Tocopilla y fallas en la implementación del modelo de transición energética

Tocopilla está ubicada en la costa del norte, en la Región de Antofagasta, y tiene una población de 25.186 habitantes, según el Censo del año 2017. “La madre del viento” está blindada por la cordillera de la costa que cae en forma de acantilados al mar del Pacífico. Es un lugar de aspecto gris en sus casas, calles y espacios públicos por el hollín: así se llama el polvo que dejó la combustión del carbón que usaron las termoeléctricas durante más de cien años. 

En 15 minutos se puede recorrer la ciudad de norte a sur, entre escasa vegetación, espacios culturales y un comercio básico. Su comunidad es a la vez amable, alegre, tímida, distante, sencilla y hoy multicultural. 

Es la ciudad del futbolista Alexis Sánchez; de Andrés Pérez, padre del teatro chileno, y de Alejandro Jodorowsky, padre de la psicomagia. También de mujeres, niños, niñas y jóvenes que configuran un collage entre cerros, mar, chimeneas, altos índices de cáncer, enfermedades respiratorias y esperanza. Es común escuchar que Tocopilla está abandonada, pero que “tiene algo pintoresco” que se podría emparentar con el poblado de Macondo de Cien años de soledad. 

La generación de energía a carbón la contaminó desde 1915 a 2022, pero la historia de sacrificio socioambiental data desde que el puerto pertenecía a Bolivia, cuando se extraía el guano, excremento de aves utilizado como fertilizante agrícola. Con la chilenización de Tocopilla, producto de la Guerra del Pacífico (1879-1883), llegó el tren en 1890 y se intensificaron las actividades portuarias asociadas a la minería. Luego aparecieron las pesqueras. 

En la actualidad continúa la exportación de nitratos de yodo, potasio y litio explotados por la empresa privada Sociedad Química Minera de Chile (SQM). En el futuro, probablemente, se verá el impacto de las desaladoras. Desde 2020 opera la planta de Aguas Antofagasta, que convierte el agua de mar en el agua potable de la ciudad, y desde 2023 se construye la desalinizadora que abastecerá a la minera estatal Codelco. 

Tocopilla es una de las ciudades más contaminadas del país, con una tasa de mortalidad de 6,6 por 1.000 habitantes, contra un promedio nacional de 5,7. Según el Informe de Desarrollo Social 2024, la tasa de pobreza por ingreso de la población, entre 2017 y 2022, se mantuvo en 10,4 (contra un promedio regional de 7,6) y la medida de pobreza multidimensional por hogares es deficiente, con un 80% en educación, salud, vivienda, entornos, trabajo y seguridad social.

Crédito: Tahina Muñoz

América Roja tiene 70 años y llegó a la ciudad para ejercer como enfermera durante 30 años en el Hospital Comunitario Marcos Macuada. A inicios de la década del 2000 atendía pacientes con partículas de carboncillo incrustadas en los ojos. Eso la llevó a participar en la creación del Comité Ambiental de Tocopilla, una organización comunitaria que denunció con protestas el uso del petcoke –un derivado del petróleo y del carbón en procesos industriales– que  deja residuos tóxicos y cancerígenos, a partir de las emisiones de níquel y vanadio.

En 2007, Tocopilla fue declarada zona saturada por material particulado respirable PM10, según estableció el Decreto Supremo N° 50 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, necesario para implementar un Plan de Descontaminación Atmosférica.

¿Transición Socioecológica Justa?

Crédito: Tahina Muñoz

Eduardo Varas tiene 34 años, es ingeniero mecánico en mantención industrial y trabaja hace diez años para la empresa generadora Engie, a través de la empresa Somarco. Se considera un trabajador del carbón, pero en realidad es un hijo de este. Vivió su infancia en La Colonia, una población ubicada entre las termoeléctricas que en los años 90 fue desmantelada por la expansión de las instalaciones. Estudió en la Escuela 4, ubicada donde después estaría la sala de cambio de la Engie. 

Varas vivió de primera mano el proceso que se inició en 2022, cuando comenzó la descarbonización en Tocopilla. El Estado llamó al proceso Plan Transición Socioecológica Justa (TSJ) y, a través de un documento publicado en diciembre de 2023, este destacaba “la reconversión productiva y medidas de abordaje social”. En este marco cerraron las unidades 12, 13, 14 y 15 de Engie y las unidades 1 y 2 AES Andes.

Carmen Galaz tiene 40 años, es tocopillana, profesora de Historia y compara “la historia de resistencia ligada al pueblo originario chango, reconocido en 2020, con la resistencia de la población tocopillana que siempre autogestiona participación y organización popular”. 

Para ella, el proceso de TSJ instaló un relato de participación irreal. Si bien agradeció a quienes participaron en las mesas de trabajo, dice que mayoritariamente eran militantes de partidos políticos o dirigentes y dirigentas con conflictos de intereses. “Por décadas la comunidad ha denunciado el daño, por lo que esos espacios se vuelven revictimizantes y además la mayoría de las y los tocopillanos no conoce lo que allí se acuerda”, dice. 

El 8 de marzo de 2024, el portal www.chaocarbon.cl alertó que la empresa AES Andes había decidido adelantar el cierre de las operaciones de sus unidades Norgener, programado para diciembre de ese año, quemando 94 mil toneladas de carbón en un mes.

Ante esto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía suspendió la presentación del Plan TSJ –que estaba fijada para el 19 de marzo– y ese mismo día el Consejo Regional Antofagasta del Colegio Médico de Chile emitió un comunicado, denunciando a la Comisión Nacional de Energía por autorizar la quema del carbón y poner en riesgo a la ciudad y sus habitantes.

Katherine Araya, de 45 años, profesora y artista local, fue una de las habitantes de Tocopilla que salió a protestar frente a la Delegación Presidencial. Señala que la respuesta que recibieron quienes se manifestaron fue que “la empresa cumplía la norma”. Para ella, “la autoridad cumplía su agenda”. 

Según Araya, no se respetó el Decreto 70, ya que el Estado no frenó la quema del carbón y la Superintendencia de Salud no midió el impacto de esa quema en la comunidad. 

Unas 20 personas se autoconvocaron el 26 de marzo de 2024 en la Plaza Carlos Condell y crearon la agrupación Tocopilla Digna. Allí interpelaron a la empresa, a las Seremis de Energía y Medio Ambiente, a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la delegada presidencial y al Presidente de la República, Gabriel Boric: “Es un total desprecio por la salud de población y la profundización del daño causado”, dijeron desde la organización.

La agrupación de Mujeres de Zonas de Sacrificio Quintero- Puchuncaví en Resistencia (MUZOSARE), Fundación Friedrich Ebert, FIMA, CEUS y AIDA, organizaron un encuentro de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Santiago de Chile, en el que participó la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Daniela Quintanilla.

Allí se le preguntó sobre las razones por las cuales el Estado había permitido la quema de miles de toneladas de carbón en plena TSJ en Tocopilla. El argumento que más sorprendió de su respuesta fue que “la pregunta no es concreta. Exige más profundización para que pueda decir A o B”. 

Así es la realidad de una zona de sacrificio. El 3 de mayo de 2024, en un acto discreto organizado por la Seremi de Energía, se presentó el Plan de la Transición Socioecológica Justa. La alcaldesa Ljubica Kurtovic enfatizó que “efectivamente las medidas se implementen a corto plazo y la ciudad no sea testigo de un proceso que se dilate”.  En el proceso de formulación de este participaron 120 personas de la sociedad civil, empresas e instituciones públicas.

El plan contiene ejes como energía, desarrollo productivo, medio ambiente y desarrollo social, y propone 134 medidas a ejecutarse en el corto plazo (2023-2025), el mediano plazo (2026-2029) y el largo plazo (2030-2033). De ellas, 39 se ejecutarían durante este Gobierno. 

El 4 de septiembre de 2024, nueve meses después de la publicación del Plan TSJ, el seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros, en un diálogo con la comunidad, informó que esta debía validar la priorización de medidas. Las y los asistentes criticaron la demora y la actividad terminó con la presentación de los fondos concursables para proyectos ambientales de este año. 

Maritza Pino, de 64 años, es presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Tocopilla y dice que “las mesas de trabajo sí sirven, pero cuando se cumplen los compromisos”. 

Para el lunes 20 de enero de 2025 se convocó a la cuarta sesión de la Mesa de Transición Socioecológica Justa de Tocopilla. La agenda incluyó la presentación de antecedentes y reglamento, el reporte de salud sobre las medidas priorizadas del Plan TSEJ y acerca de los pasivos ambientales con foco en retiro y reconversión de termoeléctricas a carbón.

Las nociones comunitarias de reparación 

Crédito: Tahina Muñoz

En los capítulos 1 y 2 del Plan TSJ se plantean sus principios y directrices. La definición internacional señala que un proceso de Transición Socioecológica Justa debe velar por los derechos humanos desde enfoques sistémicos. 

Diferentes compromisos suscritos por Chile –como el Acuerdo de París, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo de Escazú– establecen que “la meta de la transición es el equilibrio ecológico y el bienestar físico, mental y social de las personas”. 

Pero la realidad de Tocopilla muestra otra cara: un año después de la publicación del Plan TSJ, la comunidad no lo conoce, y menos todavía lo referido a su ejecución. Los cenizales que dejaron las termoeléctricas –residuos de carbón quemado con metales como arsénico, mercurio y plomo– siguen a metros de las poblaciones Tres Marías y Pacífico Norte, expuestos al viento y al desastre que podría provocar un aluvión. 

Sobre las infraestructuras contaminadas de las antiguas termoeléctricas se desconoce el destino, y ante la crisis habitacional del país y particularmente en Tocopilla, también se abren preguntas por el tratamiento y uso de ese suelo. A eso se suman los altos índices de cáncer en la Región de Antofagasta, Tocopilla, y la falta de un centro oncológico público en la ciudad. 

Crédito: Tahina Muñoz

Samantha Torres tiene 15 años y estudia en el Liceo Polivalente Domingo Latrille. Es peruana y forma parte de la multiculturalidad de Tocopilla. “No sabía de la TSJ, pero sí de la contaminación, que ya está normalizada en este lugar. Este proceso se puede mejorar”, comenta. Por su parte, la dirigenta vecinal Maritza Pino espera que “nuevas agrupaciones ambientalistas fiscalicen el Plan TSJ”.

Eduardo Varas, el joven trabajador del carbón, es parte de la demanda colectiva que su sindicato tiene contra Engie y el Estado. Consultado por la TSJ, responde: “No sé qué es eso, pero la cesantía y  el daño medioambiental son reales, las empresas podrían haber limpiado el hollín de la ciudad, haber hecho exámenes en toda la población tocopillana para medir los metales en nuestro cuerpo y retirado los cenizales. Reparación concreta y no solo algunos fondos para proyectos comunitarios”. 

La profesora Carmen Galaz va más allá y asegura que algo que partió mal no puede terminar bien. Por eso pide “respeto e información” sobre el anuncio de que Tocopilla fue presentada como ciudad hermana de Lawrence, Kansas, Estados Unidos, y se pregunta por los criterios para hermanar procesos. “¿Existe algún informe que pueda leer la comunidad o solo posteos y fotos en la prensa o redes sociales de la comitiva integrada por representantes de empresas, instituciones públicas y civiles elegidos para viajar?”, reflexiona. 

El cierre de las termoeléctricas en Tocopilla vuelve urgente que Chile pueda innovar y avanzar en los mecanismos para facilitar el acceso a la información, la incidencia comunitaria, por ejemplo, con un plebiscito comunal para aprobar o ajustar el Plan, sentido de eficiencia y urgencia en la ejecución de medidas levantadas.

La mirada más crítica de algunos habitantes de esta ciudad es que pudo haber sido un plan piloto ejemplar, si Chile pusiera en el centro de estos procesos la perspectiva de derechos humanos en función de la reparación de una zona de sacrificio.

*Esta historia fue producida en el marco del proyecto Narrar la TEJ, impulsado por las organizaciones de la Alianza Potencia Energética Latam.