 millones, equivalentes a 400 mil UF.
“La denuncia que está hoy día en tribunales es precisamente la denuncia en la que se basa la querella del Consejo de Defensa del Estado”, afirmó San Martín, señalando que ella fue una de las concejalas que denunció la situación.
“Como municipio también vamos a hacer lo nuestro: presentaremos también una querella. Quienes sean responsables van a tener que responder ante la ley”, agregó. Además, aseguró que, pese a la polémica, “tenemos intención absolutamente de hacer un tercer Cesfam en la comuna de Las Condes. Dónde, cuándo y cómo se tendrá que ver oportunamente”.
Sobre Paul Capdeville, representante legal de Vulcon Asset Management SpA, la alcaldesa indicó: “Las responsabilidades penales que a él le quepan, las determinará la justicia”.
“La acción penal imputa el delito de fraude al Fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal, contra Ricardo Nicolás Gutiérrez Lafrentz, Alejandro Esteban Contreras Morales y Héctor Patricio Navarrete Aris, exfuncionarios municipales, así como a Travisany Santos y Paul Gerard Capdeville Castro, representantes legales de Vulcon Asset Management SpA”, indicó el CDE.
Vulcon se defiende
En un comunicado, Vulcon defendió su actuar: “Ante dichas instituciones hemos aportado toda la documentación que acredita que no hubo pago de sobreprecio alguno ni delito de fraude al fisco”, sostuvieron. Agregaron que la acusación “parte de un análisis errado de la operación inmobiliaria, probablemente por desconocimiento de la misma e intereses políticos”.
La empresa precisó que se trató de la venta de un paño inmobiliario compuesto por 10 inmuebles: “El precio de venta pactado fue de 68 UF por metro cuadrado promedio. Ese monto fue respetado íntegramente, y así se consignó expresamente en el informe de Contraloría”, recalcaron.
Vulcon también deslindó responsabilidades sobre eventuales faltas administrativas: “En relación con las irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, que sólo perjudicaron a mis representados, deberán responder los funcionarios que incurrieron en las mismas”.
Finalmente, la compañía valoró la querella del CDE como parte de sus atribuciones: “Confiamos en que la investigación del Ministerio Público esclarezca los hechos y demuestre que mis representados no han cometido delito alguno”.
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